Los defensores ambientales de la comunidad de Tres Marías, municipio de Yanacachi, se declaran en situación crítica, enfrentando persecución judicial, promovida por mineros auríferos.
La Paz, 14 diciembre (ANA).- A través de un manifiesto público, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y defensores ambientales de la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi, exigen cese inmediato a la persecución judicial, así como la liberación del productor de flores, César Condori, detenido en el penal de San Pedro a denuncia de una cooperativa minera.
“Los defensores ambientales de la comunidad de Tres Marías, municipio de Yanacachi, nos encontramos en una situación crítica, enfrentando persecución judicial promovida por mineros auríferos que, con el respaldo del Ministerio Público y el Órgano Judicial”, denuncia el manifiesto.
A simple denuncia del apoderado de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, Juan José Gómez Choque, la Fiscalía de Coroico en coordinación con la Policía aprehendió a César Condori, padre de familia y productor de flores de la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi de Sud Yungas. En audiencia de medidas cautelares se determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por los presuntos delitos de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.
Los pobladores de la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi, se identifican como cultivadores y productores de flores, agricultores y productores de miel, ya que aprovechan de manera sostenible la vocación de sus tierras.
“Pero los mineros han invadido nuestro territorio comunal destruyendo nuestras áreas de cultivo, fuentes de agua y abriendo caminos desde 2010, ocasionando deslizamientos que le ha costado la vida a nuestros familiares entre ellos niños”, dan cuenta desde el municipio de Sud Yungas.
Los comunarios denuncian que el día jueves 12 de diciembre, uno de los comunarios defensores de su territorio y el medioambiente, Cesar Condori, a simple denuncia de un representante de los mineros y sin la investigación objetiva e imparcial, ha sido detenido arbitrariamente y llevado a la cárcel de San Pedro, bajo los cargos de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”.
“Es un caso más de mundo al revés que promueve la justicia en Bolivia, donde las víctimas de avasallamiento aparecemos como verdugos; y los verdugos como víctimas. Y las autoridades de justicia nos han declarado prófugos a los demás defensores ambientales que estamos con orden de aprehensión”, señala el pronunciamiento.
De acuerdo a la orden de aprehensión a la que tuvo acceso ANA, también se encuentran en la lista: Isaac Catacora Mamani, secretario general de la comunidad Tres Marías, quien denunció de manera reiterada, el ingreso de cooperativas mineras auríferas que conformaron de manera ilegal y en menos de una semana la comunidad ficticia Ñekejahuira Cotapata, que en los hechos es un campamento minero.
Le siguen en la lista para ser aprehendidos: los comunarios Adrián Arenas Huayta, Mario Colque, Santos Oliva, Rodo Oliva, Héctor Cama y Hugo Apaza, este último, cooperativista que denuncia haber sido estafado por mineros de Salvadora Yerbani.
En contra de Lola Catacora también pesa una orden de aprehensión. Fue la mujer que con palo en mano se puso al frente de más de 30 mineros envalentonados a quienes les dijo que daría su vida por defender su comunidad. “De la flor vivimos, nos están dejando sin carretera”, les dijo durante la arremetida, tal como se muestra en un video.
La orden de aprehensión emitida por el fiscal de Materia del municipio de Coroico, Juan Chuyma Quispe, en contra de todos los mencionados “subsume” provisionalmente los delitos de lesiones graves y leves, avasallamiento en área minera y asociación delictuosa, previstos y sancionados en los artículos 271, 232 y 132 del Código Penal.
“A partir de 2022 venimos sufriendo procesos judiciales por estos mineros auríferos que nos difaman de ser avasalladores de sus áreas mineras, porque el 2013 el Estado, ilegalmente les ha concesionado áreas mineras sobre nuestro territorio colectivo comunal y privados de quienes habitamos estas tierras desde inicios de los años 80”, se lee en el manifiesto.
Las y los comunarios de Tres Marías denuncian que los mineros comenten constantes atropellos con el argumento de que cuentan con «derechos pre constituidos» y que no deben realizar consulta previa, libre e informada, según la nefasta Ley de Minería y Metalurgia 535 de 2014.
“Para perpetrar estos atropellos a nuestra comunidad, los mineros auríferos crearon una comunidad ficticia llamada Ñekejahuira Cotapata, utilizando arbitrariamente nuestros antecedentes agrarios de nuestro ex Fundo Pongo. Pero en realidad esa supuesta comunidad es un campamento minero, que sirve como depósito de maquinaria pesada para minería”, sostienen.
Precisamente son los mineros que se dicen comunarios de Ñekejahuira, quienes han iniciado una campaña de criminalización en contra de los verdaderos comunarios y defensores del medioambiente y el territorio de Tres Marías, dedicados a cultivar alimentos y producir miel que proveen a la ciudad de La Paz para su sustento.
“Lo grave es que estos abusos se comenten en complicidad con algunas autoridades, incluso de otro municipio, como la Alcaldesa de Coroico, asambleístas, concejales, policías, que les otorgan permisos para el ingreso de mineros que están devastando todas nuestras áreas de producción de flores”, señala el manifiesto.
Ante la defensa que asumieron las y comunarios de Tres Marías por la integridad de su territorio, sus fuentes de agua, el medioambiente, la cooperativa Salvadora Yerbani a través de su apoderado ha pedido órdenes de aprensión en contra de los productores, defensores y ex autoridades comunales.
La Contiocap y la comunidad Tres Marías también demandan investigación independiente sobre las irregularidades del Ministerio Público y el Órgano Judicial en este caso, así como la Verificación y acciones por parte de las autoridades del nivel Ejecutivo del Estado.
“La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Ministerio de Minería y Metalurgia, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, autoridades de Justicia, Defensor del Pueblo deben realizar acciones de verificación in situ y proceder conforme a sus atribuciones y competencias en la verificación e investigación de estos hechos, entre ellos las garantías de cumplimiento del debido proceso”, puntualiza el pronunciamiento.
La estrategia de penetración de las cooperativas mineras al municipio precolombino de Yanacachi ha sido frontal y ha empleado un esquema de articulación y acción rápida, basada en la movilización de gente, maquinaria, recursos y aliados estratégicos.
“Los defensores ambientales de la comunidad de Tres Marías, municipio de Al Estado en todos sus niveles, y al pueblo boliviano, pedimos fortalecer la lucha contra la minería ilegal, que representa un atentado no solo contra el medioambiente, sino también contra la soberanía del Estado”, señalan.
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