El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social alerta que, la nueva norma vuelve a vulnerar el régimen constitucional sobre la tierra y territorio, al promover la regionalización del debate agrario.
La Paz, 17 mayo (ANA).- A pesar de la abrogación de la Ley 1720, resultado de la movilización indígena y campesina de Pando y Beni, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) ve con preocupación que la nueva Ley 1731, al promover la regionalización del debate agrario, vuelve a vulnerar el régimen constitucional sobre la tierra y territorio, que constituye una atribución privativa del nivel central del Estado, por su carácter estratégico para el país.
“Alertamos sobre los riesgos de desarrollar una normativa agraria desde posiciones regionales que priorizan intereses corporativos sobre la tierra, profundizando la polarización política en torno a la problemática agraria nacional y debilitando las posibilidades de un diálogo democrático sobre la tierra y el territorio”, señala el CEJIS en un pronunciamiento público.
La 1731 que abroga la Ley 1720 fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 13 de mayo. La misma, otorga 60 días a la Asamblea Legislativa para elaborar una nueva normativa consensuada con sectores sociales y productivos del país.
En ese marco, CEJIS con 48 años de vida institucional, señala que el Estado a través de los poderes públicos debe respetar las garantías constitucionales que protegen la pequeña propiedad agraria y los territorios indígenas conforme a la Ley, la Constitución y los acuerdos y tratados internacionales.
“Vemos con preocupación que, en un Estado Constitucional de Derecho, actores del Órgano Legislativo y sectores cívicos de Santa Cruz estigmaticen la labor de la sociedad civil y restrinjan libertades fundamentales como el derecho a la libre asociación”, se lee en el documento.
En los últimos días, también el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo anunció auditorías e investigaciones rigurosas a organizaciones no gubernamentales (ONG), que según el Gobierno han financiado las marchas contra la Ley 1720 a través de una supuesta “desinformación”.
Ante semejantes declaraciones, CEJIS ha expresado su rechazo contundente: “Rechazamos las acusaciones infundadas de desestabilización política atribuidas a nuestra institución y ratificamos nuestro compromiso con la democracia, los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la defensa de la institucionalidad democrática del país”.
Al igual que otras organizaciones no gubernamental señaladas de estar detrás de las movilizaciones como el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Fundación Solón, Fundación Tierra, entre otras, CEJIS demanda al Gobierno nacional y a la institucionalidad de derechos humanos las garantías necesarias para el ejercicio de su labor.
“Reafirmamos nuestro rol como institución defensora de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, sin importar el gobierno en ejercicio (…). Solicitamos al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos medidas de protección para garantice nuestra labor y la integridad de las personas que trabajan en nuestra institución en los departamentos de Santa Cruz y Beni”, señala el pronunciamiento.
Desde 1992, el CEJIS acompaña jurídica, social y políticamente a organizaciones y territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia de manera técnica. En el marco de su compromiso con los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, participó en procesos fundamentales como la reforma constitucional de 1994, la Ley INRA 1715, la reconducción comunitaria de la reforma agraria de 2006 y la Constitución Política del Estado de 2009.
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