De los 31 casos, el 52% está asociado al sector minero; en segundo lugar, a la actividad hidrocarburífera con un 29% y en tercero al agronegocio y a la mercantilización de tierras con el 23%.
La Paz, 31 agosto (ANA).- Durante el primer cuatrimestre de 2026, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) ha registrado 31vulneraciones de derechos a un ambiente sano y de los pueblos indígenas, así como 20 ataques contra defensores ambientales.
El informe denominado: “Situación de los derechos a un medioambiente sano y de los pueblos indígenas” destaca que el primer cuatrimestre de 2026 estuvo marcado por movilizaciones de diversos sectores sociales que rechazaron el Decreto Supremo 5503, aprobado el 17 de diciembre de 2025, porque otorgaba amplios beneficios a los actores de las actividades extractivas. El conflicto fue superado con su abrogación, el 12 de enero de 2026.
Un escenario de similar controversia ocurrió con la Ley 1720 (antes proyecto de Ley 157) de conversión de la pequeña propiedad a mediana o empresarial.
“Con esta ley, se pretendía beneficiar los intereses del agronegocio a costa de la flexibilización de normas y salvaguardas de protección ambiental, del derecho a la consulta previa, libre e informada y, principalmente, de la eliminación de facto de las disposiciones constitucionales que aseguran la inembargabilidad de la pequeña propiedad”, señala el informe.
La Ley 1720 abría las puertas a la mercantilización de las tierras patrimoniales de los pequeños propietarios campesinos. Asimismo, analistas especializados advirtieron que la ley debilitaba la protección de la propiedad colectiva, como de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y de los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC).
El 10 de abril, en un evento de los empresarios del sector agroindustrial, la Ley 1720 fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz, pese a las observaciones fundamentadas de expertos en la temática agraria y el rechazo de las organizaciones indígenas y campesinas. La propuesta ya fue impulsada en 2023 por el expresidente Luis Arce, pero sin éxito; sin embargo, su acelerada aprobación en la actual legislatura respondió a los intereses de los líderes del agronegocio. Actores que consolidaron una importante presencia tanto en el gabinete del gobierno como en las directivas de las comisiones de la Asamblea Legislativa.
Otro suceso crítico que marcó este periodo fue el asesinato de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental. “Existen fuertes sospechas de que el crimen estuvo relacionado con las decisiones tomadas por el juez en defensa del medioambiente y de los derechos territoriales de las comunidades frente al avance de las actividades extractivas ilegales”, se advierte.
Este hecho según el CEDIB, sienta un precedente nefasto e intimidatorio contra cualquier iniciativa institucional de hacer justicia y representa un atentado contra el Estado de derecho. “Pese al llamado de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), para avanzar con urgencia en las investigaciones, hasta la fecha no se ha identificado a los responsables y el caso sigue en la impunidad”, cita.
También se menciona que el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, firmó un Memorando de Entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos, para asegurar la cadena de suministros y promover inversiones en este sector. A pesar de comprometer los recursos naturales que forman parte del patrimonio nacional, este acuerdo no fue remitido a la Asamblea Legislativa ni se ha facilitado el acceso público a su contenido.
“Preocupa que a nombre de la mal llamada transición energética, se cierne una amenaza de afectación directa sobre los territorios indígenas, las comunidades campesinas y los ecosistemas de vital importancia”, apunta el informe.
“La sistemática vulneración de los derechos ambientales y territoriales está acompañada de las decisiones del Gobierno que, al igual que los anteriores, pretende consolidar un modelo económico basado en los extractivismos. A esto se suma la falta de voluntad política para proteger a quienes están siendo afectados por estas actividades”, destaca dicho informe.
31 hechos identificados y registrados en el primer cuatrimestre
Entre enero a abril de 2026, se identificaron y registraron 31 hechos de vulneración de los derechos a un medioambiente sano y de los pueblos indígenas. A continuación, presentamos el detalle sistematizado de cada uno de ellos.
De los 31 casos, el 52% está asociado al sector minero; en segundo lugar, a la actividad hidrocarburífera con un 29% y en tercero al agronegocio y a la mercantilización de tierras con el 23%. Al comparar estos datos con reportes anteriores, se observa que la tendencia se mantiene: estos tres campos económicos se constituyen en el motor de las vulneraciones de los derechos que se monitorearon.
Los espacios más afectados son los territorios indígenas (48%), las áreas protegidas (39%), las tierras de las comunidades campesinas (29%) y los bosques nativos y primarios (13%), datos que confirman la tendencia de años anteriores. En correspondencia con esta distribución, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas se constituyen en las principales víctimas. Por ejemplo, en tierras bajas, los habitantes del Territorio Indígena Multiétnico TIM II testificaron sobre las graves afectaciones a su salud, tierras productivas y bosques debido a la contaminación con mercurio provocada por la Cooperativa Minera Aurífera Asobal Madre de Dios R.L. en el río Madre de Dios.
Sectores económicos asociados a la vulneración de los derechos a un medioambiente sano y de los pueblos indígenas, de enero a abril de 2026
| Sector económico | Cantidad | % (*) |
| Minería | 16 | 52 |
| Hidrocarburos | 9 | 29 |
| Agronegocio, monocultivos y carne de exportación | 4 | 13 |
| Mercantilización de tierras | 3 | 10 |
| Infraestructuras | 1 | 3 |
| Narcotráfico | 1 | 3 |
| Mercantilización del agua | 1 | 3 |
(*) La suma da más que 100%, porque un mismo caso involucra a varios sectores.
Ataques a defensores
Durante el primer cuatrimestre de 2026, el CEDIB registró 20 ataques contra las y los defensores ambientales, cifra que supera en seis casos al mismo periodo de 2025 (14) y en cinco al de 2024 (15). Respecto a los sectores económicos asociados a estas agresiones, sobresalen el hidrocarburífero con un 55% y el agronegocio y la mercantilización de tierras con un 40%. En el ámbito hidrocarburífero destaca el conflicto en Tariquía por los proyectos de exploración gasífera en la zona de Chiquiacá (11 hechos). En el sector del agronegocio, el eje de la conflictividad se centró en el rechazo a la Ley 1720 con 7 casos, en los cuales las víctimas fueron las ONG especializadas en la temática agraria y ambiental (4 hechos) y las organizaciones indígenas que marcharon desde Pando hacia La Paz (3 hechos).
“Estos datos son coherentes con la orientación de la política económica de la administración de Rodrigo Paz, así como con la notable presencia de líderes del agronegocio en ministerios clave del Órgano Ejecutivo y en las directivas de las comisiones parlamentarias ambiental y agraria”, observa el informe.
Sectores económicos asociados a la vulneración de los derechos de los defensores ambientales, de enero a abril de 2026
| Sector económico asociado al ataque | Cantidad | % |
| Hidrocarburífero | 11 | 55 |
| Agronegocio y mercantilización de tierras | 8 | 40 |
| Minería | 1 | 5 |
