“Así como ahora se ven en las noticias cuando alguien denuncia, la minería tiene un movimiento económico alto y cuando te metes con ellos, fácilmente hasta la justicia se corrompe, hasta nuestros propios hermanos dirigentes», afirma.
Por: Vladimir Ledezma Maldonado
La Paz, 7 marzo (ANA).- A Richard Quispe, dirigente de la comunidad Matilde en el municipio de Carabuco del departamento de La Paz lo han denunciado tres cooperativas mineras, por el presunto «robo de minerales» y hasta pesa en su contra una orden de aprehensión, luego que denunciara que mineros y autoridades procedieron a realizar ilegalidades y graves atentados contra el medioambiente y el derecho de los pueblos a ser consultados para operar en su territorio.
El dirigente de la Subcentral de la Primera Sección, de la comunidad Matilde, donde se encuentran yacimientos mineros y al menos tres cooperativas: San Vicente, Rincón Saya y Pasto Pampa, atestiguó que gente desconocida y cooperativistas, realizaron perforaciones en sitios de cultivos y vertientes de agua.
“Porque nosotros como comunarios veíamos a algunas personas desconocidas o cooperativistas, empezaban a perforar en cualquier lugar donde teníamos nuestras vertientes de agua o cultivos, ya sacaban huellas de caminos por donde quieran, entonces cuando nosotros nos acercábamos (a preguntar) decían: «no, nosotros somos mineros, vamos a trabajar», observó Quispe.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, quien participará este viernes 7 de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, manifestó que ello se profundizó en el país mediante el ejercicio sistemático de la persecución judicial en el sistema penal a quienes optan por la defensa de los DDHH, la naturaleza, las áreas protegidas, los pueblos indígenas y sus territorios, frente al avance del extractivismo, en una extensa entrevista bajo el título Defensor del Pueblo: “Procesos penales a defensores ambientales contravienen convenciones internacionales”.
Evasivas y un largo peregrinaje entre instituciones gubernamentales
De acuerdo a las versiones del dirigente las operaciones mineras en la zona no cuentan con los requisitos que exige la ley, como el estudio de impacto ambiental y la consulta previa, libre e informada que debe realizarse a los comunarios del territorio que pretende ser explotado. «Entonces qué es lo que pasa: nosotros nos sentimos un poco confundidos porque nunca nos han consultado, nunca nos han preguntado, nunca nos han dicho de qué viene este plan de la minería”, dijo.
Frente a esas irregularidades, el titular de la Subcentral de la Primera Sección realizó las averiguaciones y los trámites respectivos en la sede de gobierno, acudiendo a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) e incluso a la Gobernación de La Paz.
Sin embargo, las referidas instituciones no dieron ninguna respuesta y de acuerdo a Quispe, en ello ya se está más de un año, inclusive se tuvo que acudir ante la Defensoría del Pueblo haciendo conocer las aspiraciones de que se realice justicia con respecto a los comunarios y su territorio, frente al avance de la minería y toda la depredación que allí causa.
Otro detalle que llama la atención es que la comunidad Matilde, de la cual es dirigente el comunario consultado por ANA, pese a que la cooperativa “Matilde” estuvo aportando con las regalías correspondientes al sector de acuerdo a informaciones y un extracto recabado en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) -siempre de acuerdo al entrevistado- dichas regalías llegaban al municipio de Carabuco, pero nada a la comunidad.
Al respecto, Richard también acudió a la alcaldía de Carabuco, donde abundaron en evasivas y no le dieron una respuesta concreta, pues inclusive el representante habría planteado proyectos de desarrollo tales como la instalación de agua de riego o la construcción de establos para el ganado que en el lugar debe subsistir a muy bajas temperaturas, especialmente cuando llueve. En las minas de la zona explotan plata, plomo y zinc.
Proceso por “robo de minerales”
Es necesario recordar que en un artículo anterior de esta agencia periodística, se hizo referencia a que las aguas de mina (copajira) con toda la contaminación que conllevan, desembocaban en la cuenca del río Ichalaya, el cual nace aproximadamente a la altura de las bocaminas de Mina Matilde, para continuar bajando y terminar vertiendo el líquido kilómetros más abajo, nada menos que en el mismo lago Titicaca (Inspección técnico-ambiental verificó contaminación de aguas por minería en Carabuco, ANA, 28/02/25).
Como una consecuencia de las investigaciones efectuadas por el comunario carabuqueño, este indica que representantes de los cooperativistas mineros del lugar, al advertir ello, le ofrecieron ser socio de una de las cooperativas, a él o a sus familiares, inclusive, en una segunda instancia, le habrían ofrecido un monto económico, pero como rechazó todo ello, entonces se le abrieron un proceso “por robo de minerales” que él considera una completa calumnia.
“Acostumbraron durante 36 años a cooptar dirigentes, aquel dirigente que tenía conocimiento, empezaba a denunciar, empezaba a molestar, le captaban: «no, no me denuncies, nada, ya éntrate socio, o si no quieres ser socio, alguien de tu familia, tu hijo, tu sobrino que se entre, te vamos a dar dinero», y siempre han dominado así y por eso es que hasta ahora han estado contaminando, avasallando”, puntualizó Quispe. (VLM)
