Los contratos no incluirían de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y la sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y otros.
La Paz, 27 mayo ANA).- Una acción popular presentada por 53 comunidades de Nor Lípez del departamento de Potosí, ha determinado que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no puede tratar los proyectos de ley referentes a los contratos para explotación de litio en el salar de Uyuni con la empresas china CBC Investment Limited y Uranium One Group de Rusia desde este 27 de mayo hasta la audiencia a efectuarse en la ALP el 5 de junio.
Las comunidades aglutinadas en la Central Única Interprovincial de Nor Lípez solicitaron que se cumpla la consulta previa a las instancias afectadas, en este caso los comunarios del área que, en caso de llevarse adelante los contratos para explotar litio, ven seriamente amenazadas las fuentes hídricas de las que se abastecen tanto para su consumo como para la agricultura y la ganadería.
Es una primera victoria
“Es una primera victoria que prácticamente esperemos que se consolide este jueves 5 de junio, en consecuencia, se deben consolidar nuestros derechos de consulta previa, respeto al medioambiente y principalmente respeto al derecho fundamental y fundamentalísimo al agua”, fue una primera impresión de Gustavo López, parte accionante de la Acción Popular.
La consulta previa, libre e informada se encuentra reconocida en el artículo 403 de la Constitución Política del Estado y es un derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que se traduce en una obligación del Estado llevarla adelante. También se encuentra adscrito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Contratos sobre litio no consideran consulta previa ni consecuencias del consumo de agua, ANA Bolivia, 06/02/25).
Por consecuencia la consulta previa es definida como “un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada…”.
Ni siquiera decisiones administrativas
Al respecto las dos disposiciones emitidas por el juez Edson Villaroel para detener la tramitación en el legislativo, de los proyectos de ley que aprueban los contratos con CBC y Uranium One Group rezan literalmente:
1. Se suspende de inmediato el tratamiento legislativo de los Proyectos de Ley N° 170/2024-2025 y N° 197/2024-2025 que pretendían aprobar los contratos con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) en cualquier instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2. YLB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberán abstenerse de ejecutar obras o tomar decisiones administrativas sobre contratos esos hasta que se respeten los derechos humanos, ambientales y de la Naturaleza, y se resuelva el fondo de la demanda. /ANA/
