La Contiocap y la CPILAP salieron en defensa de los territorios indígenas y sus derechos. Denunciaron la intención del sector cooperativista de hacerse de 125 mil hectáreas fiscales.
La Paz, 6 de noviembre (ANA).– Miles de mineros auríferos cooperativistas marcharon al paso de dinamitazos en la sede de Gobierno para exigir un pliego de nueve puntos. Demandaron la anulación de una resolución de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que prohíbe más autorizaciones de explotación del oro en Áreas Protegidas (AP), un impuesto único a la exportación del metal, entre otros pedidos. No conformes con bloquear varios puntos de la ciudad tomaron el edificio del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Al otro lado de la vereda, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) salieron en defensa de sus derechos y de sus territorios, todo ante la mirada indolente del Gobierno que no evitó a través de la Policía, frenar los excesos y delitos cometidos por los mineros auríferos.
Bajo el denominativo “Marcha por la soberanía y la reivindicación histórica de las cooperativas mineras”, centenares de cooperativistas protagonizaron marchas y bloqueos de varios puntos de la ciudad, así como la toma de instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que atraviesa el debilitamiento institucional promovido desde el Gobierno.
En su pliego, los cooperativistas demandaron “seguridad jurídica para las cooperativas” frente a lo que llaman “avasallamientos a sus áreas mineras” y exigen que los derechos mineros no sean afectados por las acciones populares y la suspensión de los trámites por la AJAM y la emisión del Certificación de Trámite de Contrato Administrativo Minero (CETCAM) a favor de las cooperativas.
Sobre el punto, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) cuestionó que los mineros pidan seguridad jurídica, lucha contra los avasallamientos, cuando son quienes avasallan territorios indígenas, además de pedir respeto a sus actividades, cuestionando las acciones populares legales que ha presentado la sociedad civil para proteger derechos.
“Resulta paradójico que pidan seguridad jurídica, mientras vulneran la Constitución Política del Estado, los Convenios Internacionales y las leyes, porque en los últimos 17 años los únicos que no tenemos seguridad jurídica somos los pueblos indígenas, las Áreas Protegidas y la Madre Tierra, mientras ellos, los mineros, quieren apropiarse y destruirlo todo. Y encima nuestra defensa de derechos pretende ser criminalizada como avasallamiento”, afirmó Ruth Alípaz.
Otro de los puntos que plantean los mineros cooperativistas es la anulación de la resolución administrativa AJAM DJU/RES/RES/ADM/06/2023 de 24 de julio de 2023 emitida por la AJAM para las áreas protegidas, otorgar vigencia y validez a los Certificados de Compatibilidad y Uso de Suelos (CCU) emitidos institucionalmente por el Sernap.
“Los mineros auríferos piden que los Certificados de Compatibilidad Únicos CCU´s, que les fueron otorgados por el Sernap tengan vigencia y validez para que puedan hacer minería en Áreas Protegidas. Es decir, que el Sernap convertido en brazo operativo para el sector minero, otorga autorizaciones, cuando es una instancia que debería, más bien, impedir el ingreso de actividades extractivas a las Áreas Protegidas”, lamentó la líder indígena.
Advirtió que las cooperativas auríferas que exigen que sus contratos mineros sean aprobados por la Asamblea Legislativa y por la AJAM, y que además la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) incremente 5.000 cuadrículas de áreas mineras, lo que equivale a 125 mil hectáreas sobre lo que ya han destruido.
“Es menester mencionar que la cooperación internacional (Alemania), está apoyando a través de un convenio entre una ONG internacional y el Sernap con un financiamiento de 15 millones de dólares por 15 años, para reducir los impactos de actividades extractivas particularmente en el Parque Nacional Madidi, pero los mineros exigen que las certificaciones otorgadas por el Sernap les permita hacer minería aurífera en Áreas Protegidas”, denunció.
Acciones populares en defensa de las áreas protegidas
El presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver, advirtió que las movilizaciones del sector minero aurífero responden a intereses políticos con la intención de perjudicar la gestión del presidente Luis Arce.
Recordó que esta organización logró en instancias judiciales la tutela a la acción popular presentada para frenar actividades mineras auríferas en varios ríos de la Amazonía, debido a las múltiples afectaciones, no solo en el medioambiente, sino también sobre la salud de las personas.
“El país está atravesando una tremenda crisis climática por los incendios, las deforestaciones (…). De llegar a conclusiones que afecten a los territorios indígenas inmediatamente la CPILAP convocará a los pueblos para evaluar acciones de rechazo y movilizaciones”, afirmó.
Alípaz dijo que mientras el sector aurífero puedo trasladar miles de mineros hasta la sede de Gobierno, los pueblos indígenas resisten desde sus territorios este avance minero.
Desde el Sernap, funcionarias denunciaron que los cooperativistas no las dejaron salir de las oficinas y que en la toma dos mujeres resultaron heridas. «Estamos temiendo por nuestras vidas, han empezado a sacar las rejas, a lanzar botellas por las ventanas», denunció una de las afectadas.
ANA
