En el municipio de San Buenaventura se encuentra el pueblo Ese ejjas, uno de los más impactados por el mercurio, empleado en la minería del oro.
Por: Daniela Vidal/Fundación Solón
La Paz, 13 octubre (ANA).- El sábado 10 de octubre, en la localidad de Tumupasa, sede del pueblo Tacana, el Concejo Municipal en pleno y el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura promulgaron la Ley N°177/2026, de “Declaratoria del Municipio de San Buenaventura como municipio Ecoturístico, Biodiverso y de Desarrollo Productivo Sostenible Libre de Actividad y Contaminación Minera”. Esta iniciativa representa un hito muy importante y se inscribe en un proceso más amplio de defensa territorial frente al avance de los intereses mineros auríferos en la Amazonía boliviana.
El objetivo de la declaratoria de municipio libre de minería es que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), restrinja el territorio del municipio para las actividades mineras y que se suspenda todo trámite de otorgación de derechos mineros en el municipio para preservar su vocación de “municipio Ecoturístico, Biodiverso y de Desarrollo Productivo Sostenible”. El municipio no tiene entre sus facultades otorgar, suspender, o revocar derechos mineros, pero si está totalmente facultado a preservar el medio ambiente, velar por sus fuentes de agua y garantizar su vocación productiva sostenible. San Buenaventura es un municipio con alto potencial ecoturístico que puede ser absolutamente destruido si se permite la expansión de la minería.
El próximo paso del gobierno autónomo municipal y las organizaciones territoriales indígenas es hacer llegar a la AJAM la ley municipal aprobada junto al plano georeferenciado del municipio para que esta autoridad minera proceda a suspender todo trámite de derechos mineros en el municipio, tal como lo hizo en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni.
La declaratoria de municipio libre de minería fortalece un accionar que está creciendo cada vez mas en el norte de La Paz frente al avance de la minería. Para comprender su alcance, veamos algunos antecedentes.
En agosto de 2024, en la localidad de Villa Unificada, las autoridades municipales de Palos Blancos y Alto Beni, junto con las dirigencias sindicales y cientos de productores cacaoteros de comunidades interculturales e indígenas mosetenes, manifestaron al entonces vicepresidente, David Choquehuanca, su férrea determinación de defender sus leyes municipales mediante las cuales ambos municipios se declararon libres de actividad y contaminación minera para proteger su vocación productiva agrícola. La movilización se produjo en medio de un conflicto con la segunda autoridad del país por una acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley municipal de Alto Beni.
Entre mayo y septiembre de 2025 los territorios indígenas Mosetén, Pilón Lajas y Tacana I se declararon libres de actividad minera en el marco de sus derechos territoriales y ambientales y demandaron a los municipios con los que están sobrepuestos unir esfuerzos en la defensa de los medios de vida locales, a través de la promulgación de leyes municipales.
En septiembre de 2025, autoridades originarias y comunarios del municipio de Viacha tomaron las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal, para exigir al Concejo y al alcalde la promulgación de una Ley que declarara al municipio libre de minería. La demanda respondía a la contaminación de las fuentes de agua con desechos químicos provenientes de la minería y que afectaba a las actividades productivas de los pobladores.
Estos casos, aunque se encuentran en diferentes contextos, comparten un mismo trasfondo: la amenaza que representa el avance de la actividad minera descontrolada, principalmente aurífera, para las fuentes de agua, los sistemas de vida y las actividades productivas locales. Frente a ella, las poblaciones han recurrido a la elaboración de leyes municipales como una herramienta para expresar su posicionamiento político y defender sus territorios.
En estas iniciativas, hay que resaltar la unificación de esfuerzos entre las organizaciones sociales y productivas con sus autoridades ediles. En los casos mencionados, la oposición a la expansión minera se gestó principalmente desde los sectores sociales y productivos de cada municipio que, previamente, manifestaron su rechazo a la expansión minera mediante sus propios mecanismos de deliberación y decisión, como son las asambleas y votos resolutivos. Varias de estas resoluciones orgánicas fueron remitidos a la AJAM, sin que las organizaciones indígenas recibieran una respuesta de la Autoridad Minera que restrinja de manera definitiva y permanente la otorgación de derechos mineros en todo su territorio.
En varias oportunidades, el malestar provocado por las incursiones de la minera ha provocado enfrentamientos. Solo por mencionar algunos casos, en 2017, los habitantes de Palos Blancos y Alto Beni se organizaron para desalojar del río Alto Beni una draga operada por ciudadanos chinos y bolivianos. En 2019, pobladores de Rurrenabaque y San Buenaventura se organizaron para desalojar una draga operada por ciudadanos colombianos que pretendía asentarse en el río Beni. En 2025 un hecho similar movilizó al pueblo Mosetén que desalojó por la fuerza a un minero ilegal. Más recientemente, en agosto de este año, la población organizada del municipio de La Asunta destruyó un campamento y maquinaria utilizados por una empresa China para realizar minería ilegal sobre el río Boopi. Y, justo en estos días pasados, comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II en el departamento de Pando, frontera con el municipio de Riberalta, iniciaron una acción de desalojo de las balsas mineras sobre el río Madre de Dios.
Las leyes de declaratoria de municipios libres de minería, en tanto sean acatadas por la AJAM, permitirán que no se otorguen nuevos derechos mineros legales en esos municipios, y facilitará la lucha contra la minería ilegal pues dejará en claro que en esos territorios y ríos no puede haber actividad minera.
Con la promulgación de la Ley N°177/2026, el gobierno municipal de San Buenaventura se suma a las iniciativas municipales de Palos Blancos y Alto Beni y alienta a que otros municipios como Caranavi, Coroico, La Asunta sigan por ese camino.
Una vez que el Gobierno Municipal de San Buenaventura presente su ley a la AJAM y formalice su demanda de suspensión de todo trámite minero, la Autoridad Minera deberá respetar dicha determinación en resguardo de la vocación Ecoturística, Biodiversa y de Desarrollo Productivo Sostenible Libre de Actividad y Contaminación Minera de dicho municipio.
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