Además de consumir peces y productos agrícolas contaminados con mercurio, las comunidades de las cuencas de los ríos se debilitan cada vez más por causa de la explotación minera pese a que la misma CPE exige respeto a los territorios indígenas.
La Paz, 6 mayo (ANA).- Uno de los principales dirigentes de la marcha indígena campesina proveniente de los departamentos de Pando y Beni , que se encuentra en la ciudad de La Paz denunció que en diferentes sectores del norte amazónico se ha evidenciado que la minería procede a derrumbar chacos cercanos a los ríos a objeto de explotar oro, acción denominada como “pistoletazo”.
Uno de los doce puntos del pliego petitorio entregado en oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de dicha movilización, señala textualmente: “Respeto a los derechos indígenas y campesinos en el nuevo paquete de normas, leyes y decretos: Ley de Minería, Ley de Hidrocarburos y Ley de Inversiones”.
“Todo ello afecta además a nuestros cultivos. Mediante la minería hay los supuestos ‘pistolazos’ que le llaman para el derrumbe, para poder sacar el oro, es ahí donde se va embarrancando y también muchos chacos han sido tumbados por este tema que llaman ‘el pistolazo’, describió Óscar Cardozo, secretario ejecutivo de la subcentral campesina Bella Flor del territorio ubicada en el norte de Pando.
La intervención se produjo en el marco de un foro denominado “La Ley 1720: ¿Hacia una contrarreforma agraria en Bolivia?, realizado en espacios de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés y que congregó a representantes de la marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas Originario Campesinos, además de estudiantes, docentes e investigadores de esa casa superior de estudios.
Respeto a la CPE y a las leyes como del Medio Ambiente y la Madre Tierra
El segundo punto del referido pliego establece: “Respeto a los territorios indígena originario campesinos como indica la Constitución (Constitución Política del Estado CPE)”, en tanto que el punto cuarto también enfatiza en el respeto a la CPE “aprobada por el pueblo boliviano en 2009”.
“Efectivamente, se ha detectado la presencia de minería en nuestros territorios, muchas de ellas legales y miles ilegales, lo cual, dentro del departamento de Pando, se han presentado demandas algunas escuchadas, otras no, porque mientras más se denuncia, más minería ilegal aparece”, señaló.
Inclusive la ley 300 de la Madre Tierra (2012), entre otras, reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, exigiendo armonía, regeneración y prevalencia del bien común. No obstante, la ley N° 535 de Minería y Metalurgia (2014) orientada a regular la actividad extractiva, generaría tensión si permite la minería incluso en áreas protegidas y cabeceras de cuenca.
“Nuestras aguas que son aguas dulces y que la utilizamos de los ríos, están contaminadas, pero no se acuerdan de las corrientes de abajo (subsuelo) por eso es que digo, faltan estudios, yo quisiera llamar a las universidades, que empiecen a funcionar los departamentos de análisis e investigación y que empiecen a enseñar y dar esa información correcta a nuestros jóvenes”, subrayó Cardozo.
El pliego de la marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas Originario Campesinos además de la abrogación de la Ley 1720 que pretende la conversión de la pequeña propiedad agraria que es inembargable a mediana propiedad para que sea sujeta a créditos bancarios solicita la promulgación de la Ley de Bosques y otros sistemas de vida, así como la paralización del tratamiento del proyecto de Ley 006/25 que promueve los mercados de carbono.
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