La presencia de estas organizaciones conformadas por municipios, comunarios y otras instituciones subnacionales juega un rol clave en la fiscalización al manejo de esos espacios de conservación.
La Paz, 22 diciembre (ANA).- Los comités de gestión de áreas protegidas subnacionales cada vez, desempeñan roles más importantes para la conservación de la biodiversidad a nivel municipal y/o departamental. En ese contexto, es trascendental que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y todas las instituciones que acompañan el desarrollo de las áreas protegidas nacionales fortalezcan sus capacidades.
Estas instancias poseen una responsabilidad estratégica en garantizar el funcionamiento y gobernanza de las AP, entre ellas la fiscalización, pues la gobernanza, amplia y colaborativa, incluye la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para alcanzar consenso y eficiencia en las decisiones de gobierno, que es más formal y jerárquico (“Gobernanza versus Gobierno”, Cuadernos de administración, Universidad del Valle, 2009).
Especialistas y guardaparques coincidieron en que las AP subnacionales requieren fortalecimiento institucional mediante capacitaciones, logística y presupuesto, pues se constituyen en defensores vinculados a la conservación de la biodiversidad.
Integrados por representaciones de pueblos indígenas, comunidades locales, gobernaciones, municipios, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, los comités de gestión de las AP permiten la participación local en la administración de estos espacios que juegan un rol clave en la subsistencia de la vida en el planeta (Art. 47, Secc. II “Del Comité de Gestión”, Reglamento General de Áreas Protegidas, 31 de julio de 1997).
Capacitación, presupuesto y empoderamiento
Y es que, en nuestro país, algunos comités de gestión de las AP por falta de capacitación y empoderamiento, entre otros factores, han permanecido al límite de la indiferencia frente a actitudes abusivas contra las áreas protegidas tales como avasallamientos o la presencia de actividades mineras en parques nacionales, lo cual es completamente ilegal y prohibido de acuerdo a las normativas nacionales en vigencia (CPE, Art. 385, Secc. III Áreas Protegidas, Ley Marco de la Madre Tierra N° 300, Ley N° 535 de Minería y Metalurgia).
“También se puede evidenciar que no hubo ese empoderamiento necesario por parte de los diferentes comités de gestión de muchas AP, no se han sentido debidamente identificados con el rol que cumplen, ni siquiera muchas veces con el objetivo de cuidar o proteger las AP de interés nacional”, observó Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac).
El reconocido guardaparque, Jefe de Protección de la Biósfera y Estación Biológica de Beni señaló que, en los casos de minería ilegal, los miembros del comité de gestión deberían constituirse en parte denunciante para retirar el extractivismo de las AP.
Los miembros de los comités de gestión de las áreas protegidas rotan permanentemente cada uno o dos años, de acuerdo a la periodicidad que determine la organización matriz de la que forman parte. En consecuencia, requieren ser constantemente capacitados y actualizados en sus funciones, pues no faltaron situaciones en las que se pretendió adoptar decisiones unilaterales, para sustituir guardaparques por razones políticas.
En ese sentido sugirió herramientas necesarias para que estas organizaciones puedan funcionar adecuadamente, como el apoyo económico necesario, capacitaciones sobre sus roles y funciones específicas, capacitación permanente sobre los objetivos de creación de cada área protegida, la misión institucional del Sernap y desde luego, los aspectos a considerar para un seguimiento adecuado a estos espacios de conservación.
Inclusive, en enero de 2025 se constituyó el Consejo Nacional de presidentes de Comités de Gestión de Áreas Protegidas Nacionales de Bolivia, una instancia que representa a los presidentes de esas organizaciones. Su principal función es la de coordinar y representar a los comités de gestión a nivel nacional, siempre en aras del fortalecimiento de la conservación y gobernanza de las áreas protegidas que administra el Sernap (“Nace el Concejo Nacional de presidentes de Comités de Gestión de Áreas Protegidas de Bolivia”, 09/07/25, Fundación Irfa).
“Instar a las diferentes instancias del Estado, particularmente al Sernap y a todas las instituciones, ONGs, fundaciones que acompañan al funcionamiento del Sernap, acompañan con diferentes planes, programas y proyectos, que puedan priorizar este tipo de enfoque, este tipo de apoyo y fortalecimiento a los comités de gestión, a los sistemas de gobernanza”, reflexionó.
“Pueden ayudarnos en el cumplimiento de los objetivos de conservación”
Un aspecto destacado en el reciente encuentro de guardaparques a nivel nacional que se realizó en La Paz fue el debilitamiento del rol de los comités de gestión de las áreas protegidas nacionales, en cuanto a que algunas de estas entidades, en vez de contribuir a los objetivos de creación de las AP, se alinearon con intereses foráneos y favorecidos por anteriores gestiones gubernamentales, favorecieron a su vez a intereses de actividades ilegales en esos espacios de conservación, como avasallamientos y otros.
“En algunos casos se ha distorsionado y no han ido cumpliendo (los Comités), más bien han querido darse -digamos- atribuciones que no les competían, querían cambiar directorios, querían cambiar jefes de protección y guardaparques, en algunos casos han querido favorecer directamente a los grupos irregulares que hay, como son los avasalladores y otras actividades ilegales que tenemos”, observó Guido Jaimes Fernández, guardaparque del Parque Nacional Carrasco, Secretario de Proyectos y Culto de Abolac.
Por su parte, Remberto Paticú, guardaparque del Parque Noel Kempff Mercado y tesorero de Abolac, sugirió que para una mejor gobernanza con los comités de gestión en las áreas protegidas, quienes representan a estas instancias deben demostrar voluntad y compromiso con los objetivos de creación del AP y su conservación correspondiente.
“No siempre se da, siempre hay algunas situaciones que se presentan y no se puede lograr el objetivo que se trazan (en el AP), a veces por cuestiones de voluntad de los representantes del comité de gestión, mucho depende de eso, depende el área protegida. A veces tiene muchas comunidades y conflictos, o actividades que son contrarias a la creación del AP, ahí es que no funcionan en ciertas ocasiones también esos comités”, mencionó.
Avasallamientos contra áreas protegidas
Si bien es fundamental el rol de los comités de gestión de las áreas protegidas, inclusive existen áreas protegidas comprendidas en la jurisdicción de gobiernos indígenas, al no contar con una gobernanza adecuada incluyendo el debido respaldo gubernamental a las acciones de protección desarrolladas respecto a estos espacios de conservación, estas son víctimas de avasallamientos que dañan a esos espacios naturales, a su biodiversidad y a las comunidades originarias que las habitan.
Los avasallamientos a territorios indígenas conectados con áreas protegidas se suscitan de forma alarmante y son además frecuentes.
Las acciones de avasallamiento a territorios indígenas del pueblo Ayoreo, con excesivo uso de fuerza, no son aisladas. En diciembre de 2021, la comunidad Yoquiday 27 de Mayo, ubicada en el municipio de Pailón, también en la Chiquitanía, fue desalojada con violencia por un grupo de personas que las víctimas reconocen como interculturales. Hasta el momento, cuatro años después, el Estado Plurinacional no se ha pronunciado al respecto, y las más de veinte familias expulsadas libran una batalla por su sobrevivencia de manera individual en distintas localidades, incluida la capital cruceña (“Comunidad ayorea Tie Uña es expulsada con violencia de su territorio”, 12/12/25, ANA Bolivia).
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) condenó mediante un comunicado los recientes casos de avasallamiento que vulneran los espacios naturales y que fueron denunciados por la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y líderes del pueblo ayoreo, en el departamento de Santa Cruz.
“Este hecho no es aislado ni puede interpretarse como un conflicto por tierras entre organizaciones indígenas, campesinas, interculturales o empresariales. Por el contrario, constituye una expresión más de la presión sistemática que enfrentan las comunidades ayoreas por el uso y aprovechamiento de sus territorios para la expansión de la producción de monocultivos, el tráfico de tierras y otras actividades ilegales que vulneran sus derechos colectivos”, dejó establecido.
Esta nota de prensa fue realizada en el marco del proyecto “Procesos de incidencia para el fortalecimiento de políticas ambientales y de conservación en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de Bolivia” implementado por LIDEMA y las plataformas departamentales por las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, con el apoyo de WWF, WCS y FUNDESNAP.
/ANA/
