Por: Eduardo Gudynas*
La Paz, 23 agosto (ANA).– En los últimos años, asoma un cambio importante en varias regiones mineras, en América del Sur. Grupos de personas, a veces numerosos, deciden dedicarse a la minería en sus propios territorios. Se embarcan en una minería comunal local. Esos casos no dejan de aumentar, y muy especialmente de los que extraen oro. Muchos lo hacen de manera informal o ilegal, algunos desean formalizarse y otros, incluso, se convierten en empresas. Esta situación está envuelta en contradicciones y tensiones de todo tipo. En comunidades que por años denunciaron los impactos o resistieron la minería, ahora deben lidiar con comunarios, a veces con vecinos o familiares, que llevan adelante sus propios extractivismos. Las divisiones y los enfrentamientos se vuelven frecuentes. Esto plantea múltiples desafíos y no siempre son sencillos de enfrentar. Al mismo tiempo, las organizaciones ciuda danas comprometidas con la justicia social y ambiental, sean locales, regionales o nacionales, que por mucho tiempo estudiaron los impactos de la minería y acompañaron a grupos loca- les para denunciar a empresas y a gobiernos que promovían extractivismos que eran depredado res, se encuentran ahora con comunarios que repiten y defienden esas prácticas. La novedad de los grupos locales que antes no practicaban la minería, pero que ahora cruzan un umbral para embarcarse en ella, debe ser analizada con rigurosidad. Se deben identificar sus distintas expresiones, los argumentos en juego y sus implicancias para las organizaciones comprometidas en la salvaguarda de los derechos y la calidad de vida de todas las personas y la protección ambiental.
La novedad de los grupos locales que antes no practicaban la minería, pero que ahora cruzan un umbral para embarcarse en ella, debe ser analizada con rigurosidad. Se deben identificar sus distintas expresiones, los argumentos en juego y sus implicancias para las organizaciones comprometidas en la salvaguarda de los derechos y la calidad de vida de todas las personas y la protección ambiental. El presente reporte es un aporte, en ese sentido, se comparten reflexiones que atienden, en particular, dos circunstancias. Por un lado, se consideran los argumentos que emplean los comunarios que toman esa decisión. Por otro lado, se abordan los desafíos para las organizaciones de la sociedad civil que no son locales, pero que, a partir de sus mandatos o actividades, acompañan a las comunidades en la denuncia, la resistencia y las alternativas a la minería depredadora. Distintas vinculaciones con la minería local Los integrantes de una comunidad, entendiendo bajo ese término a quienes son originarios y viven en una localidad, con una historia compartida y que mutuamente se reconocen como parte de un mismo colectivo, pueden vincularse a una actividad minera siguiendo múltiples canales. Basta recordar el trabajo forzado de indígenas en las minas de la corona española (como se practicaba en la Villa Imperial de Potosí; véase Bakewell, 1989). En la actualidad, los habitantes locales se incorporan a emprendimientos formales de tipo empresarial, por ejemplo, trabajando dentro de los socavones o manejando maquinaria. Este tipo de vinculaciones responde a una larga historia: familias que por generaciones trabajaron en la minería. Recordemos que, a partir del siglo XIX, sobre los restos de la minería colonial, distintas circunstancias llevaron a que los campesinos se volvieran obreros en las minas, en un proceso que fue interpretado en su momento como una proletarización (el clásico de Bonilla, 1974, ilustra ese proceso). Es bien sabido que, hoy en día, las empresas contratan a personas que provienen de comunidades cercanas, incluso esta práctica es reivindicada como la creación de nuevos puestos de trabajo locales y forma parte de la defensa de la minería. Esto, a su vez, explica que los sindicatos y otros grupos organizados locales apoyen a los emprendimientos mineros. En estas situaciones, predomina la dependencia salarial: el comunario es un empleado y recibe un sueldo por su trabajo. También es frecuente que se sientan participantes o dependientes quienes proveen servicios al emprendimiento minero local, desde reparaciones mecánicas hasta la venta de comida.
En otros casos, la minería es practicada di rectamente por los propios habitantes de una localidad. En varias regiones, se expresa en la llamada minería tradicional, que está en manos de personas y familias que controlan el acceso a los sitios donde se encuentran los minerales. Los regímenes pueden ser legales (cuentan con concesiones o permiso), sin formalización legal adecuada o bien ilegales. Algunos son lleva dos adelante individualmente o por familiares, aunque también se suman otros comunarios bajo distintos tipos de convenios. Su escala de operación es acotada. Un ejemplo de ello es la minería tradicional en comunidades negras en distintas áreas de Colombia, una historia que se remonta, por lo menos, al siglo XIX. En otros contextos, la participación local se organiza de diferente manera. Un caso destacado ocurre en Bolivia con la llamada.
minería cooperativa. En este país, es un sector muy extendido e involucra a miles de personas, muchas, de una forma u otra, provienen de comunidades locales1. A pesar de describirse a sí mismas como cooperativas, incluso socialistas y revolucionarias, en realidad se organizan y operan como empresas. Estas pueden ser trabajadores formalizados, y, por lo tanto, asalariados, pero mayoritariamente son informales; tienen acceso al enclave, por lo que sus retribuciones son una proporción del mineral que obtengan cada día (véase Poveda Ávila, 2014). Las condiciones de trabajo en los enclaves fueron denunciadas repetidamente, en especial por ser inseguras, insalubres y por los bajos salarios. Como las cooperativas esquivan los controles sanitarios y ambientales, producen impactos que muchas veces resultan en resistencias y conflictos con los demás comunarios. Son prácticas que se están volviendo más violentas, tanto por las disputas con las comunidades locales como por los enfrentamientos entre distintas cooperativas o entre estas con empresas mineras. Entretanto, la relevancia económica de las cooperativas no deja de crecer: supera la mitad del valor económico de todo el sector minero. Existen comunidades que no participan directamente en las actividades mineras, pero aceptan que lo haga otro agente en su territorio, como puede ser una empresa, por distintas razones, incluyendo pagos o la coparticipación en las regalías. A esto se suma que, en años recientes, los campesinos o indígenas que no estaban envueltos en estas prácticas optan por volverse mineros en sus propios territorios. Esto es especialmente llamativo cuando ocurre en comunidades que denunciaban y resistían los impactos de los extractivismos. La condición clave radica en que el comunario, o los comunarios, realiza la extracción y separación inicial del mineral, y lo comercializa a un intermediario local, a una empresa o a cualquier otro agente. Esta es una situación distinta a la de los individuos que dejan su comunidad, por ejemplo, en la sierra, para trasladarse a otro sitio, pongamos por caso la Amazonía, para trabajar por unos meses en la minería de oro. También es diferente a la de los comunarios que intermitentemente o acotadamente coparticipan en emprendimientos mineros que llevan adelante actores ajenos a la región, como los llamados barequeros en Colombia, quienes son autorizados a ingresar por cortos períodos a los lugares donde operan las máquinas retroexcavadoras. En cambio, la circunstancia que se analiza se enfoca en las personas que comienzan a practicar la minería en la misma región, en la cual han vivido ellos y sus antecesores inmediatos. Son individuos y familias que se dedicaban a actividades que no eran mineras, tales como cultivar la tierra, criar ganados, pescar, cazar o recolectar recursos del bosque, y lo mismo hacían las generaciones previas. Por lo tanto, cuando deciden embarcarse en la minería, se ponen en marcha cambios de actitudes y valoraciones que son sustanciales e implican transformaciones no solamente en ellos, sino también en el seno de sus comunidades.
Distintos procesos operan en estos cambios. En algunos sitios, persiste en la memoria la mine ría practicada en el pasado por padres y abue los, incluso por generaciones previas. En ciertas zonas andinas, por ejemplo, en Bolivia, esas tra diciones se deben a quienes fueron obreros for males en emprendimientos estatales. En otros lugares, se mantuvo una minería comunal, local y artesanal, como la realizada por las comuni dades negras en Colombia, por lo menos desde el siglo XIX, que llevaban adelante una pequeña minería, complementaria a sus economías loca les que eran esencialmente campesinas y enfo cadas en la agricultura, la ganadería y la pesca. Las prácticas mineras locales se redujeron o fueron abandonadas, sobre todo cuando perdieron su rentabilidad o cuando fueron relegadas por mayores beneficios en otras actividades, pongamos por caso, la agricultura y la ganadería. Pero fueron retomadas cuando el valor de los minerales aumentó, se dispusieron de nuevas tecnologías o en el marco de la invasión de sus territorios por actores externos que impulsaron una minería más intensa. Los casos más conocidos corresponden a la proliferación de dragas en los cursos de agua amazónico, el retorno a los socavones en las sierras y así sucesivamente. Ese tipo de minería se potencia allí donde las condiciones de exclusión y pobreza son más agudas, como ocurre en muchas zonas rurales andinas y amazónicas. Son personas que ya no pueden subsistir con prácticas tradicionales, la agricultura, la ganadería o la pesca, y ven en la minería la única opción disponible. También hay efectos de ejemplo, cuando en una comunidad se observa cómo una persona o su familia logra una repentina riqueza gracias a la minería. Operan en el mismo sentido la publicidad de las empresas y los gobiernos e incluso los programas en los que se prometen distintos tipos de convivencia entre la agricultura y la minería local (como la iniciativa agrominera en Perú, que involucra a empresas, a una asociación civil y a un ministerio2). Entre las posibles reacciones, algunas comunidades procuran formalizar los títulos mineros, aunque con diferentes propósitos. En la región del Cauca (Colombia), distintas organizaciones comunales coincidieron en contener y expulsar a los mineros que no eran caucanos. Sin embargo, las comunidades negras procuraron obtener las titulaciones para llevar adelante sus propias explotaciones mineras, mientras que los grupos indígenas usaron esos títulos para impedir la minería. De modo análogo, en Bolivia, al tiempo de la reforma minera, en el seno del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), hubo quienes deseaban promover una minería comunitaria (para captar las regalías), mientras que otros rechazaron cualquier extractivismo de ese tipo, porque afectaría a sus territorios3. También, en comunidades tacanas, algunos se dedican a la minería en balsas, sosteniendo que, de ese modo, evitan la entrada de grandes dragas “chinas” (Mercado, 2021). En Ecuador, en la Amazonía, la comunidad shuar Congüime tomó una concesión minera formal para extraer oro en su territorio, creó su propia empresa (Exploken Minera S. A.) y la defendió como una minería sostenible que no utiliza mercurio (véase, por ejemplo, Lalander et al., 2020). Las razones comunitarias La decisión de abandonar la oposición o denuncia de la minería, para cruzar el umbral, aceptarla y practicarla, se está multiplicando en varias regiones y países. Las personas o las comunidades que lo hacen expresan distintas justificaciones, que se deben analizar adecuadamente. Sin pretender agotar sus argumentos, se pueden indicar los más evidentes y repetidos4. − Aceptación y fatalismo. Son comunarios que entienden que la batalla por impedir los extractivismos no tendrá éxito y asumen que la minería de todos modos se instalará en sus territorios, por lo que deciden llevarla adelante. Esperan evitar que otros extraigan los minerales y las eventuales ganancias. La aceptan también quienes pretenden detener a las empresas foráneas y crean emprendimientos propios. En estos casos, una justificación escuchada varias veces es que, antes que otro se lleve el dinero, es mejor que este se quede en la comunidad. De distintos modos, es una postura teñida por un fatalismo que asume que nada puede detener la expansión de la explotación minera. − Control de los territorios. Otros entienden a la minería como una forma de control territorial. Por ejemplo, comunidades indígenas que lidiaban con la invasión de sus tierras por mineros de oro aluvial decidieron tramitar permisos y llevar adelante esa actividad, para evitar que individuos ajenos a la comunidad lo hagan. − Revancha. Son los que defienden el cambio como una revancha y sostienen que “es nuestro turno” de explotar los recursos. − Condicionantes culturales. En varios casos, se alude a condiciones más profundas: una “cultura minera” arraigada que, de uno u otro modo, lleva a las prácticas mineras. En unas ocasiones, se lo expresa explícitamente, mientras que en otras es una argumentación que opera en segundo plano. Son justificaciones escuchadas en los espacios andinos (sierras), se asume que aun en comunidades campesinas hay una historia vinculada a algún tipo de minería. Pero son posiciones ajenas a las comunidades indígenas en zonas bajas tropicales, como la Amazonía. − Urgencias económicas. También existen explicaciones más mundanas. Comunidades muy empobrecidas, sin opciones productivas claras, apelan a la minería como una solución, en especial para lograr ingresos en dinero. Entre los que la defienden están los que relatan condiciones de exclusión extrema, urgencias familiares o crisis financieras. También están los jóvenes que deciden abandonar una finca familiar esperando ganar dinero rápidamente para comprar un bien con el que sueñan (como una moto, según un testimonio de una madre en una zona minera de Oruro). − Reformas en la gestión y la tecnología. Hay comunarios que se justifican indicando que sus explotaciones mineras son aceptables o menos dañinas. Aluden a reformas en la gestión y la tecnología, como que son de menor volumen, más lentas, que emplearán nuevas tecnologías y que son controladas por los habitantes locales.
Todas estas explicaciones pueden estar superpuestas o mezcladas. A su vez, generan implicancias en el seno de las propias comunidades, como en las organizaciones ciudadanas que les acompañan.
El texto completo de análisis de Eduardo Gudynas: «Cuando los comunarios se vuelven mineros: implicancias para las comunidades locales y las organizaciones ciudadanas» se encuentra en este link.
*Es investigador en transiciones y alternativas en transiciones y alternativas al desarrollo en el Centro de Documentación e Información Bolivia
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