El cuerpo de Francisco Marupa fue encontrado en su chaco este viernes por la mañana, en las márgenes del río Hondo, y que los autores, que también fueron vistos por el lugar, escaparon en la lancha del comunario fallecido.
Por: Mery Vaca-Sumando Voces
La Paz, 14 febrero (ANA).- “No solo mataron a un indígena Leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra”, señala un comunicado de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), en referencia a la muerte violenta de Francisco Marupa, vecino de la comunidad de Torewa, ocurrida luego de años de asedio de parte de grupos ilegales que trafican con la tierra para destinarla a la minería ilegal, a la caza y otras actividades criminales.
Dionicio Gutiérrez, capitán grande del Territorio Indígena Originario (TCO) del Pueblo Leco, que está enclavado en el parque Madidi de La Paz, en comunicación con Sumando Voces informó que el cuerpo de Marupa fue encontrado en su chaco este viernes por la mañana, en las márgenes del río Hondo, y que los autores, que también fueron vistos por el lugar, escaparon en la lancha del comunario fallecido.
Explicó que “este hecho lamentable y horroroso” sucede en el marco del constante asedio que sufre el territorio Leco desde hace varios años con consecuencias graves, como la quema de casas, desalojos forzados y amedrentamiento, ocurridos el 2023, el 2024 e incluso antes.
“Han venido amenazando con expulsar a los hermanos indígenas del lugar, han quemado sus casas, la denuncia está radicada en la Ficalía de Apolo, han destruido cultivos, robado sus motores, diferentes daños han estado ocasionado”, dijo Gutiérrez, quien asegura que los autores de estos hechos son traficantes de tierras y mineros auríferos que ya han solicitado sus licencias a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para extraer el oro de la zona.
De hecho, asegura que ya están trabajando en el lugar, pese a que se trata del Parque Nacional Madidi, donde no deberían existir este tipo de actividades.
A raíz de la muerte violenta de Marupa, la Central Indígena del Pueblo Leco envió una carta al presidente Luis Arce; al vicepresidente David Choquehuanca; al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en la que les hacen conocer esta situación de asedio en la que viven algunas comunidades y piden que se investigue la muerte de Marupa, que se dé con los autores “y se procese a las mafias criminales que son los autores intelectuales”.
Asimismo, exigen: “Que se nos otorguen todas las garantías estatales necesarias para proteger nuestro territorio indígena titulado, nuestros recursos naturales y la vida de todos los integrantes del pueblo indígena Leco de Apolo”.
Gutiérrez explicó que le crimen ocurrió el miércoles en el domicilio de Marupa, donde uno de sus vecinos encontró sangre derramada y las pertenencias en completo desorden. El cuerpo fue encontrado este viernes en un platanal y ahora la Fiscalía y la Policía ya se encuentran en el lugar investigando el hecho. El cuerpo estaba siendo trasladado a Reyes para que se le realice la autopsia, con lo que se podrá saber cómo fue asesinado Marupa.
El vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lino Illimuri, indicó a este medio que el crimen estaría asociado a los extractivismos, de acuerdo al testimonio de los comunarios, porque “la zona está siendo asediada por solicitudes de explotación minera”. Indicó que hay varias cooperativas que están intentado ingresar a trabajar en la zona, por lo que su organización está tratando de hacer valer una acción popular para evitar el avance de la minería ilegal en los ríos del norte del país.
La CPILAP, mediante su página de Facebook, se pronunció repudiando el hecho y exigiendo garantías para el Pueblo Leco. «Desde la Central De Pueblos Indígenas de La Paz CPILAP nos solidarizamos y repudiamos los hechos criminales que sufren nuestros pueblos indígenas Lecos de Apolo. Exigimos a las autoridades tomar cartas en el asunto para su debida investigación a estos hechos, así también le brinden las garantías constitucionales a nuestros hermanos indígenas verdaderos defensores de la naturaleza que hoy sufren hechos criminales por terceras personas con el objetivo de extractivismo», señala el pronunciamiento.
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