El auto de admisión, en el marco de la CPE y normas del bloque de constitucionalidad, señala que el Tribunal “Admite la demanda de Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias contra los Incendios Forestales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Por: Sumando Voces
La Paz, 14 julio (ANA) En una decisión trascendental para la justicia ambiental en Bolivia, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental admitió la demanda de medidas cautelares, preventivas y precautorias contra los incendios forestales, interpuesta por un colectivo de defensoras y defensores del medio ambiente encabezado por María de los Ángeles Mamani Rocha.
El auto de admisión, en el marco de la Constitución Política del Estado y normas del bloque de constitucionalidad, señala que el Tribunal “Admite la demanda de Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias contra los Incendios Forestales en el Estado Plurinacional de Bolivia”, y dispone que autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Ministerio de Justicia y Transparencia, el Tribunal Supremo de Justicia y otras entidades competentes aseguren la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tal como lo establece el artículo 9 del Acuerdo de Escazú y los fundamentos jurídicos del Auto de Admisión del TA.
Respecto a las medidas precautorias, María de los Ángeles Mamani Rocha, una de las demandantes, explicó: «El Tribunal también ha aceptado algunos puntos de los que nosotros solicitamos en la demanda, esto no está totalmente definido porque en la audiencia que va a ser el 4 de agosto se puede ratificar, aumentar, argumentar para que se puedan admitir más puntos».
La demanda —un extenso documento jurídico, técnico y testimonial— denuncia que entre 2019 y 2024 más de 28,6 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego, y solo en 2024 más de 10,1 millones de hectáreas fueron consumidas por incendios, de las cuales el 58% corresponde a bosques, afectando especialmente a Santa Cruz y Beni. Se trata, según el documento, de una catástrofe ambiental sin precedentes.
En la demanda, se afirma que el fuego ha destruido bosques, ha matado a millones de animales, ha desplazado a comunidades enteras y ha contaminado el aire y el agua de millones de bolivianos. Según datos de la Universidad José Ballivián del Beni, 30 millones de vertebrados (entre mamíferos, reptiles, aves y anfibios) y 400 millones de árboles murieron solo en 2024. Además, se advierte que Bolivia es el tercer país más deforestador del mundo, con el 13,1% de pérdida de bosque primario a nivel global.
Las demandantes no solo exigen una acción inmediata, sino también un cambio estructural en el modelo de desarrollo y legislación ambiental vigente.
Denuncian la persistencia de «leyes incendiarias», como la Ley 337 («para perdonar los desmontes y quemas ilegales»), la Ley 741 (que autoriza desmonte para pequeños propiedades para actividades agrícolas y pecuarias en tierras de uso forestal) o el Decreto Supremo 3973 (para autorizar desmontes con fines agropecuarios en tierras privadas y comunitarias). Refieren que éstas han incentivado la expansión de la frontera agropecuaria mediante quemas descontroladas, beneficiando a intereses privados ligados a la agroindustria, la ganadería extensiva y el tráfico ilegal de especies.
La acción legal también resalta la falta de reglamentación e implementación efectiva del Decreto Supremo N° 5225, que desde 2024 declara una “pausa ecológica nacional”. Si bien este decreto suspende las autorizaciones de quema, su aplicación ha sido casi nula. La demanda sostiene que la omisión de autoridades como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el SERNAP y la ABT constituye una violación al deber de protección de los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía.
Además, el documento subraya: “La sensación de impotencia era abrumadora. Nos sentíamos solos, luchando contra un enemigo invisible que consumía todo a su paso. La indiferencia de las autoridades era un puñal en la espalda, una traición a la naturaleza y a nosotros mismos”.
La demanda expone las experiencias de brigadistas, biólogos y activistas que, ante la inacción estatal, asumieron las labores de combate del fuego con recursos propios: “Organizamos brigadas, recolectamos donaciones, llevamos agua y alimentos a animales rescatados. La solidaridad fue nuestra arma más poderosa”.
Con esta admisión, el Tribunal Agroambiental abre un nuevo capítulo en la defensa judicial del medio ambiente en Bolivia. La resolución ordena la participación de todas las instituciones del Estado en la protección de quienes defienden los derechos ambientales, tal como exige el Acuerdo de Escazú, y sienta las bases para una posible jurisprudencia que aborde los incendios forestales como violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.
“Hoy seguimos alzando la voz, exigiendo políticas públicas que protejan nuestros bosques, promoviendo la educación ambiental y defendiendo los derechos de la naturaleza a través de las leyes existentes”, afirman las demandantes, en una acción que no solo busca justicia, sino también la reconstrucción de un país profundamente herido por el fuego.
Petitorio de la demanda
Los demandantes solicitan que el Órgano Ejecutivo, de manera inmediata, declare «Desastre Natural Nacional» de manera temprana y se solicite ayuda internacional sin tener que esperar la orden de entidades gubernamentales.
Piden la abrogación e inaplicabilidad de las leyes incendiarias y aquellas que permiten y/o autorizan los desmontes y quemas que luego son incontrolables. También exigen la declaración inmediata de una pausa ambiental ecológica en las áreas afectadas.
Solicitan la anulación de las autorizaciones de asentamiento otorgadas en las zonas que fueron quemadas. Exigen que el INRA revoque las autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales y áreas protegidas.
Con el fin de resarcir los daños, señalan que es imperativo identificar a las personas o entidades que fueron responsables de los incendios. Piden un censo exhaustivo de las comunidades indígenas afectadas por los incendios y solicitan su protección en virtud del Acuerdo de Escazú.
Pretenden que el Tribunal Agroambiental (TA) ordene la promulgación de una estrategia de recuperación de áreas afectadas y se generen incentivos destinados a las poblaciones afectadas por los incendios. Piden que el TA solicite la generación de asentamientos temporales de poblaciones indígenas desplazadas como «guardianes» de las áreas protegidas, otorgándoles áreas claves en zonas de amortiguación, entre otras demandas.
La demanda fue presentada el 19 de mayo de 2025 y tras su admisión por el TA, la audiencia fue programada para el 4 de agosto.
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