La Fiscalía no solo pide condena contra mujeres y hombres defensores de la reserva natural, sino también que exige resarcimiento económico por el presunto “daño económico contra el Estado”.
La Paz, 15 enero (ANA).- La Fiscalía de la provincia Entre Ríos del departamento de Tarija, acusó formalmente a 12 defensores, entre hombres y mujeres, que se oponen a la actividad petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. En paralelo, las manifestaciones de rechazo a la actividad petrolera en el Área Protegida han ganado más fuerza entre la población y los colectivos ciudadanos y ambientales.
De acuerdo a la acusación de la fiscal de Materia, Isabel Roymant, se atribuye a las y los defensores de Tariquía los presuntos delitos de: estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la libertad de trabajo, ilícito previsto y sancionado en el artículo 161, artículo 303 del Código Penal.
Por razones de protección de la identidad de las y los acusados, este medio se limita a detallar las iniciales de los 12 procesados: RRAG, JAMR, MNCF, JMG, CMA, JMM, CBGR, SFM, EMA, PGB, FCV, ACF.
La Fiscalía señala que en calidad de “víctimas” se encuentran YPFB, representado por su asesor legal, Marco Carlos Navarro Morales, además de la Sociedad Petrobras Bolivia, representada por el abogado Fernando Vergas Guzmán.
La acusación señala que YPFB en el marco de sus competencias y facultades realiza actividades de estudio de relevamiento para el Proyecto Exploratorio Domo Oso X3, ubicado en el Cantón de Chiquiacá en el marco de la Ley 1015 del 26 de diciembre de 2017, para lo cual contrató a Petrobras Bolivia SA para que ejecute el Contrato para Exploración y Explotación de Áreas Reservadas.
La Fiscal sostiene que las petroleras obtuvieron permiso de Sara Ann Beiler, propietaria del predio “Valle del peregrino” y de la familia Camacho Labra, propietaria del predio Oso Morro Montuoso, para realizar actividades de estudio de relevamiento.
Sin embargo, el documento no menciona la importancia de Tariquía como proveedora de agua para varias comunidades rurales y la propia ciudad de Tarija, ni tampoco menciona que se haya cumplido con la consulta, previa, libre e informada a las comunidades afectadas, cuando hubo el rechazo contundente de parte del cantón Chiquiacá.
“El día 1 de octubre de 2024, personal de YPFB y de Petrobras Bolivia SA ingresaron a dichos predios para realizar sus actividades de estudio de relevamiento para el Proyecto Exploratorio Domo Oso X3, pero en horas de la tarde aproximadamente a horas 16:00 de la tarde un grupo de personas inescrupulosas amedrentaron a los funcionarios indicándoles de que no los dejarían ingresar nuevamente”, señala los antecedentes descritos en el memorial.
También se menciona que el día de 2 de octubre de 2024 a horas 13.00 funcionarios de YPFB y Petrobras Bolivia SA se dirigieron nuevamente a los señalados predios a realizar sus actividades de trabajo, pero un grupo de personas de identificadas con el nombre de RRAG, JAMR, MNCF, JMG, CMA, JMM, CBGR, SFM, EMA, PGB, FCV, ACF se apostaron en el ingreso de la comunidad Saincan predio privado Valle Peregrino perteneciente al cantón de Chiquiacá, provincia O´connor del municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija, impiendo el ingreso de los funcionarios de YPFB y de Petrobras Bolivia SA.
“Pese a que se les explicó que se contaba con las autorizaciones respectivas para realizar los trabajos, dicho grupo de personas no entendió razón alguna y no dejaron los trabajos, dicho grupo no entendió razón alguna y no dejaron pasar al personal, hecho que fue constatado por parte de la Policía de Entre Ríos que se encontraba en el lugar (…).Con el fin de no sufrir ningún tipo de agresiones por parte de dicho grupo de personas el personal de YPFB y Petrobras Bolivia SA procedió a retirarse perjudicándose enormemente la logística y actividades diarias que realiza YPFB”, señala partes del documento.
Según la Fiscalía, los bloqueos realizados por “personas inescrupulosas” han causado daó económico, por lo que además de solicitar una sentencia condenatoria para las y los acusados, exige que repongan las pérdidas económicas causadas al Estado.
“Una vez corridos los trámites de rigor procedimental, constituido el Tribunal, recepcionada todas las pruebas ofrecidas, realizada la discusión final y luego de la deliberación se dicte la correspondiente sentencia condenatoria en contra de los acusados, además de la pena, se le condene a pagar las costas procesales al Estado, el resarcimiento al daño civil causado, más los daños y perjuicios que se fijarán en la ejecución de sentencia”, cita el documento.
Un proceso penal con características de criminalización a defensores
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo de Bolivia, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este proceso penal tiene todas las características de una indebida criminalización contra defensores de derechos en asuntos ambientales.
El 7 de marzo 2025, en la audiencia pública que abrió la Comisión interamericana de Derechos Humanos – CIDH sobre la criminalización a los defensores ambientales en Bolivia, cuatro comisionados de la CIDH, el representante de la Oficina en Sudamérica del Alto comisionado de Derechos Humanos, además del Defensor del Pueblo de Bolivia, entre otros, reconocieron el proceso penal contra los defensores de Tariquía como un caso típico de criminalización contra defensores de derechos ambientales.
La CIDH, en su III Informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas, publicado el 16 de octubre de 2025, cita el caso del proceso penal contra los defensores de Tariquía en el cantón Chiquiacá como un caso de criminalización, hecho que marca un incumplimiento estatal a los compromisos de protección a ellos.
La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de mayo de 2025, publicó la Opinión Consultiva OC 32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este documento, al respecto, dice:
«En virtud del derecho a defender los derechos humanos, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los defensores de los derechos ambientales que se traduce en obligaciones concretas, incluyendo, entre otros aspectos, protegerlos, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas e intimidación en su contra, y contrarrestar la “criminalización” de la defensa del medio ambiente…» (OC 32/25, párr. 18, p. 232).
El 21 de julio de 2025, la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos – CONTIOCAP, el Comité de defensa de la Reserva Tariquía en el cantón Chiquiacá y el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, hicieron público un manifiesto conjunto en el que denunciaron el proceso penal como parte de un “cúmulo de hechos de violencia contra los defensores ambientales en Tariquía”, advirtiendo que ello “es muestra patente de una actuación de estas empresas (YPFB y Petrobras) totalmente contraria a los compromisos y obligaciones que los estados de Bolivia y Brasil han asumido para proteger los derechos ambientales y, particularmente, proteger a los personas y organizaciones que defienden el medioambiente y el patrimonio natural”.
En ese mismo pronunciamiento conjunto alertaron a la sociedad civil a “que mantenga una posición crítica frente al aumento de los atropellos que va a implicar la intensificación de las actividades de exploración de gas y petróleo, dada la crisis de los carburantes (…) Y no se debe resolver esta crisis de los carburantes destruyendo las áreas protegidas y trayendo más violencia a las comunidades que habitamos en ellas”.
Red de Mujeres de Los Yungas
El rechazo a las actividades petroleras al interior de la reserva de Tariquía, como también la condena a la criminalización de defensores ambientales ha logrado mayor apoyo en las últimas semanas. Marchas de protesta de movimientos ambientales y denuncias desde diferentes plataformas han levantado su voz en defensa de la reserva natural.
Desde el ámbito rural también varios movimientos se han solidarizado con la causa Tariquía, como la Red de Mujeres Defensoras de los ríos y la Biodiversidad de Los Yungas, que en las últimas horas ha hecho público un pronunciamiento.
“Ante las arbitrariedades que está sucediendo en contra de nuestras áreas protegidas, ya sean nacionales y subnacionales repudiamos enérgicamente todas las acciones que van en contra de la conservación de nuestros bosques amazónicos y los medios de vida de nuestras comunidades”, señala el manifiesto.
Las mujeres del paisaje Yungas repudiaron las acciones que afectan al área protegida de Tariquia que se encuentra en el departamento de Tarija, y/o cualquier área protegida nacional y subnacional, porque se crearon para proteger fuentes de agua vitales para supervivencia, flora y fauna que son parte del ecosistema.
“Que no se confunda la defensa de las Áreas Protegidas que es un derecho a la vida, al agua y la salud, garantizada en la Constitución Política del Estado, “con delitos como: la asociación delictuosa”, criterio que está totalmente alejado de lo que significa luchar y defender nuestros los recursos naturales, amparados por Ley, que reiteramos es un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país y cumplen funciones ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable, trabajo que vienen realizando los y las guardianes de las áreas protegidas subnacionales con sus propios aportes, tiempo y dedicación”, sostiene el manifiesto de apoyo.
El documento fue suscrito por Elizabeth Farfán, presidenta del Comité de Gestión del Área Protegidas Las Serranías del Mururata, concejalas de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos, representantes de la Organización de Pueblos Indígenas Mosetenes (OPIM), mujeres agroecólogas y defensoras de áreas protegidas de Guanay, Coroico, Caranavi, Pilón Lajas y otras regiones del departamento de La Paz.
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