El líder chiquitano tiene esperanzas en que los embajadores y diplomáticos que estuvieron presentes en la presentación de los informes alternativos de la sociedad civil en La Paz, hagan incidencia para las recomendaciones al Estado boliviano.
La Paz, 18 noviembre (ANA).- Los incendios forestales abrieron paso a la violación de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y campesinos y llevaron un sin número de delitos a estos territorios, afirma el defensor de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, Rubén Darío Arias. Su posición fue reflejada en uno de los informes que será expuesto este martes en Ginebra, en las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas.
“El fuego es una herramienta que no solo utiliza el Gobierno, sino también los empresarios, allegados al Gobierno y que dentro de las mal llamadas comunidades interculturales, su función económica social es para que trafiquen con la madera y luego se busquen traficantes de tierras para vender a terceras personas, sirve para que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) haga el cambio de uso de suelo como Tucabaca que tiene vocación forestal permanente”, asegura en entrevista desde Roboré.
El líder chiquitano, también coordinador de la Defensa de Tucabaca dentro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), asegura que los fuegos en la Chiquitanía permitieron a la ABT, autorizar monocultivos a menonitas, para que los grandes empresarios del agronegocio, en lugar de tumbar 300 hectáreas de manera mecanizada, lo hagan más barato y quemen el bosque a cambio de bajas multas.
“También sirve para que las famosas inmobiliarias especialmente en la creación de urbanizaciones afecten cuencas hídricas, el fuego se ha vuelto un arma y beneficia a unos cuantos en desmedro de comunidades y pueblos”, asegura.
Rubén Darío asegura que al panorama ya desalentador por las más de 9.8 millones de hectáreas quemadas este año, según datos del propio Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la minería ilegal también hace uso del fuego para abrirse áreas de explotación.
“Lo mismo, el narcotráfico que está casado con la minería ilegal está haciendo que los jóvenes empiecen a migrar, hay denuncias oficiales de San Ignacio de Velasco y Bajo Paragüa, que están empezando a migrar a las ciudades capitales porque han perdido sus chacos, su entorno y deben subsistir, ese es otro de los daños”, afirma.
El despojo territorial -asegura el líder indígena- se está dando en Bajo Paragüa, San Ignacio de Velasco, San Rafael, Guarayos y San Matías donde se han quemado más de 2 millones de hectáreas que han arrasado a su paso viviendas, lo que ha conllevado a la migración forzosa.
“Lo digo sin miedo y no hay que aparentar, la gran mayoría de los migrantes indígenas termina en la delincuencia, en la prostitución y mañana tenemos parientes que están presos y niños sin padres, para que sean los abuelos los que se hagan cargo de su crianza, para que puedan tener un destino, es larga la tarea, hay una afectación múltiple de los incendios”, advierte.
“Esperamos responsabilidad internacional”
El líder chiquitano tiene esperanzas en que la presentación previa de informes de la sociedad civil tenga incidencia en las embajadas con representación diplomática en Bolivia.
“Hubo presencia de consulados de varios países que van a estar como parte de la comisión de recomendaciones, se les hizo notar que tanto en minería como incendios tienen que ver que como embajadores sus empresas cumplan con la seguridad ambiental, con seguridad industrial, con el espacio cívico que corresponde a los bolivianos”, señala.
El representante afirma que varios estudios dan cuenta que extranjeros figuran como dueños de reservas forestales en el país, lo que es inaceptable.
“Para nosotros que año tras año estamos pendientes, es preocupante, pero lamentablemente que la sociedad civil se ha ido acostumbrando, el Estado en sus tres niveles en lugar de prevención se van preparando para las emergencias, no hay una verdadera actitud de prevención”, lamenta.
El estudio “Deforestación, incendios y los impactos en los Derechos Humanos en Bolivia” fue elaborado por la coalición Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA) liderada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Contiocap.
Dicho informe menciona que el “paquete incendiario” de leyes y decretos y tiene como objetivo económico el aumento de la producción de monocultivos como la soya, el maíz y el sorgo, así como también la exportación de carne vacuna y la producción de biodiesel, esto a través de la conversión de los bosques a campos de cultivos y áreas de pastoreo en zonas designadas como Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP).
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), señala que la ampliación de la frontera agrícola 2016/2020 tiene una meta de 4,7 millones de hectáreas, con un promedio de la deforestación de 250 mil hectáreas/año, parámetro a cumplir por las instituciones del Estado (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra).
“Las instituciones como la ABT y el INRA no cumplen con sus funciones de control y fiscalización por la desinstitucionalización de las mismas, a la vez que son colaboradores de organizaciones sociales como los “Interculturales” afines al gobierno. Esto ha provocado que Bolivia, un país rico en biodiversidad, se mantenga en el tercer lugar en los últimos tres años del ranking de los diez países con la mayor pérdida de bosques tropicales primarios, ubicándose después de Brasil y la República Democrática del Congo, según Global Forest Watch GFW”, señala partes del informe.
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