El TIM II presentó el 1 de julio una acción ambiental preventiva en contra de la minería ilegal aurífera en el río Madre de Dios ante el Juzgado del Tribunal Agroambiental de El Sena. CEJIS advierte que el Órgano Judicial ingresará en vacaciones judiciales, mientras que la AJAM sigue alentando nuevas áreas mineras.
La Paz, 3 diciembre (ANA).- El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) a través de su director, Miguel Vargas expresa su preocupación por la falta de pronunciamiento de parte del Tribunal Agroambiental sobre la acción ambiental preventiva directa presentada por el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) hace cuatro meses, en contra de la minería ilegal del oro en río Madre de Dios, y denuncia que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) sigue promoviendo nuevas áreas de explotación.
“Nos preocupa sí, porque la acción ambiental preventiva que ha sido derivada del Juzgado de El Sena al Tribunal Agroambiental (Sucre), porque la jueza argumentó que (la minería) al ser un problema que tiene un impacto mayor de la jurisdicción debería ser tratado por el ámbito nacional (…). Inicialmente vimos como un avance significativo, Sin embargo, cuatro meses después vemos con preocupación el hecho que el Tribunal no se ha pronunciado”, afirma a ANA.
Vargas explica que el Tribunal ha dado señales de voluntad para el desarrollo de líneas jurisprudenciales, de precedentes a favor de la naturaleza en anteriores casos. Sin embargo, reconoció preocupación desde el CEJIS —que acompañó la demanda— porque cuatro meses después de la acción el Tribunal Agroambiental aún no se ha pronunciado sobre la admisión.
“Entonces, esto pone en situación de indefensión y vulnerabilidad a las comunidades del TIM II”, advierte el ejecutivo del CEJIS.
Vargas señala que tiene conocimiento de que el presidente del Tribunal Agroambiental y algunos magistrados visitarán al TIM II entre el 7 y 8 de diciembre, durante la vacación judicial. “Entonces, no sabemos si esta acción va a repercutir en el proceso como tal, dado que la visita se realizará en el receso, pero será una oportunidad para que las autoridades conozcan la problemática”, explica.
Recuerda que la acción preventiva presentada durante la última etapa del gobierno de Luis Arce (MAS) dotó de pruebas con bastante sustento técnico y legal, sobre los impactos en varias dimensiones socioambientales en relación al río Madre de Dios, por la expulsión de metales pesados, de grasas, sólidos suspendidos, deforestación, entre otros.
“Las denuncias que se hicieron sobre el río Madre de Dios en relación a la actividad ilegal minera son cada vez más fuertes, porque las operaciones mineras están cada vez más consolidadas (…). Frente a eso hay una inacción de las instancias del Estado y eso repercute en la posición de los actores mineros, que dada la ausencia del Estado profundizan y normalizan situaciones que son totalmente ilegales”, explica.
En ese contexto afirma que, sí actualmente hay ilegalidad en la minería del oro en el río Madre de Dios, significa que cuenta con el amparo de las instancias del Estado, que ante la inacción o la omisión en el cumplimiento de funciones, se está permitiendo que esta ilegalidad se consolide.
Se refiere a las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la Cooperativa Minera Aurífera Asobal R.L, Corcino Cerezo, quien admitió que sus afiliados, a veces salen de sus áreas mineras autorizadas, para la extracción del “oro de arrastre”. Al respecto dice que se naturalizó la ilegalidad de las operaciones auríferas en el Madre de Dios.
“Siempre nos estamos moviendo de un área a otra área, a veces estamos fuera del área (autorizada), nadie dice que no se sale de su área minera, se sale por cuestiones de la naturaleza o producción (…). Si los bolivianos no aprovechamos esto, —oro de arrastre que viene de Perú— se va a Brasil”, señaló el dirigente minero en entrevista exclusiva con ANA.
AJAM promueve nuevas áreas mineras
Al retraso en la admisión de la acción ambiental preventiva Miguel Vargas, denuncia que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha solicitado una reunión con la dirigencia del TIM II, como sujeto de consulta, para ver si las áreas mineras que se están pretendiendo autorizar se sobreponen al territorio indígena.
“Había una respuesta del TIM II señalando el rechazo a este proceso de consulta, indicando que está por demás esta idea de querer llegar al territorio para ver si las áreas se sobreponen o no en campo, cuando la AJAM tiene toda la información y puede desde el ámbito técnico ver la sobreposición, por tanto, no se necesita entrar”, señala.
En ese marco dice que se debería resguardar la integridad del territorio indígena y no alentar más operaciones mineras, más aun cuando se tiene en puerta la resolución legal a la acción presentada.
Acción preventiva ambiental
La acción ambiental preventiva directa en contra de la minería ilegal del oro comprende 184 kilómetros sobre el río Madre de Dios.
La demanda se constituye en una acción legal legítima, colectiva y respaldada por varias comunidades, asambleas y organizaciones, que se ha presentado con base en hechos comprobados, estudios técnicos, monitoreos territoriales y leyes nacionales e internacionales. Su objetivo es detener el daño que la minería está causando al río Madre de Dios y a nuestras vidas como pueblos indígenas.
En la acción legal, el río Madre de Dios es considerada como sujeto de derechos; una fuente de vida fundamental para el Territorio Indígena Multiétnico II, que atraviesa una gran parte del territorio y es esencial para varias comunidades.
Para los pueblos Tacana, Cavineño y Ese Ejja, el río no es solo un recurso: es un ser vivo que forma parte de su identidad y de su territorio ancestral. Por eso, su destrucción representa también una amenaza directa a nuestra forma de vida.
Se ha podido establecer que a lo largo de los 184 kilómetros del río hay diez áreas con autorizaciones transitorias especiales (ATEs) donde deberían realizarse las actividades de forma legal, sin embargo, en el monitoreo socioambiental indígena se ha podido establecer que las mismas no están en las áreas autorizadas.
En paralelo, la AJAM desde el año pasado) ha restringido cualquier tipo de información sobre ATEs, proyectos de prospección, entre otros a las organizaciones indígenas, y les ha derivado a los propios pueblos indígenas la obligación de detallar las coordenadas sus solicitudes, es decir, hacer georeferenciación precisa.
/ANA/
