«Este avasallamiento lleva ya más de un mes sin intervención del Estado, mientras los avasalladores se refugian en comunidades cercanas, generando también amenazas y miedo en la población en general«, señala la empresa.
La Paz, 13 de septiembre (ANA).- Ante la creciente violencia de los avasalladores que invadieron áreas de trabajo donde opera Sinchi Wayra en el departamento de Potosí, el grupo minero solicitó la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina del Defensor del Pueblo de Bolivia
Una nota de prensa del Grupo Minero, señala que desde las 18:00 horas del jueves, en la zona La Reserva – Tres Amigos, avasalladores intensificaron el hostigamiento a la mina Reserva del grupo minero Sinchi Wayra, una operación con concesión legal y legítima sobre estas reservas mineras.
«Los atacantes han provocado explosiones de dinamita cada dos horas con el fin de amedrentar a los trabajadores, poniendo en riesgo no solo la vida e integridad de quienes laboran en la mina, sino también la de ciudadanos y comerciantes que mantienen relación económica con su actividad», señala el comunicado.
El grupo minero Sinchi Wayra señala que se encuentra entre los principales contribuyentes en impuestos al Estado boliviano, con inversiones que generan empleo formal, dinamizan la economía local. Y aunque afirma que opera bajo estricto cumplimiento de las normas vigentes, comunarios del Ayllu Acre Antequera, procesados por la empresa, denuncian impactos socioambientales en la zona, así como la criminalización de la defensa de los recursos naturales y el territorio.
«Este avasallamiento lleva ya más de un mes sin intervención del Estado, mientras los avasalladores se refugian en comunidades cercanas, generando también amenazas y miedo en la población en general. El amedrentamiento es ejercido por grupos que, tras haber saqueado la riqueza del Cerro Rico de Potosí, buscan extender su control hacia minas ya existentes para realizar actividades de minería ilegal, sin ninguna responsabilidad ambiental, social ni laboral», advierte la empresa.
La minera señala que el asedio sistemático con explosivos constituye una violación directa a instrumentos internacionales de Derechos Humanos:
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) en sus artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 21 (propiedad privada) y 25 (protección judicial).
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) en sus artículos 6 (derecho a la vida) y 9 (libertad y seguridad personales), que obligan al Estado a actuar frente a riesgos previsibles y a garantizar protección efectiva frente a amenazas a la población civil.
- La Observación General N 36 (2018, parágrafos 7 y 23) del Comité de Derechos Humanos, que establece que los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a las personas contra riesgos previsibles a la vida, aun cuando provengan de actores no estatales.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo inminente de pérdidas humanas, solicitamos:
- Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúe la adopción de medidas cautelares para proteger de manera urgente la vida y la integridad de los trabajadores y civiles afectados.
- Que la Defensoría del Pueblo de Bolivia intervenga de forma inmediata ante las autoridades competentes, requiriendo acciones concretas del Estado Plurinacional de Bolivia para desactivar el asedio y garantizar condiciones de seguridad en la zona.
Sinchi Wayra recuerda al Estado boliviano que tiene la responsabilidad de precautelar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas frente a un asedio que, por su magnitud y persistencia, amenaza con derivar en una tragedia humanitaria.
Versión gubernamental
El ministro de Minería, Alejandro Santos, quien surgió del sector cooperativista minero, confirmó que el avasallamiento en la zona de Jayaquila, Potosí, fue realizado por mineros cooperativistas que fueron invitados por comunarios de Puna.
Según explicó a Radio Fides, estos trabajadores, que anteriormente operaban en el Cerro Rico de Potosí, llegaron a la región con el respaldo de las comunidades para trabajar en áreas que actualmente están bajo operación de Sinchi Wayra.
La autoridad pidió tanto a los cooperativistas como a los comunarios respetar las normas y realizar cualquier actividad minera de forma legal, gestionando permisos en zonas habilitadas.
/ANA/
