Defender derechos en un país que suele mirar a los defensores como adversarios es un reto que requiere gran compromiso, constancia y conocimiento amplio de Derechos.
La Paz, 1 enero (ANA).- En Bolivia, la defensa del medio ambiente y de los territorios indígenas rara vez ocupa un lugar central en la agenda pública, el tema suele aparecer cuando una carretera avanza, cuando un río cambia su color o cuando una decisión tomada lejos del territorio empieza a sentirse en la vida cotidiana de las comunidades.
Desde ese lugar habla Ruth Alípaz, lideresa indígena y portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios y Áreas Protegidas (Contiocap). Su voz no responde a una coyuntura específica, sino a una trayectoria de defensa sostenida a lo largo del tiempo, atravesando distintos gobiernos y contextos políticos.
Alipaz explica que, en momentos de crisis económica, la presión sobre los territorios indígenas y áreas de alto valor ambiental tiende a intensificarse, no se trata de un fenómeno nuevo. “Cuando hay crisis económica, la presión siempre cae sobre los territorios indígenas”, señala, aludiendo a un patrón que se repite y que coloca a los defensores ambientales en una posición particularmente expuesta.
Defender y ser cuestionados
En el debate público reciente comenzó a circular una pregunta que se repite en discursos y redes sociales: ¿dónde estuvieron los defensores durante los últimos 20 años? Para quienes ejercen esta labor, no se trata de una pregunta orientada a comprender procesos históricos, sino de una forma de poner en duda la legitimidad de la defensa territorial.
Desde la experiencia de Ruth Alipaz, la defensa ambiental nunca estuvo ausente, esto se expresó en denuncias, en procesos comunitarios y en alertas tempranas frente a proyectos que afectaban territorios indígenas. Sin embargo, durante años, muchas de esas advertencias no fueron atendidas. “Cuando señalábamos la falta de consulta previa o los impactos de proyectos extractivos, la reacción era de incredulidad”, recuerda.
En ese contexto, cuestionar decisiones estatales desde los pueblos indígenas implicaba una doble carga, debido que, además de defender el territorio, había que justificar la legitimidad de la propia voz, incluso frente a gobiernos que proyectaban hacia el exterior una imagen de respeto a los derechos indígenas y ambientales.
Invisibilizar no es integrar
Invisibilizar no es integrar
Para Alipaz, una de las tensiones actuales tiene que ver con el lugar que ocupan los pueblos indígenas en el discurso público. En los últimos meses, se ha vuelto frecuente responsabilizar a lo plurinacional de los problemas económicos del país.
Desde su mirada, ese enfoque no promueve integración. “Eliminar o deslegitimar lo plurinacional no integra, sino, invisibiliza”. Se trata, explica, de derechos reconocidos que no pueden ser presentados como obstáculos sin afectar directamente a quienes los ejercen. Lo plurinacional no es un recurso discursivo, es el reconocimiento de pueblos y derechos colectivos y no deberían adscribirse como un regalo, sino es una conquista.
La defensa desde el territorio tsimane–mosetén
A esta lectura se suma la experiencia de Magaly Tipuni, presidenta del Concejo Regional Tsimané–Mosetén, desde su rol territorial, observa que el cuestionamiento a los defensores ambientales desconoce procesos organizativos largos, sostenidos desde las comunidades.
Magaly señala que las organizaciones indígenas han expresado observaciones frente a proyectos y políticas estatales cuando estas afectaban directamente a ríos, bosques y formas de vida. “Decir que no estuvimos es desconocer esa historia”, afirma. Para ella, la defensa ambiental no responde a alineamientos políticos, sino a impactos concretos en el territorio.
Esa independencia frente a los gobiernos de turno, es lo que muchas veces incomoda, porque desplaza el debate del plano partidario al de los derechos y las afectaciones reales.
Alertar no es oponerse
Tanto Alipaz como Magaly coinciden en que la figura del defensor ambiental sigue siendo mal entendida, ya que alertar sobre riesgos o vulneraciones suele interpretarse como oposición al desarrollo.
Para Ruth Alipaz, el rol de los defensores es hacer visible lo que el Estado no siempre alcanza a ver en los territorios, especialmente en zonas donde la presencia institucional es limitada. Desde el Concejo Regional Tsimané–Mosetén, Magaly añade que advertir a tiempo puede evitar daños irreversibles y conflictos posteriores.
Una defensa que no empezó ahora
La defensa ambiental y territorial en Bolivia no es un fenómeno reciente. Informes elaborados por la UNITAS han señalado de manera sostenida que los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular quienes actúan en territorios indígenas y rurales, han enfrentado cuestionamientos a su legitimidad a lo largo de distintas gestiones de gobierno.
Estos reportes advierten que, en periodos anteriores, la defensa del territorio fue presentada con frecuencia como oposición política o como un obstáculo para el desarrollo. Más que acciones directas, el señalamiento operó a través de discursos que relativizaban las denuncias o ponían en duda su origen comunitario.
Este patrón ayuda a explicar por qué la defensa ambiental no es una reacción coyuntural, sino una labor sostenida en el tiempo, que reaparece cada vez que la presión económica vuelve a situar a los territorios indígenas en el centro de las decisiones públicas.
Un contexto normativo que vuelve a ponerlos en escena
En este escenario, normas recientes como el Decreto Supremo 5503 han vuelto a colocar a los defensores ambientales en el centro del debate público. Más allá del contenido específico de la norma, lo que preocupa a las organizaciones indígenas es que los procesos de decisión se aceleren sin incorporar de manera efectiva la mirada de los territorios.
La inquietud no surge de la teoría, sino de experiencias previas en las que proyectos aprobados sin consulta adecuada dejaron impactos ambientales y sociales duraderos.
Diálogo y expectativas
Ante las observaciones planteadas por distintos sectores, el Gobierno anunció la instalación de mesas técnicas de diálogo para abordar algunos alcances del Decreto Supremo 5503. El anuncio fue realizado por José Luis Lupo Flores, Ministro de la Presidencia, como una señal de apertura para recoger observaciones.
Para los defensores ambientales, el desafío es que estos espacios permitan incorporar de manera efectiva las voces territoriales y no se limiten a instancias formales posteriores a la toma de decisiones.
Defender la vida
Para Magaly, la defensa ambiental está ligada a la vida cotidiana de las comunidades, el proteger un río o un bosque no es un acto simbólico, sino una forma de resguardar condiciones básicas de subsistencia.
Para Ruth Alípaz, la defensa del territorio nunca fue una tarea cómoda ni circunstancial. “No depende del gobierno de turno”, sostiene. En un contexto de urgencia económica, el desafío sigue siendo el mismo, avanzar sin volver invisibles a quienes históricamente han habitado y cuidado los territorios de nuestro país.
Este reportaje fue realizado en el marco del proyecto “Procesos de incidencia para el fortalecimiento de políticas ambientales y de conservación en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de Bolivia” implementado por LIDEMA y las plataformas departamentales por las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, con el apoyo de WWF, WCS y FUNDESNAP.
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