El manifiesto fue difundido a un día de que se desarrolle la audiencia judicial de este 24 de marzo en juzgados de la provincia Entre Ríos, donde el Tribunal Agroambiental definirá el futuro del territorio frente a las operaciones de Petrobras y el proyecto DOMO OSO X-3.
La Paz, 23 marzo (ANA).- En el marco de políticas extractivistas, el gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz negocia territorios y áreas protegidas con el gobierno de Brasil, para facilitar el ingreso de la petrolera Petrobras junto a YPFB a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en el departamento de Tarija, advierte en un pronunciamiento la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
«Negocia territorios y áreas protegidas con el gobierno de Brasil, mientras una empresa petrolera brasileña junto con la estatal boliviana criminalizan a humildes campesinas y campesinos que defienden la Reserva de Flora y Fauna Tariquía», señala el manifiesto a un día de que se desarrolle la audiencia judicial de este 24 de marzo en juzgados de la provincia Entre Ríos, donde el Tribunal Agroambiental definirá el futuro del territorio frente a las operaciones de Petrobras y el proyecto DOMO OSO X-3.
Según la Contiocap, el Gobierno de Paz repite lo que Evo Morales hacía durante su gobierno, de negociar con Brasil, junto a empresarios del agronegocio, las Áreas Protegidas y los Territorios Indígenas como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); ante la repetición de abusos similares, viendo cómo la empresa petrolera brasileña Petrobras junto a la estatal boliviana YPFB, «criminalizan a mujeres campesinas defensoras de la reserva de flora y fauna».
La organización indígena considera que la política extractivista del actual Gobierno, a tiempo de “fraguar flagrantemente documentos como el Plan de Manejo de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía mediante instancias estatales como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) posibilitan contratos de explotaciones petroleras” que afectan a esa área protegida.
Deben detenerse procesos penales contra defensores ambientales
A ello el documento agrega que ante la cerrada defensa de carácter pacífico de las 23 comunidades de Tariquía, Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) viene criminalizando a los defensores, ello ya instaurándoles dos procesos sin que al Estado boliviano actual parezca importarle, inclusive sin realizar consulta previa, libre e informada, vulnerando así la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).
De la misma manera se observa que si bien el gobierno de Lula Da Silva, el pasado mes de febrero retrocedió en sus intenciones de dragare los ríos amazónicos de su país para transportar soya y otros productos del agronegocio, en Bolivia las empresas brasileñas no respetan las leyes del Estado Plurinacional penalizando a quienes no permiten el avasallamiento y depredación en áreas protegidas como la Reserva de Tariquía.
El pronunciamiento se da a conocer a un día que se desarrolle la audiencia judicial en la sala de Audiencias de la Casa de Justicia este martes 24 a las 9.00 horas, en medio de versiones respaldadas con documentos y que demuestran que Petrobras habría pagado Bs 400 mil para ingresar a la zona y otro monto semejante tras la aprobación de la licencia ambiental (v. “Domo Oso X3: Pactos económicos entre Petrobras y un comité de Saicán permitió la Licencia Ambiental que afecta a Tariquía”, 23/03/26/, ANA Bolivia).
En ese sentido, la organización que agrupa a los pueblos y territorios indígena originarios exige detener los procesos penales contra los defensores de la Reserva de Tariquía, respetar la CPE, la consulta previa, libre e informada, las leyes de constitución de las áreas protegidas y el Acuerdo de Escazú suscrito por Bolivia, el cual vela por el derecho ciudadano al libre acceso a información ambiental.
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