El biólogo Marco Octavio Ribera Arismendi advierte que la superficie efectivamente protegida solo abarca el 11.4% del total del territorio nacional y se requieren de manera estratégica y urgente, activar acciones que reviertan esta situación.
La Paz, 14 septiembre (ANA).- Bolivia es uno de los más de 190 países que se comprometieron el 2024 con la tercera meta del Marco Global para la Diversidad Biológica (MGDB) denominada 30 x 30. Para el biólogo Marco Octavio Ribera, es urgente dar una eficiente protección a las áreas protegidas, nacionales y subnacionales, Sitios Ramsar, así como los ecosistemas estratégicos para garantizar la conservación de al menos el 30% de su superficie al 2030.
Dichas áreas ofrecen funciones ecosistémicas vitales, incluyendo la conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, medios de vida, especies, hábitats y diversidad genética, regulación del clima y del ciclo hidrológico, la protección de cuencas, purificación del aire, mitigación de desastres como inundaciones, sequías, además de mantenimiento de la salud del suelo para la agricultura y otros usos.
El experto señala que, de sumarse las superficies de protección efectiva (SPE) de la biodiversidad de las áreas protegidas nacionales y subnacionales, éstas solo llegan a 123.130.000 hectáreas, equivalente al 11.4% del territorio nacional.
“Si a ese total se le incluyen las cifras de la efectiva protección de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos, como Sitios Ramsar, Reservas Forestales y Tierras Comunitarias de Origen (TCO), la superficie efectiva suma un total del 19.77% respecto del territorio nacional; es decir, aún bastante lejos del esperado 30×30”, explica el biólogo Marco Octavio Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
Ribera advierte que, en condiciones críticas de reducción de efectividad de gestión, las superficies de protección efectiva pueden reducirse hasta en un 50%, lo cual es muy preocupante, considerando el rol vital que cumplen las áreas protegidas y estratégicas en la provisión de recursos para el desarrollo sustentable, como el turismo, la investigación científica y la cultura, y fundamentales para la provisión de agua y alimentos.
“Una estimación de la superficie efectivamente protegida y con funciones de control regular, da un resultado preocupante, sólo un 58,7% de la totalidad de las áreas protegidas de interés nacional tiene protección efectiva, o sea, hay un gran margen de superficie en las áreas protegidas que no goza de las acciones de control y protección efectiva del Estado”, asegura Ribera.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) comprende 23 áreas protegidas de relevancia nacional y cubre 17 millones de hectáreas, equivalente a un 15.5% del territorio nacional, superficie que cuenta con leyes, decretos y reglamentos que hacen a su protección.
De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Bolivia cuenta con 198 áreas protegidas, de las cuales 24 –incluido El Chore- son de carácter nacional, 29 departamentales, 144 municipales, además de dos de reciente creación en Santa Cruz y en Beni, cuatro espacios de áreas protegidas indígenas, originarias y campesinas, entre las que se destaca una de las más importantes, Ñembi Guaso, que se encuentra entre el Parque Otuquis y el Parque Kaa Iya, en la región del Chaco.
Solo el 9% del territorio nacional con protección
Las estimaciones de Lidema dan cuenta que el SNAP que comprende las áreas protegidas nacionales y subnacionales (departamentales y municipales) sólo protege el 9% de la superficie del territorio nacional, principalmente por la reducción drástica de guardaparques, una baja asignación presupuestaria y la presencia de actividades extractivistas que tienen aval del nivel gubernamental e incluso actividades ilícitas donde las acciones de control estatal no pueden proceder.
La reducción de guardaparques en casi todas las áreas protegidas, hasta en un 40% o más, se ha traducido en el cierre de campamentos. “En el Parque Noel Kempff Mercado que tenía 30 guardaparques a inicios del 2005-2006 acabó con básicamente 11, y hay casos aún peores donde se han cerrado campamentos en zonas claves para la conservación de la biodiversidad”, afirma. La relación de solo 270 guardaparques para controlar 17 millones de hectáreas, es un claro indicador del estado crítico del SNAP.
La baja asignación de recursos por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el SNAP, en cuanto al mantenimiento de las 23 áreas protegidas es otro tema preocupante, según el experto. “Hay un vacío tremendo de financiamiento activo para el funcionamiento de estas áreas protegidas que protegen el patrimonio natural del país”, dice.
Este contexto señala que se traduce en limitaciones de logística. «No funcionan los motores, no funcionan los botes, no funcionan los cuadratracks, las movilidades están parqueadas, no tienen mantenimiento, no hay gasolina, no tienen diésel de gasolina, hay una serie de situaciones que limitan las actividades de control de lo que es la gestión”, afirma.
El tema de control y protección –apunta Ribera- es el tema neurálgico más importante y es básicamente lo que ha fallado en todo lo que es la historia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
De acuerdo con el Comité Impulsor para el Financiamiento de Áreas Protegidas que se conformó el 2024, se requiere anualmente un presupuesto de 160 millones de bolivianos (Bs) para la gestión efectiva, mientras que con 70 millones de bolivianos (Bs) se cubre solo lo básico.
El sistema de áreas protegidas es sostenido principalmente por recursos de la cooperación internacional y programas globales destinados a la conservación de bosques y biodiversidad.
“Ni qué decir de las zonas donde hay riesgo de narcotráfico, hay zonas rojas en las áreas protegidas donde los guardaparques no pueden entrar, bajo riesgo evidentemente de muerte”, afirma.
Las contradicciones al momento de ejercer el control y protección de las áreas protegidas nacionales, según el investigador, se da cuando por un lado, comunarios son multados por chaquear o “tumbar un árbol”, pero al mismo tiempo los guardaparques no pueden ingresar a zonas de operaciones petroleras como en el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía o a la cabecera del río Tuichi en el Parque Nacional Madidi, donde se realizan operaciones mineras.
La protección efectiva es la que se desarrolla en condiciones de presencia regular o permanente de los cuerpos de control en zonas claves o de mayor vulnerabilidad de las AP, especialmente en zonas perimetrales o de bordes externos (límites legales de las áreas).
Para cumplir con el control y protección efectiva de las áreas protegidas, el investigador enfatiza en la necesidad de contar con equipos y movilidades que permitan a los guardaparques cumplir recorridos rutinarios de vigilancia o llegadas oportunas en situaciones de emergencia.
“Uno de los elementos más importantes de la gestión de las áreas protegidas, sin desmerecer las operaciones de turismo, de investigación científica, de monitoreo, etcétera, el tema de control y protección es el tema neurálgico más importante y es básicamente lo que ha fallado en todo lo que es la historia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, asevera.
Áreas protegidas subnacionales y TCO
Las áreas protegidas subnacionales abarcan municipales y departamentales; 144 áreas protegidas municipales ocupan una superficie legal de más de 2.4 millones de hectáreas, esto es un 9% del territorio nacional en términos teóricos y legales.
“Varias (áreas protegidas subnacionales) tienen superficies mayores de 2.000 hectáreas, son muy importantes, en el caso por ejemplo del área de Bajo Madidi y del norte de La Paz tienen más de un millón de hectáreas, es una área extraordinaria en la provincia de Iturralde y así tenemos muchas otras áreas, otras muy pequeñas, básicamente asentadas en los entornos de los radios urbanos”, explica.
A pesar que son áreas que cubren regiones ecológicas que podrían ser de gran importancia para la protección de la biodiversidad, su superficie efectivamente protegida es de un 25% respecto de su cobertura, según Ribera, por tanto equivale a menos del 2,24% de superficie del país.
Las áreas subnacionales no figuran en general en los planes de desarrollo integral territorial. “Hay un vacío de gestión a nivel subnacional; ni qué decir las departamentales, las gobernaciones se eximen del control y gestión de estas áreas protegidas, pocas áreas protegidas municipales funcionan efectivamente en el país con el apoyo de los gobiernos municipales como el caso de Tucabaca, San José de Chiquitos, algunas muy cerca de San Ignacio de Velasco, pero el resto de áreas están básicamente muy poco gestionadas por los gobiernos municipales”, observa.
En el diagnóstico realizado por Lidema se ha identificado que solo un 20% de los Sitios RAMSAR (destinados a la protección de humedales) cuenta con atención estatal y dicho porcentaje corresponde a los sitios que se hallan dentro de áreas protegidas nacionales.
En tanto que la extensión legal de las 12 reservas forestales, muchas con grandes superficies (Iturralde, Guarayos, Choré), abarca más del 37,5% del territorio nacional, pero solo un 10% está efectivamente protegida.
El total de las 406 Tierras Comunitarias de Origen (TCO), se extiende a más de un 21.8% del territorio boliviano, sin embargo, por el profundo marginamiento y escaso apoyo del Estado, la superficie efectivamente protegida por las comunidades indígenas tampoco superaría un 10%.
Problemas estructurales del SNAP
En un trabajo exhaustivo Lidema ha identificado los problemas estructurales que enfrenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ha planteado varias posibles soluciones a estas necesidades:
1. Marco normativo del SNAP obsoleto (Reglamento de Áreas Protegidas de 1997).
2. Ausencia de salvaguardas legales y sociales para neutralizar las fuertes amenazas e impactos por megaproyectos y extractivismo.
3. Impactos crecientes en ecosistemas clave y de alta fragilidad, ocasionan el deterioro de las funciones y servicios ecosistémicos de las áreas protegidas.
4. Crisis y precariedad institucional del SERNAP, nombramientos de cargos jerárquicos con procedimientos no establecidos por el Reglamento de Áreas.
5. Techo presupuestario insuficiente para cubrir las acciones de protección y cumplir con obligaciones laborales.
6. Manipulación de las zonificaciones de manejo para acomodar proyectos o procesos extractivos y megaproyectos.
8. Debilidad del control social y la gobernanza de los Comités de Gestión.
9. Fuertes procesos de deterioro ecológico y cultural de las zonas de influencia y la pérdida de conectores ecológicos y ecosistemas clave.
La meta 30×30 es un objetivo global, parte del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que busca proteger y gestionar de forma efectiva, al menos, el 30% de las tierras, aguas continentales, costeras y marinas del planeta para el año 2030. Esta iniciativa pretende asegurar que la naturaleza pueda prosperar, proporcionando beneficios vitales para la sociedad, como la captura de carbono, el apoyo a polinizadores y la provisión de alimentos y recreación.
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