La audiencia de evaluación de peritaje dentro de la demanda ambiental presentada por Wilson Perrogón, cacique de la TCO Turubó Este, contra el representante legal de la hacienda San Lorenzo.
La Paz, 8 octubre (ANA).- Este jueves 9 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el Juzgado Agroambiental de Roboré será escenario de un momento decisivo en la defensa del agua y la vida. Se realizará la audiencia de evaluación de peritaje dentro de la demanda ambiental presentada por Wilson Perrogón, cacique de la comunidad indígena Buena Vista, perteneciente a la Tierra Comunitaria de Origen Turubó Este, contra el representante legal de la hacienda San Lorenzo, de propiedad del ciudadano argentino Andrés Maggy.
La demanda fue interpuesta por los daños ambientales, a la biodiversidad y a la salud pública provocados por la construcción irregular de represas sobre el río San Lorenzo, intervención que alteró su cauce natural y afectó directamente los sistemas de vida de las comunidades.
El documento, presentado en agosto del año pasado, señala que la Hacienda San Lorenzo, representada por Raúl Áñez Campos, instaló ilegalmente sistemas de riego y represas entre 2014 y 2016 en las nacientes del río, sin contar con licencia ambiental.
Desde finales de 2020, el río San Lorenzo ha sufrido una disminución alarmante de su caudal, llegando a secarse por completo en noviembre de ese año. Esta situación ha afectado a 240 familias de las comunidades San Juan y Buena Vista, pertenecientes a la TCO Turubó Este, vulnerando su derecho al agua y a la alimentación, y poniendo en riesgo sus medios de vida tradicionales basados en la agricultura, la caza y la pesca.
Aunque e la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD) de Santa Cruz ordenó en 2020 la restauración del cauce y la restitución del caudal ecológico, la infraestructura ilegal permanece en el lugar y las medidas de reparación no han sido cumplidas, profundizando el daño ambiental y social.
El proceso judicial ha avanzado hasta su etapa final, y en esta audiencia el juez podría emitir un veredicto definitivo. La TCO Turubó Este busca que en sentencia se establezca la Responsabilidad Ambiental del Demandado y se determinen medidas de Reparación (retiro de la infraestructura y restauración de las áreas afectadas) e Indemnización por los daños causados a las familias afectadas.
Este fallo puede sentar un precedente histórico para la justicia ambiental en Bolivia, marcando el rumbo sobre cómo se protegen —o se vulneran— los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Ante la importancia de este hecho, las comunidades chiquitanas convocan a la sociedad civil, organizaciones ambientales, medios de comunicación y ciudadanía en general a acompañar la audiencia como muestra de respaldo a la defensa del agua, los ríos y los derechos colectivos.
Los ríos no se privatizan, no se desvían, no se destruyen. Deben correr libres.
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