Las organizaciones denuncian además que el PL 157 viola el artículo 401 de la CPE al suspender por diez años la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social (FES) para las medianas propiedades convertidas.
Por: Fundación TIERRA
La Paz, 28 de marzo (ANA).- A través de un pronunciamiento conjunto, 11 organizaciones especializadas en derecho agrario, derechos indígenas y política de tierras cuestionaron este viernes la aprobación, en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley 157 de conversión de pequeña propiedad a mediana. La norma, que fue aprobada en medio de cuestionamientos por la falta de socialización y debate, vulnera artículos específicos de la Constitución Política del Estado (CPE) y sienta las bases para una reconcentración de la propiedad de la tierra en el país.
“El Proyecto de Ley 157 debe ser rechazado por ser una norma contraria a la Constitución y no haber respetado los procesos de consulta previa a las organizaciones indígena originaria campesinas. Anunciamos que si el presente proyecto de Ley es promulgado se presentará inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad, por ser flagrantemente violatorio al espíritu del régimen de recursos naturales y artículos expresos de la CPE. Bolivia necesita políticas que fortalezcan el desarrollo rural con equidad, no normas que debiliten derechos, erosionen la institucionalidad agraria y pongan en riesgo la base territorial de la vida”, señala el documento.
El pronunciamiento conjunto señala que el PL 157 vulnera el artículo 394, parágrafo II de la CPE, que establece la inembargabilidad de la pequeña propiedad agraria como garantía de su función social y como patrimonio familiar. Al eliminar esta protección en la práctica, la norma abre la puerta a que familias campesinas pierdan sus tierras por incumplimiento de obligaciones crediticias, lo que derivaría en una reconcentración de tierras prohibida de manera expresa por el artículo 398 de la Constitución. La tierra dejaría de ser sustento familiar para convertirse en un activo sometido a la lógica del mercado, los bancos y la especulación.
Las organizaciones denuncian además que el PL 157 viola el artículo 401 de la CPE al suspender por diez años la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social (FES) para las medianas propiedades convertidas, que es el principal mecanismo legal para revertir tierras improductivas al Estado. Suspender esta verificación equivale, en los hechos, a garantizar impunidad para el acaparamiento de tierras y habilitar el retorno del latifundio, figura expresamente prohibida por la Constitución.
A estas violaciones constitucionales se suma que la norma establece que para convertir una pequeña propiedad en mediana se establece un plazo máximo de diez días, bastando una solicitud escrita y una declaración jurada. Las organizaciones advierten que este procedimiento exprés reduce al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a un simple tramitador administrativo, vaciando de contenido su función de control, fiscalización y resguardo del régimen agrario.
Las organizaciones firmantes también señalan que la norma fue aprobada sin debate público amplio, sin estudios técnicos sobre el estado de la tenencia de la tierra en el país y sin ningún proceso de consulta previa a las organizaciones indígena originario campesinas, tal como lo exigen la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos colectivos. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados quedaron en evidencia interpretaciones contradictorias y limitadas sobre el alcance real de la norma.
Además, advierten que el PL 157 no es una norma aislada, sino el primer paso de un paquete de leyes agrarias orientadas a fragmentar tierras comunitarias y territorios indígena originario campesinos, con consecuencias directas sobre la identidad, la cultura, el idioma y los modos de vida de los pueblos originarios de Bolivia.
Las organizaciones firmantes son la Fundación TIERRA, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBFCC), la Fundación Solón, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), la Organización de Apoyo Legal y Social (Oré), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), la Revista Nómadas, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), la Coalición Nacional por la Tierra (CNT-Bolivia), y el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Cochabamba) CENDA.
“El proyecto de ley entra a cuestiones de orden medular en el régimen agrario y la manera en la que ha sido aprobada en la cámara de Diputados no tiene nombre. Como instituciones denunciamos y expresamos nuestro rechazo a la aprobación de este proyecto de ley y nos oponemos a que sea promulgado”, manifestó Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación TIERRA.
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