Insta al Estado boliviano, dejar de perseguir a los defensores de los Derechos Humanos Ambientales.
La Paz, 10 de abril (ANA).– El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd calificó el miércoles de profundamente preocupante la situación de los Derechos Humanos en Bolivia e instó al Estado boliviano, a dejar de perseguir a los defensores, que a menudo son indígenas.
“La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los Derechos Humanos Ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractivista. Los Derechos Humanos dependen de una acción rápida”, afirmó el Relator mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Producto del modelo extractivista implantado por el gobierno del MAS, las normas se flexibilizaron a favor de las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera y minera, tanto en áreas protegidas como en territorios indígenas.
La consulta previa libre e informada, en el mejor de los casos se convirtió en mero trámite administrativo, donde las comunidades indígenas y campesinas no tienen la posibilidad de rechazar proyectos extractivistas, la ampliación de la frontera del agronegocio a costa de la deforestación, ni la construcción de infraestructura carretera u obras que les afecten directamente, ya que el Estado es juez y parte y termina imponiendo su voluntad.
A solo denuncias de parte de mineros cooperativistas -aliados del Gobierno- el sistema judicial activó procesos penales no solo en contra de dirigentes indígenas de las zonas afectadas por la minería, sino también en contra de guardaparques, por el hecho de cumplir su trabajo y denunciar la minería ilegal al interior de las áreas protegidas.
Defensores de Derechos Humanos y el Medioambiente han sido sujeto de persecución no solo judicial, sino también de acoso laboral al interior de las instituciones donde cumplen sus funciones, como es el caso de los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, quienes fueron abandonados a su suerte por la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), mientras enfrentaban un juicio instaurado en su contra a denuncia de un minero aurífero.
El proceso también fue activado contra los guardaparques, especialmente Uzquiano, por ofrecer entrevistas a medios de comunicación. De hecho, el minero aurífero Ramiro Cuevas, a través de su abogado cuestionó en audiencia, que ellos dieran entrevistas a periodistas, con lo cual también se pretendió socavar su derecho a la libertad de expresión.
El 31 de diciembre, ANA publicó el reportaje titulado: “Ya no tenemos paz”: la voz de los defensores del Madidi desplazados por la minería, donde el guardaparque, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, Marcos Uzquiano relató todo el asedio estatal que enfrentaba por denunciar la minería ilegal al interior del Parque Nacional Madidi.
El Relator de la ONU también escribió: “No a la extracción de recursos industriales en parques nacionales y otras áreas protegidas. Estos son lugares donde anteponemos los derechos de las comunidades locales y los derechos de la naturaleza a los intereses corporativos”.
La reacción de David Boyd fue también al reportaje: “¿Poder para el pueblo? La búsqueda de gas en Bolivia apunta a parques nacionales y divide a las comunidades”, difundido por The Guardian en el que se cuestiona que las exportaciones de combustibles fósiles estaban destinadas a financiar una agenda revolucionaria de izquierda.
Sin embargo, la decisión del Estado de perforar en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha provocado un amargo conflicto y rendimientos decrecientes. “Así comenzó uno de los casos más emblemáticos de resistencia de Bolivia a las industrias energética y minera”, destaca el trabajo periodístico.
ANA
