Estos esfuerzos, según el Viceministro de Medio Ambiente, están respaldados por el Plan Nacional de Desarrollo Social y Ambiental (PDESA) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2026-2030.
Santa Cruz, 6 octubre (ANA).- El Gobierno a través del viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal de Bolivia, Jorge Ávila Antelo, anunció durante el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y El Caribe (RedLAC) en la ciudad de Santa Cruz, la aprobación de dos normas; la ley marco de financiamiento climático y la ley de mercados de carbono.
“Bolivia ha decidido actualizar su normativa nacional para brindar seguridad jurídica a la comunidad internacional y a todos los actores presentes. Ya la ley marco de financiamiento climático a la que ha hecho referencia el Embajador de la Unión Europea, institución que nos prestó un apoyo extraordinario para concretar dicho proyecto, así mismo a la ley de mercado de carbono. Ambas serán aprobadas en los próximos días, es el compromiso político que se ha asumido entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo”, señaló Ávila durante la primera jornada de RedLAC.
Ante un auditorio colmado de representantes de fondos ambientales y aliados institucionales, Ávila señaló que la intención es trabajar en la gobernanza de la institución pública, para que la ruta de participación de los mecanismos de financiamiento climático sea clara y transparente.
“Los retrasos han sido tangibles, pero Bolivia se propone asegurar la conservación efectiva de su territorio que concentra una parte esencial de nuestros bosques, nuestras fuentes de agua y la biodiversidad estratégica del país. Esto significa proteger los ecosistemas que sostienen la vida y la resiliencia climática de nuestras poblaciones”, explicó en instalaciones del centro de convenciones de la Cainco.
Señaló que se debe modernizar y fortalecer la gestión ambiental, consolidando planes de protección, monitoreo y manejo y construcción una institucionalidad capaz de responder con eficiencia, transparencia y credibilidad.
Al momento de mencionar los modelos de desarrollo, dijo que deben ser compatibles con la conservación, el turismo sostenible, la producción responsable, manejos comunitarios de recursos y oportunidades económicas.
“Estos esfuerzos están respaldados por el Plan Nacional de Desarrollo Social y Ambiental y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2026-2030 que constituyen el marco sólido de la política pública y la confianza”, señaló.
Ávila dijo que el país transita en un franco proceso de restructuración del sistema nacional de áreas protegidas, con algunas dificultades en el camino. “Son herencias del pasado que dejaron una institucionalidad ambiental destruida, muy desprestigiada, demasiados vicios que estamos tratando de recuperar. No es fácil porque son casi 20 años de mal manejo, pero la decisión política que tienen el Presidente (Rodrigo Paz) y el Ministro (Ernesto Justiniano) es implementar el fortalecimiento de la institucionalidad”, dijo.
Anunció que la Estrategia Nacional de Biodiversidad será aprobada mediante decreto supremo. “En días pasados hemos acompañado al ministro Ernesto Justiniano en la ciudad de Nueva York donde hemos dado pasos gigantes para consolidar el PDESA que abarca a las 24 áreas protegidas nacionales equivalente al 17% del territorio nacional y las áreas protegidas del gobierno autónomo de Charagua que representa el 76% de su territorio (…). Bolivia ha decidido actualizar su normativa nacional para brindar seguridad jurídica a la comunidad internacional y a todos los actores presentes”, aseveró.
Mencionó que el PDESA que ha sido reclamado y repetido varias veces durante las ponencias, tiene que ver con el mecanismo de financiamiento propio. “La semana pasada el ministro Justiniano se sentó con los promotores a nivel mundial de este mecanismo y él les ha comprometido que Bolivia va a garantizar el establecimiento de este sistema de apoyo financiero para las áreas protegidas”, sostuvo.
Es una oportunidad única -dijo la autoridad- e instó a recuperar plenamente la institucionalidad del sistema de áreas protegidas. “Nos plantean con mucha claridad, necesitan una respuesta institucional sólida y es una prioridad que hemos asumido”, acotó.
De hecho, durante el primer panel de expertas, denominado: “El rol de los fondos ambientales: resiliencia y legitimidad”, Adriana Cogalvez del GEF; Naysa Ahuja del Fondo de Adaptación, Avecita Chicchon de la Fundación Moore, además de Paulina Arroyo de Enduring Earth, coincidieron en que Bolivia necesita el Plan Nacional de Desarrollo Socio Ambiental (PDESA) para avanzar.
“Bolivia es un país megadiverso, contamos con 54 millones de hectáreas de bosques que representan el 47% de nuestro territorio y más del 35% bajo diferentes categorías de protección, superando ampliamente la meta global del 30×30, pero nuestro compromiso no es solo con una cifra es con la vida, con los ecosistemas , las comunidades que los habitan y los servicios ambientales que sostienen la seguridad hídrica, alimentaria y climática de millones de personas.
Destacó que las áreas protegidas resguardan la mayor riqueza natural del país, así como especies únicas de animales y plantas, ecosistemas estratégicos, recursos genéticos y recursos ambientales esenciales como la regulación climática, la captura de carbono, la producción del agua, la polinización que sostiene la agricultura. También protege valores culturales profundos, expresiones humanas y conocimientos tradicionales que forman parte de la identidad de nuestros pueblos.
En Bolivia las instituciones organizadoras son la Fundación Nacional para el Desarrollo del Sistema de Áreas Protegidas (Fundesnap) y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).
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