Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico*
Con el tiempo uno desarrolla cierta intuición para detectar cuándo el Estado está a punto de dispararse en el pie. Hoy volvemos a ver como esta vieja y trágica tradición nacional vuelve a repetirse por la carencia de una política minera que hábilmente pretende ser maquillada por “iniciativas” legislativas que lejos de buscar un beneficio para el país, pretenden buscar otros beneficios para particulares.
La última de estas iniciativas es el Proyecto de Ley PL-728-2025-2026, irónicamente bautizado como «Ley Corta de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves de la Minería Estatal».
Resulta verdaderamente conmovedora la fe ciega de nuestros proyectistas o su hábil capacidad de maniobra para hacernos creer lo que no es cierto. Al carecer de una brújula o un plan integral a largo plazo, han decidido que la mejor estrategia de Estado es la improvisación documentada. A simple vista, el texto pretende ser el guardián del patrimonio: ordena elaborar un «Inventario Nacional de Desmontes, Colas y Relaves» en 180 días y prohíbe disponer de estos pasivos sin una valoración técnica actualizada (Artículo 13). Incluso, en un arranque de lucidez fiscalizadora, el Artículo 19 instruye a la Contraloría auditar las operaciones de los últimos 10 años.
Esta es, sin duda, una medida sanitaria indispensable para esclarecer los fuertes rumores de ventas subvaluadas y daño económico que han sido denunciadas en gestiones pasadas, sobre el zinc, el cobre y estaño, y establecer responsabilidades sobre los malos funcionarios que estarían involucrados; sin embargo, el diablo, como siempre en la minería, está en los detalles y en la asombrosa amnesia institucional del documento.
Es fascinante cómo el proyecto resuelve los problemas operativos: creando más burocracia, siguiendo la brillante estrategia de ignorar lo que ya existe, ¡Viva el Estado Tranca!
El documento erige una flamante «Unidad de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves» bajo la tutela directa del Ministerio de Minería y Metalurgia. ¡Listo!, con un plumazo, despojan a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) de la administración de su propio patrimonio.
Lo más irónico de esta «innovación» legislativa es que ignora olímpicamente la existencia del «Reglamento para la Comercialización de Cargas mineralizadas decomisadas, Pallacos, Colas y Desmontes», que rige en la COMIBOL desde 2013. Ese reglamento no es un adorno; exige licitaciones públicas internacionales para cargas mayores a 101 Toneladas Métricas Brutas (TMB) y restringe la venta directa a pequeños volúmenes menores a 100 TMB que, además, no contengan estaño ni metales preciosos.
Pero, ¿para qué usar los candados normativos que ya tenemos cuando podemos crear una nueva súper-unidad que centralice todo el poder? Al no abrogar ni integrar el reglamento de 2013, el PL-728/25 crea un cortocircuito procedimental perfecto. Si esta burocracia paraliza las ventas actuales, el Estado perderá millones por el lucro cesante ante la volatilidad de los precios. Y cuando la Ley N° 1178 exija cabezas por el daño económico, tendremos un clásico recurrente laberinto: el Ministerio valorará y ordenará la venta, pero los técnicos de COMIBOL pondrán la firma. Una verdadera obra de arte de la dilución de responsabilidades.
La prisa por hacer «caja chica» es tan grande que el Estado ha decidido borrar su propia memoria técnica. Hace años, la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA), en coordinación con COMIBOL, ejecutó estudios y valoraciones de estos mismos proyectos, calculando su riqueza en varios millones de dólares. Si aplicamos las elevadas cotizaciones actuales de los minerales a esos volúmenes históricos, el valor de nuestros pasivos es monumental.
Pero la genialidad de no tener una política pública es que no necesitas medir antes de vender. Antes de siquiera balbucear la palabra «monetización», el Estado tendría la obligación ineludible de realizar una nueva cuantificación y cualificación con estudios geológicos y metalúrgicos de última generación. Establecer la calidad, la cantidad y el contenido real de los minerales es un imperativo. Pretender rematar estos pasivos basándose en estimaciones apresuradas es, sencillamente, un desfalco legalizado a la nación.
Esta ceguera voluntaria cobra ribetes de tragedia si alzamos la mirada hacia el tablero global. Estamos inmersos en una «Guerra Fría» tecnológica. Mientras Estados Unidos organiza cumbres, como la Conferencia Ministerial de Minerales Críticos de febrero de 2026, para blindar su «seguridad nacional» e «innovación tecnológica» frente a China, nuestros “padres de la patria”, redactan leyes para rematar nuestros recursos y pagar deudas a corto plazo.
Las colas centenarias de Catavi o Atocha no son simples cerros de polvo de estaño, zinc o antimonio; son bóvedas que albergan minerales críticos de altísima tecnología, como el indio, el galio y las codiciadas tierras raras. Al no contar con laboratorios nacionales de espectrometría de masas, nuestra flamante Unidad del Ministerio padecerá de «ceguera mineralógica».
Y aquí es donde entran los grandes ganadores de nuestra ignorancia: gigantes del oligopolio global como Trafigura y Glencore. Con el control absoluto de la logística naviera y financiera, estos traders serán los únicos capaces de adjudicarse estas inmensas licitaciones. Comprarán nuestros relaves a precio de ganga, lo exportarán en bruto y, en sus sofisticadas refinerías en el exterior, separarán los minerales críticos para venderlos a precios estratosféricos. Así, con el beneplácito de la ley, Bolivia volvería a financiar la transición energética del Norte Global, vulnerando el mandato constitucional de la industrialización (Art. 355).
El toque final del proyecto es su Artículo 22 sobre protección ambiental. Con una tibieza que asusta, señala que la monetización no debe generar nuevos pasivos y que, si sobra voluntad, los recursos «podrán» usarse para remediación.
Es el negocio perfecto para el Primer Mundo: ellos se llevan las tierras raras para sus energías limpias y sus innovaciones verdes, y a nosotros nos dejan el drenaje ácido y los metales pesados en las comunidades. Una política de Estado real no buscaría vender tierra tóxica; exigiría, como condición innegociable a estas transnacionales, la instalación de complejos metalúrgicos de cero emisiones en nuestro territorio. Que procesen esas colas, desmontes, relaves acá, que transfieran su tecnología, y devuelvan a los pueblos mineros tierras y aguas limpias.
Bolivia vive atrapada en un ciclo de autoflagelación: desconocemos nuestro verdadero potencial minero por un crónico y vergonzoso rezago en exploración geológica, y ahora pretendemos hacer exactamente lo mismo con la inmensa riqueza que aún guardan nuestros pasivos. Promover leyes para vender rápido lo que no hemos medido bien no es pragmatismo económico, es la confesión por escrito de que hemos renunciado a pensar el país y su patrimonio.
Sin una verdadera cualificación científica de nuestras colas y careciendo de estudios geológicos profundos, hablar de industrialización no pasará de ser la muletilla política como en las últimas dos décadas. Entretanto, nuestra riqueza continúa esfumándose en los barcos de las transnacionales bajo el amparo de iniciativas como el Proyecto de Ley PL-728-2025-2026.
*Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
