“Cada nuevo incendio sobre una superficie previamente degradada reduce la capacidad de recuperación ecológica, acelera la pérdida de biodiversidad y profundiza el deterioro estructural del territorio”, advierte el especialista en Geomática Ambiental, Rafael Cabrera.
La Paz, 5 septiembre (ANA).- Cerca del 75 % de las hectáreas quemadas en lo que va de la presente gestión, corresponde a territorios que registraron incendios previos, por lo que las cicatrices de incendios forestales permiten identificar patrones de recurrencia, degradación acumulativa y pérdida progresiva, afirma el especialista en Geomática Ambiental, Rafael Cabrera.
“Continuar concentrando el análisis únicamente en los focos de calor significa seguir observando el síntoma y no la enfermedad; la tecnología actual permite evaluar indicadores mucho más reveladores”, señala.
En entrevista con ANA, Cabrera afirma que es momento de dejar de hablar exclusivamente de focos de calor y comenzar a analizar las cicatrices de incendio, es decir, las huellas permanentes que el fuego deja sobre el territorio.
“Estas cicatrices permiten identificar patrones de recurrencia, degradación acumulativa y pérdida progresiva de ecosistemas que permanecen invisibles en los reportes cotidianos”, explica.
El dato crítico según el investigador, es que hace días se presentaron incendios forestales donde el fuego volvió al mismo lugar en los que hubo previos incendios.
La crisis ambiental que afecta a Bolivia durante lo que va de 2026 no constituye un evento fortuito ni una anomalía climática aislada. Los datos muestran un patrón más preocupante, pues gran parte de las áreas incendiadas ya habían sido afectadas anteriormente.
“Cuando cerca del 75 % de las hectáreas quemadas durante la presente gestión corresponden a territorios que ya registraban incendios previos, el problema deja de ser únicamente la extensión de la superficie afectada. El verdadero indicador de alarma es la repetición”, sostiene.
La crisis de incendios forestales mediante indicadores, resultan a criterio del “especialista, insuficientes para comprender la magnitud del problema.
“Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo informó que los focos de calor de 2026 superaron los registrados en 2025, alcanzando 2.835 focos al 21 de julio frente a los 2.536 contabilizados durante el mismo periodo del año anterior», puntualiza.
Sin embargo, cada nuevo incendio sobre una superficie previamente degradada reduce la capacidad de recuperación ecológica, acelera la pérdida de biodiversidad y profundiza el deterioro estructural del territorio, advierte el investigador.
“El fuego ya no aparece como un evento aislado; opera como un mecanismo recurrente de degradación progresiva”, sostiene.
La distribución geográfica del daño tampoco es casual -alerta Cabrera- pues los datos muestran una concentración abrumadora de la superficie quemada en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que reúnen el 86,7 % del área afectada a nivel nacional.
“Este patrón demuestra que la crisis no está dispersa uniformemente por el país; existe una zona claramente identificable donde la recurrencia del fuego, la expansión de las áreas degradadas y la presión sobre los ecosistemas alcanzan niveles críticos”, asegura.
A ello se suma el crecimiento acelerado de la superficie afectada desde junio, especialmente en Beni y Santa Cruz, lo que evidencia una dinámica de expansión sostenida del fenómeno y refuerza la necesidad de analizar sus causas estructurales.
El mapeo satelital permite observar con claridad que las cicatrices de incendio se acumulan año tras año sobre los mismos territorios, también evidencia que el avance del fuego atraviesa áreas protegidas, zonas de conservación y ecosistemas estratégicos sin respetar límites administrativos ni ambientales.
“Las imágenes satelitales muestran una realidad que los indicadores tradicionales suelen ocultar: el problema ya no es únicamente cuántos incendios ocurren, sino cuánta degradación acumulada soporta el territorio boliviano”, explica el especialista.
Las cicatrices visibles sobre el paisaje constituyen la expresión material de una política que ha demostrado ser incapaz de prevenir la destrucción sistemática de ecosistemas estratégicos.
Frente a este escenario, el estudioso señala que la respuesta estatal continúa caracterizándose por una profunda brecha entre el discurso y la ejecución. “Mientras el Ministerio de Planificación del Desarrollo promociona el Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026, diversos especialistas y sectores técnicos han señalado limitaciones operativas y deficiencias estructurales que reducen significativamente su capacidad de respuesta”, advierte.
Para el especialista en Geomática Ambiental, la situación resulta aún más preocupante al constatarse el escaso avance en la implementación de las medidas obligatorias establecidas por la Resolución Constitucional 233/2024. De esta manera, la gestión pública corre el riesgo de convertirse en una administración de la emergencia antes que en una estrategia efectiva de prevención y protección territorial.
“Se ha consolidado así una dinámica de detección sin contención, donde las instituciones registran el avance del fuego, producen informes y contabilizan daños, pero no logran intervenir con la eficacia necesaria para evitar que la destrucción continúe expandiéndose”, asegura.
El fenómeno tampoco puede analizarse al margen del marco normativo vigente. Diversas leyes, decretos y disposiciones administrativas han facilitado históricamente la expansión de la frontera agropecuaria mediante desmontes y quemas controladas.
Esta estructura normativa según Cabrera, ha generado incentivos que favorecen el uso recurrente del fuego como herramienta de ocupación y transformación territorial. “Cuando los mecanismos de control son débiles y las sanciones insuficientes, el resultado es la consolidación de un modelo que normaliza la degradación ambiental como parte del funcionamiento ordinario del sistema”, afirma.
En ese marco explicó los incendios de 2026 no pueden entenderse únicamente como una sucesión de emergencias climáticas.
La recurrencia del fuego sobre las mismas áreas, la concentración territorial del daño y las limitaciones persistentes de la respuesta institucional revelan un problema de carácter estructural.
“El debate nacional debe dejar de centrarse exclusivamente en los focos de calor y comenzar a examinar las cicatrices de incendio que permanecen sobre el territorio. Son esas cicatrices las que muestran, con mayor precisión, la dimensión real de la crisis ambiental boliviana y la profundidad de los desafíos que aún permanecen sin resolver”, apunta.
Los focos de calor cuentan incendios, mientras que las cicatrices de los incendios forestales cuentan la historia de un territorio que se quema una y otra vez.
Fuego en territorios indígenas
Un reciente reporte del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) advierte sobre la ocurrencia de focos de calor en territorios indígenas de tierras bajas, entre el 17 al 31 de agosto, que da cuenta de 1.122 focos de calor ocurridos en 30 de los 58 territorios indígenas existentes en las regiones del Oriente, Chaco y Amazonía.
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