Autor de «El negocio del mercurio en Bolivia» e investigador experto en temas extractivos, advierte que la falta de confianza hacia las instituciones del Estado boliviano, hace que no se comparta información de relevancia con el país, por temor a que se filtren planes.
La Paz, 16 julio (ANA).- Los organismos internacionales y países vecinos prefieren no compartir información de la lucha contra la minería ilegal del oro en Bolivia por temor a que se filtre información, ante una falta de confianza hacia las instituciones del país, advirtió Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Autor del “Negocio del mercurio en Bolivia”, Campanini afirmó en una amplia entrevista con ANA que, la política minera en relación a las cooperativas auríferas es de excepción en el país, por lo que no se limita a zonas de excepción, donde el Estado no puede realizar ni siquiera operativos de control, sino también que se trata de corredores donde se vinculan delitos conexos asociados al tráfico del oro, narcotráfico, trata de personas y hasta armas.
ANA: Hablemos del contexto ya se tenían señales muy preocupantes de las reacciones virulentas en zonas auríferas, vamos a llamarles incluso de excepción en algunos casos, como el ataque armado al personal de la AJAM cuando pretendía realizar tareas de inspección de minería aurífera en el municipio de Mapiri. Hace algunos años en Riberalta, funcionarios de la AJAM fueron impedidos de salir de unas oficinas de la Policía después de unos operativos contra la minería ilegal en el Madre de Dios, etcétera. ¿Cuál es su análisis sobre este contexto que se está viviendo de violencia?
O.C: Bueno, este hecho es una muestra más del grado de pérdida de control de parte del Estado de ciertas zonas, actividades mineras, principalmente una gran mayoría son auríferas en determinadas zonas. Y esto es un resultado de una serie de factores que al final denotan que el Estado definitivamente no tiene capacidad suficiente para poder controlar al sector minero en su conjunto. Mencionabas esta palabra de zonas de excepción, y yo creo que obviamente es un término que se maneja de manera general para mostrar una serie de características que creo que se aplican en esta zona, pero la palabra excepción me llama la atención porque al final es esa la característica central de la política minera en relación a las cooperativas auríferas. No solo cooperativas auríferas, creo que todas las cooperativas mineras en su conjunto. Las cooperativas han ido construyendo a lo largo de las últimas probablemente tres décadas una serie de beneficios, beneficios en la forma de excepciones. Es decir, hay una regla que plantea la norma, pero ellos están exentos de cumplirla o cumplen una menor medida o solamente una porción de esa regla. ¿Por qué? Porque supuestamente son de fin social, tienen fines sociales, necesitan apoyo del Estado, etcétera. Esa idea se ha manejado desde hace décadas para que el sector cooperativo vaya consiguiendo ventajas, beneficios en la forma de excepciones. Para empezar, la regalía, por ejemplo, que pague el oro es una muestra de eso. Es una excepción porque es obviamente una de las menores en cantidad de porcentaje, las menores regalías respecto a todos los minerales y eso parece medio raro, ¿no? porque es uno de los minerales de mayor valor y últimamente términos de exportación que tienen mayor cantidad de exportación en el mundo. Y eso es porque supuestamente los cooperativistas explotaban los yacimientos marginales, es decir, los que tenían muy pequeñas cantidades de oro. Entonces, por eso es que había esa regalía y era una excepción porque la regalía del oro es mayor para yacimientos regulares, pero eso se ha convertido en la regla, no solamente en este caso de la regalía para las cooperativas, sino prácticamente para casi todas las actividades agrícolas y como esas hay muestras de esa política de excepción, ¿no?.
Y resultado de eso es que en el extremo de la excepción está la ilegalidad, ¿no?, las cooperativas no tienen que cumplir una gran cantidad de requisitos que establece la norma para poder empezar a operar, entonces prácticamente sin cumplir la ley en varios aspectos ya están realizando actividades. En ese campo y en ese ámbito obviamente que van a haber algunas actividades y algunos mineros que van a decir, bueno, ¿para qué siquiera hacer el esfuerzo de querer hacer las cosas legalmente, ¿no? Si solo con el intento ya es suficiente. Entonces, es ahí donde ya las actividades totalmente ilegales aparecen y la excepción no solamente en la extracción del mineral, sino en el control, el control de todo. Entonces, como están exentos de control, eso ya se convierte casi en un derecho y ese derecho lo defienden, lo defienden con violencia.
ANA: Hace unas semanas el director de la AJAM reconocía que, la minería ilegal en realidad ya había penetrado estructuras de poder y que el Estado había sido rebasado en su capacidad para enfrentar esta situación. ¿Podríamos decir que estamos en peor situación cuando hay un reconocimiento de este tipo que en el gobierno de Evo Morales, de Luis Arce? ¿Cómo ve la fuerza, digamos, del Estado frente a esta situación?
O.C: Yo creo que obviamente tiene que ver con gobiernos diferentes, ¿no?, pero la constante es que el sector, o sea, la capacidad y el poder que tiene el sector minero es tan alto el poder del sector minero que es capaz de expulsar a las instancias estatales que representan el control estatal de forma violenta de ciertos espacios. No solamente negarse a ser regulados, sino de expulsar con armas. Entonces, ahí ya está, incluso hasta allá superando no solamente el control del sector minero, sino el uso de la fuerza, de la fuerza armada. Entonces, ese poder que de alguna manera se representa en ese hecho creo que existía ya antes. La diferencia es cómo los gobiernos han lidiado con ese poder, y muy probablemente el anterior gobierno ha negociado con ese poder, para poder mantener esos beneficios y probablemente llegar a una alianza que beneficie de alguna manera a ambos poderes. Entonces, este gobierno probablemente no tiene el mismo enfoque para enfrentar este poder, y posiblemente también se esté viendo eso. Pero bueno, más allá de temas de gobierno, creo que los datos muestran que estos diferentes hechos de violencia, incluso armada, muestran que el sector cooperativista está cada vez más fuerte, y ya no solamente controlando el sector minero, sino controlando hasta el propio uso y monopolio de la fuerza.
ANA: ¿Cómo se debería revertir esta situación desde el Estado, considerando que, por un lado, hay un paraguas nacional que maneja todo lo que son derechos mineros, el tema de la comercialización, y obviamente también el control de los Órganos del Estado?. Y por el otro lado, el problema más real desde lo local, donde no llega el control de Senarecom, no llega el control de la AJAM, es decir, que ahí es como que solamente tuvieran una Alcaldía que poca fuerza va a tener para hacerle frente a esta situación?.
O.C. Bueno, definitivamente es algo complejo y que seguramente no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero este problema no es un problema solamente de esas zonas donde hay una insuficiencia de parte del Estado, sea municipio o de las propias instituciones como la AJAM, la Policía, etcétera, es un problema más grande y es estructural. Entonces, abordarlo, yo creo que hay que abordarlo de esa manera, con ese enfoque. Y obviamente no será simple, será complejo, pero yo creo que no es imposible, es posible y es urgente. Para poner un ejemplo, obviamente, probablemente ir, y eso es algo que creo que he leído también en alguna declaración del propio director de la AJAM, ir con una gran cantidad de fuerza policial o militar, como fuere, lograr controlar una zona, eso es difícil, pero digamos que no es imposible sin voluntad política. Digamos que hubiera la voluntad política, el problema es mantener ese control. Mantener ese control en esa zona no se puede tener toda una zona totalmente militarizada con presencia policial permanente en los números, es más complejo. Pero yo me pongo a pensar, esos mineros, por ejemplo, si usan combustible, y grandes cantidades de combustible. Y el combustible, además de que esté escaseando, hay puntos críticos que están afectando la economía, la salud, la educación, es una atribución del Estado. El gobierno controla el monopolio sobre el abastecimiento de combustible. Entonces, ¿cómo es posible que no controle el combustible que estos mineros ilegales usan? y deben llegar grandes cantidades de combustible. Entonces, a lo que me voy es que se puede y se debe controlar desde múltiples aristas y múltiples sectores este problema. No será simple, seguro que va a ser algo complejo, pero es posible y es urgente. Entonces, ahí es fundamental que el gobierno se dé cuenta de cuán complejo es este tema, que le dé la prioridad y el compromiso que corresponde y que ha estado en su conjunto actual.
ANA: ¿Cuáles son las señales reales que está mostrando el Estado? Actualmente, este gobierno ha llegado a un acuerdo muy condescendiente, vamos a decir, con Fencomin después de una manifestación, marcha, presión, rápidamente priorizó, vamos a decir, desmantelar o desinflar ese conflicto con los mineros, priorizó ese conflicto a costa de otros intereses, intereses propios incluso del propio país, cediendo muchas concesiones. La resolución 069 es apenas una más de las resoluciones que están saliendo emanadas de ese acuerdo. ¿Qué señales está dando este Gobierno?
O.C: Este Gobierno definitivamente se está enfrentando a un contexto complicado y con un actor que tiene mucho poder. Y es un nuevo Gobierno que está, en alguna medida, enfrentándose, no sé si por primera vez, pero de alguna manera está enfrentando a este sector como una primera ocasión. En ese sentido, está cediendo, obviamente, el que haya cedido por todas las movilizaciones. demuestra un problema complejo en el gobierno, un problema político, un problema de visión estratégica, como pasó también en otras ocasiones de casi secuestro de ciertos sectores con alto poder de movilización, como es el sector minero, secuestro de la política estatal. Pero, como te decía, no es algo nuevo tampoco, el sector cooperativista con todos los anteriores gobiernos ha hecho eso. Se ha movilizado con una fuerza impresionante, con una presencia impresionante, a veces por iniciativa del propio sector y muchas veces sumándose a otras problemáticas. Y esa movilización ha servido para negociar un avance, un convenio, un acuerdo, una concesión, un privilegio, una excepción. Es así como ha ido construyendo el actual marco, la actual política minera. Para ponerte un ejemplo; el tema del programa de formalización. el programa de formalización creo que se aprobó en el 2021. Creo que tenía duración de seis meses o bueno, unos cuantos meses. El famoso Certificado de Trámite de Contrato Administrativo Minero (CETCAM) para que en seis se regularice la actividad minera ¿no?. Entonces, es una excepción tras otra excepción, que se ha convertido en la regla hasta el día de hoy. Y todo eso lo ha obtenido, probablemente no todas esas extensiones, pero varias de ellas a partir de movilizaciones. Lo ha obtenido con este gobierno, lo ha obtenido con el anterior Gobierno y muy probablemente con el anterior a ese. Entonces, el sector cooperativo hace eso. El sector cooperativo minero se moviliza, ya sea por iniciativa propia o articulándose a otra movilización y consigue alguna ventaja, negocia alguna ventaja, no importa con qué gobierno. Y este gobierno no es la excepción. Obviamente, como te digo, su forma de relacionarse y de lidiar y de relacionarse con los sectores de poderes diferente al anterior gobierno. Pero de alguna manera está cayendo en lo mismo, en ceder a los factores de presión de este sector cooperativista minero aurífero y bueno, están consiguiendo lo que quieren. Ahora que el hecho de que sean juez y parte, porque ellos han penetrado estructuras de poder, están en cargos claves, etcétera.
ANA: ¿Cuánto han penetrado las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, tráfico de mercurio y otros delitos conexos como la trata de personas en estas estructuras de minería ilegal en Bolivia, tomando en cuenta que ya hay algunas señales desde varios años de participación?
O.C. Para saber cuánto realmente han penetrado, se necesita realmente hacer un trabajo de seguimiento y de investigación serio. Eso debería estar haciendo la Policía, el Ministerio de Gobierno, etcétera. Obviamente eso no se conoce, pero definitivamente las señales y los indicios que se han dado a conocer por estos conflictos que se han hecho públicos a través de la prensa dan una idea de cuán complejo eso puede ser. Para empezar, por ejemplo, uno de los temas que sí hemos hecho un poco más de seguimiento es el tema del mercurio. El mercurio es un consumo vital para la minería aurífera en estos momentos, para gran parte de la minería del oro en el país. Bolivia era hasta el 2024 el principal importador legal de mercurio en el mundo y de repente después del 2024, si no me acuerdo, dejó de importar legalmente. Durante más de un año supuestamente no ingresó nada de mercurio a Bolivia de manera legal, pero obviamente sí ingresó de manera ilegal una gran cantidad de mercurio. En un campo, reportes o testimonios de los propios operadores, comercializadores nos decían de que había tanto o más mercurio que antes. También en ese periodo de importación legal hubo un montón de indicios de que Bolivia estaba exportando ilegalmente mercurio hacia los países vecinos. Entonces ese era un indicio importante, pero durante ese periodo en el que dejó de entrar legalmente mercurio a Bolivia, el año pasado, salió un reportaje de un operativo en Perú encontrando mercurio importado de manera ilegal, más o menos oculto, de manera muy hábil si se quiere en piedra gravina. Y los responsables de esta importación eran uno de los principales grupos de narcotráfico de México.
ANA: El cártel de Jalisco Nueva Generación ¿verdad?
O.C: Exacto, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y esto fue descubierto en Perú, fue detenido en Perú. Las autoridades bolivianas se sorprendieron, no hicieron nada y bueno, obviamente fue una carga que se detuvo y antes de esa carga creo que hubo la voz del mismo exportador a Bolivia. Y ese mismo cártel está exportando a Perú y a Colombia, en el caso de Colombia, por ejemplo, a los grupos armados. Entonces ha pasado algo muy parecido a lo que posiblemente ha pasado con la madera, con la narcomadera por Chile y Brasil. Entonces eso, por ejemplo, ese hecho muestra que hay vínculos, en este caso con el insumo o mercurio para la minería aurífera con grupos criminales internacionales. Eso es un indicio de un hecho, un caso probado, comprobado. Y lo más preocupante de todo es que eso ha sido comprobado no por autoridades bolivianas, sino por autoridades de otros países.
Ha pasado algo muy similar a lo que ahora ha pasado, las autoridades bolivianas se enteran por la prensa extranjera de un hecho de esas dimensiones. No saben nada. ¿Y por qué no saben nada? porque obviamente las autoridades de los países vecinos y otros organismos a nivel internacional no comparten información con el gobierno boliviano porque algunas instancias del gobierno boliviano que deberían controlar están infiltradas por estos propios grupos que cometen este tipo de ilegalidades. Entonces, si comparten con estas autoridadesbolivianas se va a filtrar la información, no va a ser posible realizar este tipo de operativos. Entonces este hecho en el caso del mercurio y en el caso de la narco-madera lo que muestran es que no solamente de que hay estos vínculos y estas actividades ilegales multimillonarias en Bolivia, sino además que las autoridades bolivianas no tienen la confianza, las instituciones bolivianas, perdón, no tienen la confianza para poder ser partícipes. Eso significa que están penetradas también por estas redes vinculadas a estos grupos criminales que realizan estas actividades ilícitas. Entonces ese es un hecho, ese es un hecho y seguramente hay muchos otros de estos incidentes, casos que por la prensa se han hecho públicos que muestran también estos indicios de estos vínculos con grupos criminales. El tema de armamento pesado, eso no es óptimo en cualquier lado, ni siquiera solamente este tráfico como ha ocurrido hace poco del propio Ejército que vende parte de armamento a grupos criminales que son el Chapare, no está vinculado al oro, pero el armamento pesado no es un armamento que necesariamente maneje el ejército, sino es algo mayor y hay casos de uso de armamento pesado en hechos de confusión con grupos de minería ilegal de oro. Ese es un indicio. Otros indicios es, obviamente la presencia de colombianos y de chinos, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de indicios y señales que muestran, que, bueno, que dan esos indicios, valga la redundancia, de que hay un vínculo y una presencia de grupos criminales no solamente nacionales sino nacionales, sino transnacionales vinculadas a la minería ilegal de oro. Perfecto.
ANA: Ya el año 2021, como resultado, además del estudio que realizaste sobre los negocios detrás de la importación legal e ilegal del mercurio a Bolivia, la Relatoría para Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas ya advertía que Bolivia se había convertido en el centro del tráfico de mercurio en la región y luego incluso se presentaron denuncias formales por el incumplimiento de la Decisión 774 de la Comunidad Andina por la falta de la lucha contra la minería ilegal…
O.C: Estamos justamente actualizando en estos meses ese estudio y efectivamente se confirma, bueno, la información que se puede obtener confirma que hay flujos de comercialización ilegal del mercurio en Bolivia, cosa que ya existía antes, ahora se ha convertido en el 100%, casi gran parte del 100% de la actividad de comercialización del mercurio en Bolivia. Se confirma también que hay esa, de alguna manera, esa percepción de parte de países vecinos de que hay esta dificultad de poder coordinar acciones de control con un gobierno boliviano. Y ahí, más allá de solamente el mercurio, realmente lo que ha pasado con la narco-madera reafirma completamente eso. Y bueno, esperamos pronto poder concluir esa investigación y dar a conocer los resultados.
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