Jaime Sanabria reconoce que la minería ilegal conlleva delitos conexos que ha penetrado estructuras de poder y que requiere ser atacado por una fuerza insterinstitucional
La Paz, 15 julio (ANA).- La creación de una Fuerza Especial de Lucha Contra la Minería Ilegal bajo el liderazgo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía está encaminada y pretende atacar no sólo la actividad minera ilegal, sino también coadyuvar en el combate de otros delitos conexos como el contrabando de combustibles y de mercurio.
“La minería ilegal no es un tema menor, sino que es un tema muy serio que debe ser afrontado como política de Estado y urge necesariamente hacer una Fuerza Especial de Lucha Contra la Minería Ilegal conformada por instituciones que tiene que ver con esta actividad en cuanto a la prevención y represión a la cabeza de la AJAM y la participación activa de las instituciones de medioambiente”, afirmó el director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria en entrevista con ANA.
De acuerdo al Director de la AJAM, esta Fuerza Conjunta también contaría con la participación de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Policía Forestal de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y otras instancias del Estado. “No solo es contrabando de minerales, sino también el contrabando de combustible y mercurio”, explicó.
Sin embargo observó también que, la Fiscalía fue una de las instituciones que menos coadyuvó en la lucha contra la minería ilegal y que en alguno de los casos, hasta hubo un fiscal de provincia presuntamente implicado en ataques recientes al personal de la AJAM, que fue recibido a balazos cuando intentaba realizar una inspección in situ en el municipio de Mapiri.
Consciente de que se requiere un mayor presupuesto para hacerle frente a la minería ilegal y los delitos conexos, dijo que se está solicitando apoyo al Banco Mundial (BM) y otros organismos internacionales.
El BM apoya activamente la lucha contra la minería ilegal a través de financiamiento, asistencia técnica y herramientas de diagnóstico para fortalecer la gobernanza ambiental y social de los países en desarrollo.
Sanabria alertó que cuando se intenta afectar estas estructuras de poder en torno a la minería ilegal surgen cuestionamientos y represalias de sectores y personas que se sienten afectados en sus intereses.
“Cuando alguien incomoda a estos grupos de poder que están incrustados en las estructuras políticas de poder, desde ahí seguramente van a presionar para neutralizar la acción de personas que quieren hacer algo en beneficio del Estado”, sostuvo.
En esa línea la AJAM sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, dando inicio a la fase de planificación de acciones contra la minería ilegal en distintas regiones del país, para articular esfuerzos y establecer mecanismos de trabajo conjunto.
En la reunión interinstitucional se definieron lineamientos para la organización de futuras acciones operativas en áreas identificadas con presencia de actividades mineras ilegales a gran escala y que representan un alto nivel de riesgo.
Mediante un comunicado institucional, la AJAM informó que, ante las versiones difundidas sobre supuestas inspecciones u operaciones de fiscalización realizadas durante el pasado fin de semana del 11 y 12 de julio, que hasta la fecha no se efectuó ninguna intervención de este tipo, debido a que las acciones se encuentran en una etapa previa de coordinación con las instancias competentes, a fin de garantizar las condiciones necesarias para su ejecución.
En ese marco, la autoridad minera gestionó el apoyo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desarrollar acciones planificadas en zonas donde se requiere la intervención del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones y conforme a la normativa vigente.
Con estas acciones, la AJAM anunció que avanza en la preparación de intervenciones orientadas al control de actividades mineras ilegales, priorizando la seguridad del personal participante y el cumplimiento de la normativa minera en todo el territorio nacional.
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