Quien pida información debe garantizar que ésta no genere “perjuicios a terceros” y le atribuye “asumir responsabilidad plena por la información obtenida”.
La Paz, 13 julio (ANA).- Una iniciativa de proyecto de Ley 066/2025-2026 presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la senadora Soledad Chapetón (UNIDAD) y aprobada en su totalidad por el pleno del Senado (02(07/26) pretende coartar a periodistas y ciudadanía el acceso a la información y documentación púbicas obstaculizándoles con trabas burocráticas que convierte a las instituciones en juez y parte a tiempo de poner en peligro la seguridad jurídica de los trabajadores de la información.
Si bien desde 2024 ya existe un proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Públicas presentada por organizaciones periodísticas y que fue aprobado por unanimidad en grande y en detalle por la Cámara de Senadores de la ALP, este fue bloqueado en la Cámara de Diputados dejando pendiente su consideración en el pleno de la ALP. El nuevo proyecto exige, entre otros requisitos, cartas y fotocopias de carnet de identidad a quien solicite información en instituciones públicas.
Contundente rechazo de organizaciones periodísticas pide que se archive ese proyecto
Al respecto un contundente comunicado emitido el 4 de julio de 2026 y suscrito por organizaciones periodísticas manifiesta su rechazo pleno a la nueva normativa propuesta (Proyecto de Ley N°066/2025 de Acceso a la Información y Documentación Públicas) y exige que sea archivada al considerar que es contraria al propósito que es en este caso el derecho de acceso a la información, inclusive reconocido por la misma Constitución Política del Estado boliviano (CPE).
“Nos preocupa que la nueva propuesta desconozca dicho proyecto, el que en este momento está siendo tratado en la Cámara de Diputados, razón por la cual demandamos que se proceda archivar inmediatamente el Proyecto de Ley N°066/2025, cuya concepción, contrariamente al propósito que debiera guiarlo, es iniciativa del derecho a la información reconocido por el Artículo 106 de la Constitución Política del Estado” (Comunicado de las organizaciones periodísticas respecto al PL N°066/2025).
El referido inciso de la CPE (Art. 106) corresponde al capítulo séptimo (Comunicación Social) de la Carta Magna y manifiesta literalmente: El Estado garantiza el derecho a la comunicación y al acceso a la información. El párrafo II de esa normativa establece además:
“El Estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa”.
Sin embargo, el proyecto presentado por la senadora Soledad Chapetón establece que quienes soliciten información deben garantizar que ésta no genere “perjuicios a terceros” y les impele a “asumir responsabilidad plena por la información obtenida”. Por su parte las organizaciones periodísticas consideran:
” Esta disposición no solo vulnera el principio de que la información que genera el Estado pertenece a todos los ciudadanos, sino que además puede usarse para amedrentar e impedir que se publiquen investigaciones sobre corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos ya que estos alegarán ser “perjudicados” por las denuncias”, (Comunicado de las organizaciones periodísticas respecto al PL N°066/2025).
Oficinas de Transparencia: juez y parte
En ese sentido Zulema Alanes, expresidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) argumentó su rechazo al cuestionado proyecto de ley a tiempo de observar que las oficinas de Transparencia de las mismas instituciones públicas serían quienes establezcan si es viable o no el proporcionar una determinada información que solicite tanto la prensa como la ciudadanía.
“Ni siquiera se establecen sanciones para los funcionarios públicos que se pudieran negar a entregar la información y además se establece que serían las mismas unidades de Transparencia de sus oficinas que determinarían si pueden o no entregar esa información o sea realmente es una norma que va en contrasentido de las garantías que se deben tener para el acceso a la información y documentación púbicas, por eso nosotros consideramos que esta norma debería ser retirada del debate en el Senado”.
En referencia a la normativa propuesta la senadora Soledad Chapetón indica textualmente, “Esa ley que hoy día ha sido aprobada por el pleno en su totalidad, va a darle el procedimiento, va a darle el procedimiento a las instituciones públicas: alcaldías, gobernaciones, ministerios, todo lo que reciba recursos del Estado está en la obligación de aplicarla”.
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