Por: Jaime Cuellar*
Ecuador ha transitado, especialmente desde 2019, hacia una “securitización” del fenómeno minero ilegal. La creación de comités interinstitucionales permanentes y la prohibición expresa del mercurio en operaciones mineras configuran una arquitectura normativa robusta. Además, su participación activa en las Conferencias de las Partes del Acuerdo de Escazú, le otorga una narrativa de cumplimiento en materia de acceso a información ambiental y protección de defensores.
Sin embargo, la propia respuesta diplomática admite un hecho estructural, la prohibición normativa no ha eliminado la circulación del mercurio. Este continúa operando como insumo crítico de la minería aurífera ilícita, insertado en cadenas de provisión de insumos y logística regionales que aprovechan asimetrías regulatorias y debilidades del control fronteriza. Dicho ello la afirmación del Embajador de Ecuador en Bolivia es por tanto, una combinación entre afirmación institucional y reconocimiento de límites operativos.
Bolivia, auge aurífero, cooperativismo y fisuras en la gobernanza extractiva
La expansión aurífera boliviana no es un fenómeno marginal ni coyuntural; responde a una reconfiguración estructural del mapa extractivo sudamericano impulsada por cotizaciones internacionales excepcionalmente altas. En este contexto, el norte amazónico y, de manera particularmente intensa, el departamento de La Paz y ahora también gran parte de la propia amazonia boliviana, se han consolidado como epicentros de producción aluvial. Una porción significativa de esta actividad se canaliza a través del régimen cooperativo, figura reconocida por la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que otorga sustento jurídico a miles de operadores, sin dejar de lado a otro cientos de actores mineros informales e ilegales.
El núcleo del problema no radica en la existencia formal de cooperativas, y actores informales e ilegales, sino en la asimetría entre la velocidad de expansión productiva y la capacidad real del Estado para supervisar, fiscalizar y trazar el origen del mineral. La fragmentación operativa, la dispersión territorial y la limitada interoperabilidad entre autoridades generan hoy por hoy, zonas grises donde la legalidad formal convive con prácticas también grises.
Bolivia aparece en ese diagnóstico, donde la minería ilegal y en muchos también la legal e informal, no por ausencia absoluta de marco normativo, sino por la conjunción de tres variables críticas, alta rentabilidad, debilidad de control en áreas remotas y disponibilidad regional de mercurio, pese a la adhesión al Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
La importación significativa del mercurio durante la última década, en contraste con compromisos internacionales de reducción progresiva, expone una tensión entre normativa ambiental y dinámica económica. Esa brecha constituye uno de los puntos neurálgicos de vulnerabilidad regulatoria de nuestro país con afectación directa a nuestros países vecinos e inclusive a países del hemisferio.
¿Configuración emergente de un enclave de alto riesgo estratégico?
La comparación entre distintos enclaves auríferos amazónicos es metodológicamente pertinente cuando comparten variables estructurales. El norte del departamento de La Paz , asi como en zonas de Beni y Pando, se han consolidado como ejes de producción aluvial bajo modalidades cooperativizadas y operaciones fluviales mecanizadas en su mayoría (informales e ilegales). El crecimiento acelerado, sumado a dificultades logísticas para control continuo en ríos de difícil acceso por ejemplo, configura un entorno propicio para la expansión informal e ilegal.
El riesgo no se limita a operaciones formalmente ilegales; radica en la consolidación progresiva de enclaves extractivos con autonomía funcional respecto del Estado. Desde una perspectiva comparada (entre Ecuador y Bolivia) de economías ilícitas amazónicas, el patrón es reconocible, expansión acelerada, control estatal intermitente, actores externos y articulación logística compleja. Mientras la brecha entre crecimiento extractivo y capacidad de gobernanza integral permanezca abierta, la reproducción de estos escenarios es previsible.
Mercurio y crimen organizado, en la dimensión hemisférica
El elemento más inquietante de la postura oficial ecuatoriana es su referencia explícita a “redes clandestinas complejas”. Esa formulación conecta con diagnósticos, que han advertido la convergencia entre minería ilegal, narcotráfico y lavado de activos en la cuenca amazónica. La experiencia demuestra que la minería ilegal puede generar enclaves con estructuras cuasi paralelas de poder, violencia sistemática y degradación ambiental masiva.
La circulación regional del mercurio no es un fenómeno espontáneo. Se articula mediante importaciones legales que luego se desvían, comercio informal fronterizo y vacíos de armonización normativa. En el ámbito andino, la Decisión 774 de la Comunidad Andina establece lineamientos para la gestión integral del mercurio y la reducción progresiva de su uso. Su implementación desigual genera incentivos perversos, el mercurio tiende a desplazarse hacia jurisdicciones con menor control efectivo.
En este contexto, Bolivia no es un actor aislado. Comparte fronteras extensas. La porosidad amazónica convierte el fenómeno en un sistema regional interdependiente. Lo que ocurre en un país repercute en el siguiente.
Ejes estratégicos ineludibles para el Estado boliviano
La experiencia ecuatoriana demuestra que la respuesta frente a la minería ilegal no puede ser fragmentaria ni reactiva. Bolivia necesita instaurar un sistema nacional de trazabilidad del oro y minerales metálicos, técnicamente robusto e interoperable con estándares internacionales de “debida diligencia”. Sin un mecanismo que permita seguir el mineral desde el punto de extracción hasta su exportación, el mercado formal continuará absorbiendo producción de origen incierto, diluyendo responsabilidades y legitimando economías paralelas bajo apariencia de legalidad.
A ello debe sumarse la creación de un mando interinstitucional permanente con capacidad real de coordinación estratégica, que integre defensa, y agencias estatales, en un esquema de interoperabilidad operativa. La dispersión competencial favorece la evasión; la coordinación sostenida reduce márgenes de captura. Este rediseño debe acompañarse de una armonización efectiva con la Decisión 774 de la Comunidad Andina y con los compromisos del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, limitando drásticamente la importación de mercurio y estableciendo controles verificables sobre su destino final.
De igual manera, resulta impostergable incorporar de forma sustantiva los principios del Acuerdo de Escazú, garantizando acceso público a información ambiental minera y protección efectiva a quienes ejercen control social. Finalmente, Bolivia debe fortalecer su inteligencia económica sobre exportaciones auríferas y minerales mediante auditorías independientes, análisis de inconsistencias estadísticas y cooperación con países de destino. La lucha contra la minería ilegal (al igual que en Ecuador) no se define únicamente en la ribera de un río amazónico; también se decide en los registros, en los sistemas financieros y en la voluntad política de cerrar las brechas que hoy permiten que el oro y minerales, de origen dudoso circule como si fuera legítimo.
*Es abogado investigador especialista en minería ilegal
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