«La licencia ambiental otorgada a Petrobras para el proyecto Domo Oso X3 es una licencia manchada con procesos ilegítimos, llenos de presiones, chantajes, promesas irrealizables y criminalización a los defensores ambientales», señala el voto resolutivo.
La Paz, 29 septiembre (ANA).– El Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el cantón Chiquiacá; la Subcentral de comunidades campesinas de Tariquía, el Colectivo Momoé y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), teniendo conocimiento de la emisión de la licencia ambiental para la perforación exploratoria del pozo Domo Oso X3 que es parte de un plan exploratorio, por parte de Petrobras en el bloque San Telmo Norte, denunciaron las vulneraciones a Derechos Humanos que se constituyen en vicios de nulidad de tal licencia.
«Si bien el documento está fechado el 10 de julio de 2025, recién fue puesto en línea en las primeras semanas del mes de septiembre (…). Con este ocultamiento se impidió la posibilidad de impugnar esta licencia en el plazo de 10 días, tal como está determinado por la norma. La demora por dos meses en una publicación y notificación que debería ser inmediata, es expresión clara de la mala fe con la que actúan el Estado y las empresas petroleras en la Reserva de Tariquía», señala el voto resolutivo.
Desconocen procesos de consulta
El otorgamiento de la licencia ambiental implica que el proyecto habría pasado los procesos de consulta y habría logrado el consentimiento de las comunidades, sin embargo el Comité de Defensa denuncia que las empresas solo siguieron procedimientos que recortaron el derecho a la consulta en el marco de los estándares y requisitos de las normas contenidas de convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú, varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Sarayaku Vs Ecuador, entre otros.
«En los últimos años, varios organismos internacionales, entre otros, el Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación de la ONU (CERD), en su informe sobre Bolivia del año 2024 ha recordado al Estado boliviano que debe adecuar sus procedimientos de consulta a los estándares internacionales del Derecho a la Consulta Previa (Informe CERD, Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 24º combinados del Estado Plurinacional de Bolivia, Nº 31-32, https://n9.cl/t1ed8h).
Los procedimientos de supuesta consulta realizados por Petrobras se rigen por normativa de rango menor que no concuerdan con estos estándares de Convenios Internacionales y ni siquiera cumplen con la protección al derecho a la consulta tal como está plasmado en artículos de nuestra Constitución Política del Estado: Art. 11, II.1; Art. 30, II.15; Art. 343; Art. 352; Art. 403, Art. 316,1.
Las comunidades de Chiquiacá han reafirmado en varias ocasiones, en votos resolutivos y comunicados públicos, su decisión de rechazar toda intervención hidrocarburífera en su territorio, concretamente los pozos comprendidos en el bloque San Telmo norte. El 13 de mayo de 2024, las tres subcentrales del Cantón Chiquiacá emitieron un voto resolutivo recordando todos los hitos del rechazo de las comunidades a los proyectos hidrocarburíferos (https://n9.cl/t1o5u).
El 15 de octubre de 2024, tras el acoso de Petrobras y YPFB en las comunidades, las comunidades del cantón Chiquiacá realizaron una consulta interna según los procedimientos propios, en la que prevaleció la votación por rechazo a las actividades de Petrobras en San Telmo Norte (https://n9.cl/syu9k).
«Está viva la resistencia de las comunidades al proyecto Domo Oso X3 y al conjunto de los proyectos comprendidos dentro del Bloque San Telmo Norte, además de la resistencia al Bloque Churumas que ha afectado a la zona núcleo de la Reserva», sostiene el pronunciamiento.
En ese marco, las organizaciones firmantes, señalan que las empresas solo han sabido negar esa resistencia, combatirla con acciones de injerencia en la vida interna de las comunidades y organizaciones. «Sistemáticamente han chantajeado, han dividido a las familias y comunidades, han realizado prácticas de prebenda y clientelismo (…). Paralelamente a ello, han impuesto un proceso penal inicialmente contra 29 personas que han manifestado pacíficamente su negativa a aceptar el ingreso de ese proyecto, porque consideran prioritario preservar la integridad de su territorio, del medioambiente y principalmente el agua», se menciona.
En análisis de los pronunciantes, el otorgamiento de la licencia ambiental demuestra un atropello e imposición por parte del Estado y las empresas petroleras, violando los derechos de las comunidades.
«La licencia ambiental otorgada a Petrobras para el proyecto Domo Oso X3 es una licencia manchada con procesos ilegítimos, llenos de presiones, chantajes, promesas irrealizables y criminalización a los defensores ambientales», señala el pronunciamiento.
En medio de un proceso penal en contra de defensores
La prueba más patente de la falta de legalidad y la falta de legitimidad de la licencia concedida al proyecto Domo OSO X3, según el análisis de la resistencia, es que se la ha otorgado en medio de la persistencia de un proceso penal ahora contra los defensores ambientales.
«Con este hecho, la entidad otorgante de la licencia, el Ministerio de Medioambiente y Agua, se suma como cómplice a esta seguidilla de acciones violatorias de derechos de nuestras comunidades. Este hecho solo expresa un desprecio frente a nosotras, cuando venimos exigiendo el respeto a nuestro derecho a un ambiente sano y preservar nuestros medios de vida», se advierte.
Ante esta determinación, las instituciones y organizaciones firmantes se declaran en estado de alerta y demandan a las entidades nacionales de protección de derechos, a la Defensoría del Pueblo, a los organismos internacionales que vigilan por los derechos colectivos de pueblos indígenas y campesinos, a la REDESCA de la CIDH, la Oficina e Sudamérica del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, el Relator de la CIDH para los Pueblos Indígenas y los Defensores de derechos humanos; la Relatoría sobre Empresas y DDHH, entre muchas otras entidades.
«A todas ellas les pedimos tomar nota de este nuevo hito de vulneraciones a los derechos de nuestras comunidades campesinas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, y a los derechos de todo el pueblo boliviano, en general, pues está afectada un Área Protegida, que es patrimonio natural de todo el pueblo de Bolivia», advierte el pronunciamiento emitido en las últimas horas.
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