La Sala Plena otorgó un plazo improrrogable de 48 horas a las entidades territoriales autónomas “reticentes” a que cumplan las medidas cautelares, bajo advertencia de remitir los antecedentes al Ministerio Público
La Paz, 8 septiembre (ANA).- Tras casi siete horas de audiencia, el Tribunal Agroambiental emitió este lunes la resolución con carácter vinculante para enfrentar la emergencia nacional causada por los incendios forestales. La determinación no se limita a exhortaciones, sino que impone plazos y advierte con consecuencias penales si las autoridades no atienden el requerimiento. Además, coloca en el centro del debate la necesidad de reforma legal, que está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Inicialmente, la Sala Plena otorgó un plazo improrrogable de 48 horas a las entidades territoriales autónomas “reticentes” a que cumplan las medidas cautelares, ordenadas en la Resolución SP-TAA002-2025-AA de 29 de agosto de 2025, bajo advertencia de remitir los antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de resoluciones judiciales. Con esto se obliga a autoridades y órganos del Estado a actuar de manera inmediata bajo apercibimiento de sanciones penales en caso de incumplimiento.
En segundo punto, el Tribunal ordenó a los jueces agroambientales de todo el país —y en particular a los que ejercen en la Chiquitanía, Amazonía y Chaco— activar de oficio su competencia cautelar ambiental, lo que les faculta para fiscalizar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de sofocación y mitigación. Para ello deberán requerir informes detallados sobre planes de emergencia e incluso realizar inspecciones directas en los lugares de mayor riesgo con el apoyo del Departamento Técnico Especializado del TA.
La Sala Plena también recordó que la sociedad civil organizada y toda persona individual o colectiva tienen el deber de asumir un rol protagónico como defensores de la Madre Tierra a través de acciones concretas de protección, conservación, mitigación y todas aquellas conducentes para hacer efectivas las medidas cautelares dispuestas.
En cuarto punto, el tribunal exhortó al Estado a garantizar condiciones de seguridad y operatividad para los bomberos voluntarios, considerados defensores ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú.
En el quinto punto, el Tribunal Agroambiental también exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para revisar y armonizar las leyes que hoy favorecen la expansión de desmontes y quemas, señalando de manera explícita a las leyes 741 y 1171, ampliamente observadas por la sociedad civil.
En sexto punto, el Tribunal recordó también recordó a la Asamblea Legislativa que existe una Sentencia Constitucional Plurinacional de 2019 que obligaba a la ALP a aprobar una ley especial de jurisdicción agroambiental, una deuda pendiente desde hace seis años.
El fallo también instruye al Consejo de la Magistratura designar con urgencia jueces agroambientales para cubrir las vacancias en todo el país, recurriendo a la lista de egresados de la Escuela de Jueces del Estado o a nuevas convocatorias. Además, deberán nombrarse equipos técnicos de apoyo para garantizar la continuidad del servicio de justicia agroambiental.
La resolución aclara que las medidas cautelares podrán ser modificadas, ampliadas o dejadas sin efecto si cumplen su finalidad o si la Sala Plena determina otras acciones más eficaces. El énfasis, según la disposición, es prevenir, mitigar y sofocar los incendios forestales en el marco de una emergencia nacional que pone en riesgo no solo a los ecosistemas, sino también a pueblos indígenas y áreas protegidas.
De manera particular, el fallo dispone protección inmediata a la abogada Daniela Alejandra Orihuela, defensora ambiental, garantizando su vida, integridad física y psicológica, y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y participación pública.
Con este fallo, el Tribunal no solo asume un rol activo en la crisis de incendios forestales, sino que también abre la posibilidad de que la justicia se convierta en un freno efectivo frente a la inacción y permisividad del aparato estatal.
Previa a la lectura de la resolución, más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, autoridades, instituciones y organizaciones hicieron uso de la palabra, a 10 minutos por participantes.
Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación TIERRA, calificó a los incendios de 2024 como “el mayor desastre ambiental en la historia de Bolivia”, con más de 12,5 millones de hectáreas quemadas, lo que representa el 10% del territorio nacional. Señaló que los focos de fuego se concentran en Santa Cruz y están estrechamente vinculados a la expansión de la frontera agrícola.
“La relación es de 1 a 13. Entonces cuando otorgamos un permiso para quemar una hectárea hay que pensar que existe un riesgo de que 13 hectáreas más se quemen por efecto de los incendios descontrolados”, advirtió. Según Chumacero, las principales víctimas han sido las áreas protegidas y los territorios indígenas.
Por su parte, Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), alertó sobre el impacto acumulado en al menos 18 pueblos indígenas de tierras bajas, varios de ellos en situación de alta vulnerabilidad. Recordó que los incendios han provocado desplazamientos forzosos, pérdida de medios de vida y la devastación de hasta un 85% de bosques en territorios como Monteverde y Guarayos.
“Los incendios forestales se están constituyendo como uno de los principales mecanismos que agrava la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, llegando en algunos casos a los límites muy cercanos al etnocidio”, afirmó. En ese marco, pidió al Tribunal aplicar el principio de precaución y ordenar medidas cautelares que impidan nuevos desmontes y quemas en zonas indígenas y de intangibilidad.
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