YPFB y Petrobras continúan con el proceso penal contra los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Por: Elizabeth Rendiz Farfán/ TARIQUÍA HOY
Tarija, 23 junio (ANA).- Once comunarios Defensores de la Reserva de Tariquia (cuatro mujeres y siete varones) enfrentan este martes 24 de junio una audiencia de medidas cautelares, que solicitó el fiscal Beimar Farfán Vera, en la imputación formal que hizo contra los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, a denuncia de Marco Carlos Navarro, asesor de YPFB que se presenta como víctima junto a Petrobras Bolivia, representado por Leonardo Vargas Guzmán.
La audiencia de medias cautelares que solicita la Fiscalía de Entre Ríos, refiere a la existencia de elementos que los imputados no se someterán al proceso u obstaculizarán la averiguación de la verdad.
Sin embargo, según el relato de los denunciados e imputados, ellos se presentaron a todas las audiencias convocadas de desde que la denuncia fue presentada en el mes de octubre del 2024.
Se realizaron cuatro oportunidades, para el desfile de identificación en la etapa de investigación preliminar que no se realizaron por diferentes motivos; como que no se notificó a los denunciados, que la policía no estuvo presente, entre otros temas, pero todo el grupo de los denunciados asistieron.
Habiéndose cumplido la etapa de la investigación preliminar la denuncia fue rechazada en primera instancia; decisión que fue objetada por Yacimientos ante la Fiscalía Departamental, y la titular de esta instancia, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, revocó el rechazo.
Como el rechazo de la denuncia fue revocado, la fiscalía de Entre Ríos, volvió a notificar a los denunciados para el desfile identificativo, y los defensores asistieron a dos audiencias más, en la primera cada defensor tardo más de media hora en la cámara Gessell para que cuatro personeros de YPFB los reconocieran o no.
“Cada vez nos hacen salir de nuestras comunidades y de gana, uno deja todo y tiene que viajar desde las dos de la mañana para llegar a tiempo y los suspenden”, “Tenía miedo entrar, estuve casi como una hora ahí, y me colocaron unos números como les ponen a los maleantes en tele, me sentí muy mal”, decía Martina, una de las mujeres defensoras judicializadas. En total salieron a seis audiencias.
Defensores de derechos protegidos por normas internacionales de DDHH
En este marco la Defensoría del Pueblo, emitió un pronunciamiento en el que recuerda al Estado que se, ratificó en el Acuerdo de Escazú, en la observancia Constitución Política del Estado y existen leyes de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de los Derechos de la Madre Tierra y normativas que protegen los derechos a un medio ambiente sano y reconoce los derechos de la Madre Tierra.
El Acuerdo de Escazú, del que el Estado Plurinacional de Bolivia es firmante, es una herramienta clave para la protección de los defensores ambientales en torno a los derechos de acceso a justicia, acceso a información y derecho a la participación pública en decisiones ambientales. El acuerdo busca garantizar la seguridad de los defensores, prevenir agresiones y brindarles acceso a mecanismos de protección.
La CIDH atendió a los Defensores de Tariquia
El pasado 7 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atendió en una audiencia pública la problemática de la criminalización a los Defensores ambientales en Bolivia, escuchando principalmente a mujeres comunarias de Chiquiacá, que defienden la Reserva Natural de Tariquía frente a la imposición de proyectos hidrocarburíferos.
En dicha audiencia, varias altas autoridades de organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, entre ellos cuatro Comisionados de la CIDH, el Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, el Defensor del Pueblo de Bolivia y un representante de la Oficina e Sudamérica del Alto Comisionado de la ONU sobre DDHH, se pronunciaron cuestionando de alguna manera el uso del derecho penal para frenar o reprimir las legítimas acciones de defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales.
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