Desafíos ambientales y socieconómicos extremos impulsan la movilidad humana y amenaza la seguridad alimentaria de más de 9 millones de habitantes.
Por: Inga Olmos
Imágenes: Redes Chaco
La Paz, 19 junio (ANA).- En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra cada 17 de junio, la atención global se dirige hacia el Gran Chaco Americano, el bosque subtropical seco más grande del mundo y el segundo bioma más extenso de América del Sur, después de la Amazonía. Esta vasta región, que se extiende por más de 1.1 millones de kilómetros cuadrados en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, enfrenta desafíos ambientales y socioeconómicos extremos que están impulsando la movilidad humana y amenazando la seguridad alimentaria de sus más nueve millones de habitantes.
El Gran Chaco es una región vulnerable a las condiciones climáticas extremas, situación que se ha agravado por la crisis climática. La sequía es uno de los fenómenos más devastadores el de “La Niña” (2020 – 2021- 2022) el más intenso en 80 años, que generó una preocupante situación humanitaria, afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida de las poblaciones.
La falta de agua, sumada a la alteración de los patrones de precipitación (lluvias intensas en cortos periodos, o fuera de temporada), impacta directamente la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal, llevando a la pérdida de cosechas y ganado.
A la sequía se suma una de las tasas de deforestación más altas de la región. Desde 1985, el 20% de sus bosques se ha perdido, principalmente por la expansión de la frontera agrícola (soja en Argentina) y ganadera (Paraguay y Bolivia), así como por la explotación forestal y la producción de leña y carbón vegetal.
“La deforestación que presenta la región provoca una grave pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y contaminación del agua por el uso de plaguicidas y agroquímicos. Los incendios, a menudo incontrolados, también son una causa importante de deforestación y afectan gravemente los medios de vida de las comunidades” afirma Marcela Zamora, bióloga y responsable de Chaco de la organización NATIVA y referente de Redes Chaco en Bolivia.
Megaproyectos de «desarrollo» como grandes represas, canales de irrigación, y la construcción de infraestructura (carreteras, como la ruta bioceánica) están generando impactos socioambientales negativos, incluyendo el despojo y la expulsión de poblaciones locales, especialmente indígenas. La contaminación del agua por la explotación petrolera también es una preocupación latente.
“Hay que ver y hay que analizar las consecuencias que llevará esto a nuestros hijos para que puedan seguir defendiendo nuestro chaco. Tenemos que fortalecer cada país, a los pueblos y organizaciones, a nuestras mujeres y jóvenes” menciona Crecencio Cáceres, líder indígena de la Concejo del Pueblos Indígenas del Chaco Paraguayo.
Movilidad humana y resiliencia comunitaria
La movilidad humana ha sido una constante histórica en el Gran Chaco, con pueblos indígenas seminómadas que se movían en armonía con el territorio. Sin embargo, en la actualidad, los factores ambientales y climáticos actúan como detonantes de movilidades forzadas, tanto internas como intrarregionales e internacionales.
La precariedad económica, las deudas por la pérdida de cultivos y la limitada respuesta gubernamental empujan a familias enteras a buscar nuevas oportunidades en zonas urbanas o incluso cruzando fronteras. Una de las personas entrevistadas en San Pedro de Jujuy, Argentina, relató cómo las familias han tenido que cambiar sus actividades productivas e incluso migrar ante la imposibilidad de continuar con la siembra debido a la falta de agua. La privatización de las tierras, además, restringe la movilidad de las poblaciones, dejándolas en una posición aún más vulnerable.
Pese a ello hay experiencias importantes de resiliencia en una de las regiones más vulnerables de la región. “A pesar de las adversidades, las comunidades chaqueñas demuestran una notable resiliencia, buscando maneras de adaptarse. Algunos productores en Bolivia han recurrido a tecnologías como el riego por goteo para asegurar sus cultivos frente a la sequía con tajamares y cosecha de agua de lluvia”, afirma Marcelo Gonzales, referente ganadero de Villa Montes.
La investigación destaca que la reubicación es vista como una medida de último recurso, y las comunidades expresan un fuerte deseo de permanecer en sus territorios de origen.
La comprensión de las migraciones ambientales en el Gran Chaco Americano requiere un enfoque multidimensional, que considere la interacción de factores ambientales, climáticos, sociales, económicos y culturales, como la pobreza, la discriminación, las desigualdades de género y la falta de servicios esenciales.
Para abordar esta compleja realidad, diversas organizaciones y proyectos están trabajando de manera colaborativa. El proyecto «Migraciones Ambientales en el Gran Chaco Americano», parte de la iniciativa MIEUX+ de la Unión Europea, ha realizado un diagnóstico fundamental, destacando la carencia de datos específicos y desarrollando una metodología ad hoc con trabajo de campo y entrevistas para captar las voces del territorio. La colaboración estrecha con organizaciones de base como Redes Chaco y el Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano ha sido crucial para acceder a las comunidades.
“Las recomendaciones para el futuro son claras: priorizar la preservación de los medios de subsistencia locales, garantizar inversiones en la población, incorporar la movilidad ambiental en las agendas de sustentabilidad y adaptación, fortalecer las capacidades locales, y asegurar el acceso y difusión de información relevante como experiencias de éxito para amplificar y multiplicar la resiliencia”, afirma Liliana Paniagua Referente de Redes Chaco en Argentina.
Uno de los desafíos de la región es la demarcación y titulación de los territorios indígenas, el desarrollo de intervenciones integrales para la construcción de capacidades, y la implementación de enfoques participativos y colaborativos con las comunidades tal como lo propone el Acuerdo de Escazú sobre el derecho de las comunidades al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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