La Meta 30x30: Un Compromiso Global por la Naturaleza

Fortalecer las políticas ambientales y de conservación en Bolivia implica, entre otras, enfocarse en la protección de las áreas protegidas, territorios indígenas y ecosistemas estratégicos, como Sitios Ramsar y reservas forestales a fin de visibilizar la importancia de conservar estos espacios como condición esencial para garantizar los medios de vida y las condiciones que requiere el derecho a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.

Estos objetivos están enmarcados en el cumplimiento de la meta 30×30 del Marco Global de Diversidad Biológica que busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad, promoviendo un uso sostenible de los recursos naturales y una distribución equitativa de sus beneficios hacia las comunidades locales. Así como conservar, a nivel planetario, al menos el 30% de las zonas terrestres, marinas y de aguas continentales, restaurar el 30% de los ecosistemas degradados y movilizar fondos anuales para financiar estrategias de biodiversidad e incrementar los flujos financieros internacionales hacia países en desarrollo.

Acciones desde la sociedad civil

Se promueve la organización y participación activa de la sociedad civil boliviana para impulsar una gestión efectiva de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. Esto incluye exigir el cumplimiento del compromiso del Estado boliviano para conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y acuáticas clave para la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Además, se busca generar conciencia pública sobre el valor de estos espacios e impulsar el apoyo ciudadano hacia un modo de desarrollo verdaderamente sustentable.

Incidencia y propuestas estratégicas

También se articula a organizaciones e instituciones de la sociedad civil, a través de la conformación de nueve plataformas departamentales para elaborar propuestas y documentos técnicos que contribuyan al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia de conservación. A través de estos procesos de incidencia, se pretende consolidar políticas públicas que aseguren la gestión sustentable de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos de Bolivia, posicionando su conservación como una prioridad nacional.