Tacanas II denuncia ante la AJAM minería ilegal en su territorio y riesgos del pueblo en aislamiento voluntario, además exige el cumplimiento de la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
La Paz, 30 noviembre (ANA).- La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD), en carta dirigida al director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, denunció minería ilegal en el Río Toromonas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y solicitó inspección conjunta. Teme sobre los riesgos que se ciernen contra un pueblo en aislamiento voluntario.
Mediante una carta del 26 de noviembre, la CITRMD, con el apoyo de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), denuncia hechos ilegales en el río Toromonas.
“Hemos recabado evidencia contundente, incluyendo reportes audiovisuales de conocimiento público y verificaciones propias, sobre la proliferación de actividad minera ilegal en el río Toromonas, afluente del río Madre de Dios en la provincia Abel Iturralde, municipio de Ixiamas”, señala la denuncia.
Las imágenes y reportes confirman, según la nota, la presencia de dragas y maquinaria operando no solo en el cauce, sino también devastando los márgenes del río y lechos antiguos provocando contaminación irreversible y deforestación de la selva.
El presidente de la CITRMD, Roland Mejía en entrevista con ANA afirmó que se debe dejar en claro, que sí hay minería ilegal en la comunidad Las Mercedes, no es porque las organizaciones indígenas dieron su aprobación, sino que fueron algunos indígenas a título personal.
“En el sector Madre de Dios la única cooperativa que opera es Asobal RL, pero hemos solicitado información de las áreas mineras autorizadas pero no les proporcionaron desde la AJAM”, dijo.
Siendo que hay indicios de un pueblo en aislamiento voluntario, probablemente Toromona o Araona, el líder indígena señaló que se debería contar con la participación del Ministerio de Justicia en aplicación a la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
Estatus de doble protección y Derechos Humanos
En su nota dirigida a la AJAM, las organizaciones indígenas recuerdan al Estado que, la TCO Tacanas II goza de un estatus de doble protección pues es Territorio Indígena de Origen titulado y territorio con presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA), específicamente el pueblo Toromona.
“La minería ilegal en el río Toromonas pone en riesgo directo la supervivencia física y cultural de estos hermanos en aislamiento violando la Ley 450 y normativas internacionales de Derechos Humanos”, dice la denuncia.
En ese marco solicitaron inspección in situ inmediata y coordinada, para que la AJAM realice una nueva inspección técnica legal al río Toromonas de manera urgente. “Exigimos que esta inspección sea coordinada y acompañada por las autoridades legítimas de nuestra organización indígena para garantizar la transparencia y que no se pasen por alto los puntos críticos de minería ilegal”, se plantea en la carta.
Información de trámites
La nota dirigida a la AJAM, da cuenta que se solicitó un informe escrito detallado sobre cualquier solicitud de contrato administrativo minero, trámites de consulta previa o autorizaciones temporales que se encuentren en curso o probadas dentro de nuestra jurisdicción territorial en el río Toromonas.
Pidieron acciones de interdicción que se activen los mecanismos legales para la paralización inmediata de estas actividades el desalojo de los operadores, incluyendo súbditos extranjeros reportados, y el respeto irrestricto a las normas medioambientales.
Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de proteger nuestro territorio para desarrollar una vida plena y garantizar la seguridad y el patrimonio natural de las futuras generaciones. No permitiremos la destrucción de nuestra casa grande.
Legitimidad indígena
Ante la circulación de supuestos documentos o votos resolutivos que avalan estas actividades ilícitas firmados por individuos a título personal esta organización matriz aclaró enfáticamente que las autoridades indígenas legítimas de la TCO no son parte de esa ilegalidad.
“Rechazamos categóricamente cualquier intento de usar el nombre de nuestro pueblo para encubrir delitos ambientales; quienes suscriben acuerdos con mineros ilegales lo hacen a título personal y fuera de nuestra estructura orgánica y legal”, afirman varios dirigentes indígenas que firman la misiva.
Omisión en inspecciones previas
En la denuncia, se señala que las organizaciones indígenas tienen conocimiento de que la AJAM realizó inspecciones en la zona, por lo que “causa profunda extrañeza y preocupación que, a pesar de la magnitud del daño visible, sus técnicos hayan pasado por alto esta realidad”.
Ante esa situación, la CITRMD y la CPILAP que se ven obligadas a cuestionar si esta omisión se debió a negligencia o si pesaron otros motivos ajenos al cumplimiento del deber para no sancionar las actividades mineras ilegales en su momento.
Antecedentes vinculados a los hidrocarburos
En el reportaje: “Gritos desde la Amazonía alertan de un posible etnocidio: tras las huellas del pueblo no contactado” de autoría de Jimena Mercado y difundido por la Agencia de Noticias Fides (ANF) en 2017, se develó cómo un campamento petrolero tuvo que ser trasladado de lugar, tras evidenciarse la presencia de un pueblo en aislamiento voluntario, probablemente Toromonas que dio señales claras de su presencia durante el periodo de tareas de exploración hidrocarburíferas en el proyecto “Adquisición Sísmica 2D de la Cuenca Madre de Dios del Área Nueva Esperanza».
Basado en testimonios de monitores ambientales indígenas, informes confidenciales de YPFB que contrató a la china BGP para tareas de exploración, así como de informes técnicos de topógrafos, voces de investigadores y especialistas en Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas, el reportaje narró el caso que fue llevado a foros internacionales.
El gerente del proyecto, Yu Fegbo y el jefe de Brigada de PGB, Alfredo Salvador informaron entonces, al gerente del proyecto Sísmica 2D de YPFB Corporación, Iván Zeballos con la referencia: “contacto con miembros de pueblos indígenas originarios en la línea 11031”. Describieron que el grupo de trabajo identificado como Topografía 10 reportó la presencia de posibles miembros de pueblos indígenas originarios que se manifestaron con gritos y voces.
“El hecho ocurrió el 17 de septiembre a las 8.14 horas, reporte recibido en sala de radio X0 del campamento base El Chivé, notificándose haber escuchado gritos y voces de terceras personas a aproximadamente 100 metros del lugar de los trabajadores situados en la línea 11031; estaca 1993”, se precisa el sitio.
En su momento, la investigadora del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Georgina Jiménez dejó constancia que “La declaración de la Reserva Toroma fue después de las expediciones Madidi, que sin encontrar al pueblo (no contactado) había los suficientes indicios y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) declaró una zona intangible”.
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