Profesionales, indígenas y ambientalistas exigen anulación del documento suscrito por el ejecutivo con quienes realizan extracción aurífera en parques nacionales.
Foto principal:Pulso empresarial (pulso empresarial.com.bo)
La Paz, noviembre de 2022 (ANA).- Organizaciones de profesionales, pueblos originarios y colectivos ambientales de todo el país expresaron durante los últimos días y horas su rechazo al acta firmada entre el gobierno y los mineros auríferos que compromete áreas protegidas (APs) y exigen su anulación inmediata.
El jueves 27 de octubre, luego de que los mineros de las cooperativas auríferas que explotan en áreas protegidas y otras del norte del departamento de La Paz bloquearan la sede de gobierno, se reunieron con autoridades del Ejecutivo en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MAyA) con quienes firmaron un acta que les reconoce derechos de explotación en las APs y viabiliza la legalización de sus actividades.
Reversión y plan sustentable
La Asamblea por los Bosques de Bolivia respaldada por varias organizaciones ambientales, entre ellas la Coordinadora por la Defensa de la Madre Tierra y el Medio Ambiente (Codma), emitió una carta respaldada por miles de firmas y dirigida al presidente Luis Arce en la cual hace conocer su rechazo enfático a las políticas que incentivan al sector de la minería aurífera y tiene como referencia la solicitud de anulación inmediata del acuerdo que compromete a las áreas protegidas como Madidi, Cotapata y Apolobamba.
La referida nota denuncia que las cooperativas mineras están vulnerando los derechos de los bolivianos y pueblos de la amazonía al agua; a vivir en un medio ambiente sano, al agua; a la consulta previa, libre e informada así como al territorio y a la libre determinación.
De igual modo la carta hace conocer su rechazo a que el gobierno permita a los mineros auríferos tributar un 4.8% del valor bruto y denuncia que el negocio del comercio de mercurio, minería legal, ilegal y artesanal va adquiriendo características propias del crimen organizado, con la complicidad de autoridades que no hacen nada por regularlo.
En tal sentido se exige la reversión de las concesiones mineras en APs y la creación de un plan sustentable que proteja a la región amazónica y la remediación de zonas afectadas por la actividad minera, conjuntamente al desarrollo de políticas que conduzcan al “vivir bien” de los pueblos que las habitan.
Anulación inmediata
En esa dirección el Colegio de Ingenieros Ambientales de Bolivia que se declara en estado de alerta, advierte a autoridades, instituciones y población en general que el acuerdo Gobierno – mineros auríferos vulneran las normativas vigentes y las responsabilidades de instituciones como el MMAyA, Sernap y otras llamadas a defender a las áreas protegidas.
Por tal motivo los ingenieros ambientales colegiados de todo el país manifiestan su más profunda preocupación por la suscripción de dicha acta de acuerdo realizada el 27 de octubre basados en el texto de ese documento, solicitan a la autoridad ambiental competente a nivel nacional que se reconsidere dicha acta y sea anulada de inmediato.
“En ese sentido comunicamos que como entes colegiados nos encontramos en estado de alerta y solicitamos a la autoridad ambiental competente a nivel nacional reconsideren la situación y anulen de manera inmediata el acta de acuerdo…”
No a la criminalización de pueblos originarios
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) en su pronunciamiento destaca su rechazo al acta referida y exige se declare la nulidad de la entrega del patrimonio natural así como todo convenio firmado entre el gobierno y los mineros.
Asimismo Contiocap exige que se deje de criminalizar a las comunidades originarias calificándolas de avasalladoras contra los mineros, “siendo ilógico ser avasallador en nuestro propio territorio solo por el ejercicio del derecho a la territorialidad, ante la devastación de la minería del oro que está saqueando el futuro del país”. Denuncian que por esas características los pueblos indígenas que ejerzan sus derechos colectivos serán criminalizados y encarcelados al ser considerados avasalladores.
Entre otras consideraciones, el documento termina advirtiendo a los organismos internacionales regionales, nacionales y universales de protección de los derechos humanos se adopten acciones preventivas sobre los riesgos de violencia contra las comunidades indígena originario campesinas.
Colegios de Biólogos en emergencia
Por su parte los colegios de biólogos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Profesionales Forestales de la capital valluna, también exigen la inmediata anulación del convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT La Paz) con la Federación de Cooperativas Auríferas de La Paz (Fecoman LP RL).
A tiempo de declarase en emergencia, el manifiesto de los colegiados también exige la anulación del convenio existente entre la AJAM y el Sernap para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas (APs) al margen de las normas ambientales vigentes, enfatizando en que se respeten la zonificación de dichas áreas legalmente aprobadas evitando cualquier reforma que no se sustente en análisis técnicos, jurídicos y participativos.
Paralelamente a demandar respeto a la salud de los pueblos indígenas que son afectados por la actividad minera, se pide observar los planes de manejo vigentes de las APs y sus herramientas de planificación al ser resultado de procesos participativos y técnicos, al respecto agrega que cualquier actualización debe ser efectuada por personal multidisciplinario técnico capacitado.
Atentado etnocida
La senadora Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC) y presidenta de comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del senado nacional, se suma al pedido de anulación del polémico acuerdo entre cooperativistas y gobierno. Pide además la destitución de Teodoro Mamani, director del Sernap así como de todas las instancias involucradas en ese acuerdo.
El pronunciamiento califica a ese acuerdo como un atentado criminal, ecocida y etnocida, que afecta directamente los derechos al agua, a la salud, al de vivir en un medio ambiente sano y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Recuerda al órgano ejecutivo que se encuentra pendiente una acción de inconstitucionalidad presentada por esa organización política en contra de disposiciones que permiten la actividad minera en áreas protegidas, calificando como carentes de constitucionalidad, irresponsables y firmados bajo presión a ese tipo de acuerdos celebrados por el Sernap y otros sectores. (VLM)
