Comunarios denunciaron que fueron sometidos a torturas, tras su arresto, mientras que los cooperativistas avasalladores quedaron libres.
La Paz, 1 de octubre 2023 (ANA).- Luego del enfrentamiento suscitado el jueves en la comunidad de Cahua Chico de Zongo, en la que mineros cooperativistas atacaron a comunarios que hacían la limpieza y recuperación de sus tierras avasalladas por la minería, la Policía procedió a detener a nueve comunarios, que fueron imputados y enviados a la cárcel de San Pedro con detención preventiva este sábado. Ningún minero cooperativista fue detenido, pese a que, según denuncian los comunarios, fueron ellos quienes los atacaron con explosivos.
Edgar Pérez, autoridad de la comunidad de Cahua Chico, informó al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red Unitas, que el jueves varios comunarios se aprestaron a limpiar los accesos a su comunidad y en ese afán, mineros de la cooperativa 28 de Octubre, que explota mineral en el sector y con el que tienen un conflicto legal desde el año 2000 por avasallar y contaminar sus tierras, comenzaron a hostigarlos con dinamita y armas de fuego, a lo que ellos respondieron con piedras.
“Hemos hecho la limpieza allá y hemos empezamos a sufrir un hostigamiento de la cooperativa 28 de Octubre. Empiezan a hostigar a mi gente con dinamitas y disparos de armas de fuego y en todo eso, los comunarios se defendieron y se retiraron al monte”, relató Pérez a Sumando Voces.
El viernes, día después del enfrentamiento, la Policía ingresó a la comunidad junto con los mineros cooperativistas y procedieron a arrestar a los comunarios. “La Policía vino de civil con armas de fuego, nos rodearon y usaron gases lacrimógenos. Muchos comunarios escaparon al monte y han sido agarrados por los mineros. No es posible que la Policía ingrese a nuestro territorio y nos saque como delincuentes, cuando es la cooperativa la que ha avasallado a nuestra comunidad”, relató.
Luego de su captura, los comunarios defensores de su territorio fueron traídos a la ciudad de La Paz para ser puestos a disposición de la Fiscalía, bajo el argumento de cometer avasallamiento y portación de sustancias explosivas.
Este sábado en horas de la noche, en la audiencia de medidas cautelares de los nueve detenidos, se dispuso la detención preventiva de los comunarios por cuatro meses, a cumplir en la cárcel de San Pedro. El abogado de las nueve personas, Richard Encinas, dio a conocer que en la audiencia no se ha podido determinar a quién pertenecen los explosivos exhibidos como prueba, dado que éstos no estaban en posesión de los comunarios.
“Los explosivos no se sabe de dónde han aparecido. Es una caja. En la requisa personal en ningún momento figura que se han encontrado en su poder o dentro de su cuerpo (de los comunarios) estos explosivos o algún artefacto, no se refiere nada”, explicó el jurista.
Los comunarios de Cahua Chico denunciaron que, en este y otros episodios similares, la Policía actúa en favor de los mineros cooperativistas por la influencia económica que éstos tienen.
Tortura policial
Encinas dio a conocer que los nueve detenidos, además de ser reducidos con armas de fuego en su captura, fueron sometidos a tortura por efectivos de la Policía, hecho que se puso en evidencia en la audiencia de medidas cautelares, no obstante, no se consideró relevante por parte del juez.
“Han sido torturados, tienen laceraciones, les han dado con palos, sin embargo, la autoridad jurisdiccional piensa que eso no es relevante. Se les ha hecho una valoración somera por los bomberos, los efectivos policiales de Bomberos han confirmado las laceraciones, pero el fiscal no ha dispuesto ninguna medida para que sean valorados”, mencionó.
El conflicto entre los comunarios del valle de Zongo y el empresario minero Oscar Bellota, propietario de la cooperativa 28 de Octubre que opera en la mina Alexander, se remonta al 2000, año en que los indígenas denunciaron al empresario por tráfico y despojo de tierras, contaminación y división de las organizaciones del lugar.
En 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la declaración constitucional 006/2013 que reconoce la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de Zongo y determinó que la resolución de expulsión del empresario, emitida por esta jurisdicción, es de “estricto cumplimiento”.
Pese a lo dispuesto por el TCP y las resoluciones del Consejo de Justicia de Zongo, hasta la fecha el empresario continúa con su actividad minera en el lugar y persiste en amedrentar a los indígenas, muchos de ellos tuvieron que irse de su comunidad debido a diferentes episodios de violencia que atraviesan con los trabajadores de la mina y el propio empresario.
ANA
