Amenazan que marcharán por que el gobierno haga cumplir sus derechos, pero evitaron referirse a los daños que la actividad provoca en áreas protegidas, pueblos indígenas y naturaleza en general, así como a los derechos mineros que la Ajam les habría concedido en sectores amazónicos.
La Paz, octubre de 2023 (ANA).- Los mineros cooperativistas que realizan extracción aurífera, la mañana de este martes 3 anunciaron en conferencia de prensa realizada en Plaza Murillo, que en asamblea de las federaciones del gremio determinaron realizar este lunes 23 de octubre una denominada “Marcha por la Soberanía y la Reivindicación Histórica de las Cooperativas Mineras y del Sector Minero Aurífero”, exigiendo atención de las autoridades gubernamentales a las demandas del sector.
En la oportunidad participaron representantes de Fecoman (Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz), Ferreco (Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas) y Ferecomin Potosí a la cabeza de Fecmabol (Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia), quienes anunciaron que el plazo concedido al gobierno para atender sus requerimientos ya habría concluido.
Entre sus peticiones destacaron la solicitud de personería jurídica para la federación de Cooperativas Mineras Auríferas (Fecmabol), así como de sus federaciones regionales, en esa línea emplazan y exigen al TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) celeridad en sus procesos, en referencia al proceso de inconstitucionalidad abstracta que los mineros presentaron ante el susodicho tribunal, mismo que consiste en un mecanismo legal para reclamar normas inconstitucionales, en este caso aquellas que limitarían la actividad minera.
“Bueno, nosotros vamos a informarles cuáles van a ser el tipo de movilización, cuales van a ser las estrategias, por tal motivo vamos a anunciar en su oportunidad”, sostuvo uno de los dirigentes que participaron en la conferencia, a tiempo de disculparse ante la sociedad y a los transportistas por lo que dichas movilizaciones podrían implicar.
Explotación minera en áreas protegidas
Asimismo, exigen que las instancias legislativas no deben influenciar en el órgano judicial, pero los declarantes evitaron, en primera instancia, responder a los requerimientos de la prensa respecto a que si sus reclamos incluyen el seguir conservando derechos de explotación en áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi y otros que están situados en el norte paceño.
“Estamos muy preocupados al respecto, entiendo que en las áreas protegidas hay zonas totalmente restringidas para no hacer la minería, en este caso de las cooperativas, pero también entiendo que hay otras zonas donde sí se puede hacer el aprovechamiento bajo un plan de manejo, bajo ciertas normativas, por lo tanto, esa es nuestra preocupación”, se refirió Ramiro Balmaceda, representante de FECOMIN.
“Porque también, últimamente, hay que ser claros, muchos de nuestros compañeros cooperativistas son de los mismos sectores, son de los mismos comunarios, también a falta de oportunidades de trabajo también están haciendo esta actividad o quieren hacer esta actividad de la minería”, concluyó.
Informaciones periodísticas difundidas por esta agencia hicieron conocer que al menos 63 actores mineros cuentan con 43 mil hectáreas en la Amazonía para la explotación aurífera, asimismo se conocen versiones de que las empresas auríferas estarían procediendo a chantajear a los pueblos indígenas para que acepten trabajos mineros en su territorio a cambio de algunas prebendas.
De la misma manera el daño ambiental, la deforestación, el tráfico de animales silvestres, de armas e inclusive la trata de menores con fines de explotación sexual estrechamente relacionados a los trabajos mineros, la contaminación y los daños a la salud de los pueblos indígenas con las aguas de los ríos polucionadas y llenas de sustancias tóxicas como el mercurio, fueron ampliamente demostradas por estudios llevados adelante por organizaciones internacionales.
También cabe tomar en cuenta que en los últimos meses fueron emitidas resoluciones que revocan las concesiones mineras -la Ajam (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) los llama títulos mineros-, en áreas protegidas y en cercanías de acuíferos como los que abastecen del líquido elemento a las ciudades de La Paz y El Alto.