La justicia ordenó remover en 10 días las obras que desviaron el río durante más de una década y dejaron sin agua a cinco comunidades indígenas de Roboré. La sentencia también reconoce a los habitantes de la TCO Turubó Este como Defensores de los DDHH en Asuntos Ambientales.
LaRegión
La Paz, 28 noviembre (ANA).- Juzgado Agroambiental de Roboré dictó este jueves una sentencia considerada histórica para la Bolivia: ordenó destruir todas las infraestructuras que alteran el cauce del río San Lorenzo y dispuso medidas de reparación e indemnización a favor de las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este, de la Cafectadas durante más de diez años por desvíos y represamientos dentro de propiedades ganaderas privadas.
La decisión llega tras un largo conflicto que se remonta a 2020, cuando el afluente —que abastecía tradicionalmente a las comunidades Ipias, Buena Vista, La Ramada, San Juan y Entre Ríos— llegó a secarse por completo. La disminución del caudal obligó a más de 240 familias a comprar agua para consumo y producción, en una región ya golpeada por sequías recurrentes y deforestación.
La crisis del San Lorenzo se hizo visible el 3 de noviembre de 2020, cuando un grupo de casi 100 indígenas de la TCO Turubó Este ingresó a la hacienda San Lorenzo para verificar por qué el río había desaparecido. Allí encontraron una represa y un sistema de captación que acumulaba agua para uso ganadero, así como terraplenes que impedían el paso del flujo natural.
Meses después, una inspección de la autoridad ambiental departamental confirmó la existencia de obras civiles sin autorización, entre ellas un terraplén transversal que actuaba como camino interno y contribuía a formar un embalse privado. Aunque se recomendaron medidas correctivas, no se inició un proceso sancionatorio, y las estructuras permanecieron en el lugar.
Los líderes indígenas denunciaron que el represamiento afectó no solo su acceso al agua, sino también a los ecosistemas de las nacientes que alimentan al río Tucabaca, uno de los principales tributarios del Pantanal.
De la denuncia comunitaria al proceso judicial
El conflicto derivó en una demanda ambiental presentada en 2021 por Wilson Perrogón, cacique de la comunidad Buena Vista. El proceso avanzó durante los años siguientes con peritajes, inspecciones judiciales y audiencias en Roboré. En octubre de este año, durante la evaluación de peritaje, el juez Agroambiental Álvaro Flores anunció que emitiría sentencia.
Este jueves, Flores leyó el fallo que establece tres medidas centrales:
- Destrucción inmediata de obras ilegales. El juzgado ordena remover muros, represas, terraplenes y cualquier infraestructura que desvíe o encapsule el río San Lorenzo, en un plazo máximo de 10 días.
- Indemnización a comunidades indígenas. Se instruye elaborar un informe pericial para determinar el monto de los daños causados por más de una década de afectación y vulneración del derecho al agua.
- Reconocimiento como defensores ambientales. Los miembros de las comunidades de la TCO Turubó Este fueron declarados Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, otorgándoles protección legal frente a posibles represalias derivadas de su labor.
Mientras se espera el cumplimiento de la sentencia, en las comunidades predomina un sentimiento de alivio y esperanza. Para ellas, permitir que el San Lorenzo vuelva a fluir es mucho más que una medida judicial: es recuperar una fuente de vida que sostiene su cultura, su territorio y su futuro.
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