Estarían muy cerca de las fuentes de agua de Ixiamas y no debería haber vibraciones, deforestación ni otras afectaciones, por eso piden revisión de inconstitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia que contra la CPE concede “derechos preconstituidos” a los cooperativistas
La Paz, marzo de 2024 (ANA).- A 800 metros del Parque Nacional Madidi se encontraría un asentamiento minero sobre el río Tequeje, según denuncian en un pronunciamiento conjunto dado a conocer en las últimas horas la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) y la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas (AP) de la Provincia Abel Iturralde.
El hallazgo del asentamiento minero se produjo durante un monitoreo realizado por la Plataforma de Defensa de las AP, hallando evidencia de actividad minera en dicho río, pues si en ese momento no había personas, sí se encontraron en ese lugar, un campamento minero con mangueras, alfombras y motobomba, siendo que esos equipos estarían en operación.
De acuerdo al manifiesto, lo más sensible sería que todo ello estaría muy cerca de la toma de agua del área Protegida Municipal de Tudaray, la cual fue creada para proteger las fuentes de agua de Ixiamas por lo que no debería haber vibraciones, deforestación ni otras afectaciones.
Apuntan a una minería en gran escala como en Apolo
NIRU sería el nombre de la cooperativa minera que, de acuerdo a la denuncia, ostentaría la responsabilidad del asentamiento, misma que contaría con doce asociados. Esa cooperativa formaría parte de la Central de Cooperativas Mineras Auríferas Ixiamas de Abel Iturralde R.L., la cual comprendería además a otras cinco cooperativas asociadas.
Siempre siguiendo al documento, las actividades de esas cooperativas mineras se hallarían amparadas por la Ley Minera 535, pese a que el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su artículo 48 (Requisitos de Licencia para la Operación), inciso f, dispone como requisito la presentación de licencia ambiental y la misma Constitución Política que determina que todos tienen derecho a un medio ambiente sano, protegido y equilibrado (CPE, Art. 33).
Paralelamente, el pronunciamiento denuncia que en el sector existirían campamentos mineros asentados a solamente cinco kilómetros de la carretera de Ixiamas subiendo por el Río Tequeje, muy cerca a la zona núcleo del Parque Nacional Madidi y la zona de máxima protección de la TCO Uchupiamona (Territorio Comunitario de Origen), que, con deforestación y derrumbes junto al río, vendría a ser una especie de minería en gran escala, semejante a lo ocurrido en Apolo.
Alerta con asentamientos mineros en zona núcleo del Parque Madidi
Reiterando que se hallaron asentamientos mineros en la zona núcleo del Parque Madidi donde no debería realizarse dicha actividad, ya en noviembre de 2023, las mismas instancias que hoy efectúan el pronunciamiento, denunciaron la invasión de mineros al municipio de Ixiamas (“Plataformas de defensa de áreas protegidas denuncian invasión de mineros en Ixiamas”, El Deber, 22/10/23).
En ese sentido, reproducimos el siguiente cuadro contenido en el documento público, donde se detalla la presencia minera en el lugar, indicando que ello es para apoyar a las autoridades a que actúen en esos sitios:
| Vía de acceso | Lugar de presencia minera | Coordenadas UTM WGS 84 |
| Ixiamas-Río Tequeje-Mediparaca | Arroyo Colorado, Mediparaca | X583709 Y846730 |
| Ixiamas-Río Tequeje- Yuama- San Luis | Arroyo San Luis | X584994 Y8456523 |
| Ixiamas-Yuama-Jordán Ixiamas-Yuama-Cabeceras Alto Madidi Ixiamas-El Tigre-Puerto Bruno-Racua y Coipisa | Arroyo Jordán Río Madidi Sector Coipisa Isla Grande (iniciaron el 2023) | X582334-Y8449322 X574209-Y8452357 X525551 Y8503223 |
| Ixiamas-Río Tequeje | A 800 m del Parque Madidi (verificado el 14 de marzo de 2024) | X587379-Y8464041 |
Urgente revisión de la Ley Minera 535
Consecuentemente, entre las exigencias que plantean ante autoridades competentes y organismos internacionales, Contiocap y la Plataforma en defensa de las AP Abel Iturralde, demandan la revisión de inconstitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia pues la misma estaría provocando invasiones a áreas protegidas como el Parque Madidi y a territorios indígenas en nombre de los “derechos preconstituidos” a los que apelan los cooperativistas mineros, así como a su liberación de consulta previa.
Dicha exigencia también contempla revisión de la Ley del Oro de 2023, al considerar que incentiva la expansión de la minería aluvial y a cielo abierto en los ríos de la Amazonía, provocando deforestación, derribo de montañas, destrucción de las riberas de los ríos y paisajes.
Otra de las exigencias demanda a dichas autoridades a tomar acciones urgentes de investigación, prevención y aplicar regulación sobre todos esos puntos donde se ha identificado actividad minera.
Al respecto, vale recordar que el nuevo ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, descartó otorgar autorizaciones a cooperativas mineras para que operen en áreas protegidas porque se atentaría contra el territorio nacional (“Ministro Santos descarta autorizaciones mineras en áreas protegidas”, La Razón, 19/03/24).
De la misma manera, el presidente Luis Arce, en su más reciente intervención ante la prensa en la Casa del Pueblo (19/03/24), hizo énfasis en la necesidad de prevención en los ríos para evitar desastres, lo que comprendería a la actividad minera que provoca derrumbes, deforestación y envenenamiento con mercurio de los ríos, precipitando riadas e inundaciones.
