Otra comunidad denuncia al extractivismo aurífero en un área protegida y la denuncia se extiende a la AJAM por hacer caso omiso a los reclamos de los comunarios, institución que afirma que no hay derechos mineros en el lugar.
La Paz, septiembre de 2023 (ANA).- Esta vez se trata de la comunidad originaria Laji Lurizani situada en el Parque Madidi que presentó una carta fechada el 18 de septiembre dirigida a Rubén Méndez, titular del ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) en la que denuncia la existencia de minería ilegal en el río Laji y solicita protección a esa cartera frente al avasallamiento.
De igual manera el documento que pone en conocimiento del MAyA el voto resolutivo de esa comunidad amazónica respecto a la cuestión de la minería ilegal, amplía su denuncia a las autoridades de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) “por caso omiso a denuncias de minería ilegal en el Río Laji”.
La AJAM asegura que no hay derechos mineros en el sector
Si bien ANA intentó comunicarse sin éxito con la AJAM sobre este asunto particular, dicha institución descartó la existencia de derechos mineros en el sector de la comunidad Laji Lurizani, situada en el área de los ríos Tuichi y Quiquibey (AEP-Digital 14/09/23), en comunicación vertida en conferencia de prensa por Gabriela Pantoja, directora de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional de la AJAM.
Investigaciones realizadas en el lugar de los hechos por esta agencia noticiosa descubrieron una gran cantidad de cooperativas mineras que con dragas y equipamiento operan en el área y cuyos detalles junto a otras informaciones respectivas serán expuestos en un reportaje sobre los ilícitos de la minería ilegal que explota oro en las márgenes de los ríos de ese lugar amazónico comprendido al interior del PN ANMI Madidi, pese existir prohibición de ese tipo de trabajos al interior de áreas protegidas.
El referido documento que firma Corina Miranda, secretaria general de la comunidad Laji Lurizani conjuntamente a toda la directiva de esa población indígena, debe ser tomado en cuenta por las autoridades ante un hecho que provoca devastación a los ecosistemas, biodiversidad y pueblos del área, pues numerosos estudios e investigaciones demostraron fehacientemente los daños que esa actividad provoca con el empleo de mercurio, la remoción de tierras y la deforestación que ello implica.