“Los mensajes amenazantes, cargados de adjetivos que señalan sin pruebas de graves cargos contra el hermano Hernán Roque, y hermanas Bertha Ayala y Beatriz Bautista, expresan un alto grado de violencia e intolerancia”, señala el pronunciamiento.
La Paz, 29 de julio (ANA).- Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) advirtió este sábado, que defensores ambientales del Ayllu Acre Antequera de la provincia Poopó del departamento de Oruro, que han luchado por la defensa de su territorio y denunciado a la minería por contaminar su suelo y agua, sufren amenazas.
“La preocupante información que da cuenta de mensajes amenazantes y difamatorios, estigmatización y señalamientos dirigidos contra nuestro hermano Hernán Roque Flores y nuestras hermanas Bertha Ayala y Beatriz Bautista, defensores ambientales de Acre Antequera y abogada defensora de derechos de los pueblos indígenas, perteneciente a la Asociación Qhana Pukara Kurmi, respectivamente. Todo ello en el contexto de un largo conflicto por contaminación por actividades mineras en la región del Ayllu Acre Antequera”, señala parte del pronunciamiento.
En esa línea, la denuncia señala que en ocasión de la realización de un festival de música y danza autóctona denominado «Por la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural», organizado para el día 29 de julio, las y los defensores ambientales han sido nuevamente centro de ataques.
“Los mensajes amenazantes, cargados de adjetivos que señalan sin pruebas de graves cargos contra el hermano Hernán Roque, y hermanas Bertha Ayala y Beatriz Bautista, expresan un alto grado de violencia e intolerancia, mismas que no manifiestan una disposición a escenarios de diálogo, necesarios para construir soluciones”, afirma el documento.
Las amenazas tienen el nefasto antecedente de violentos ataques que fueron organizados y protagonizados por los mismos presuntos autores de las actuales amenazas, según la Contiocap.

“El mes de junio del pasado año, estos mismos dirigentes intervinieron con violencia una vigilia pacífica de comunarios que reclamaban contra la desertificación y la contaminación por actividades mineras. La impunidad de estos hechos hace prever una nueva edición de estos hechos violentos con peores consecuencias”, advierte la organización.
Ante ello la Contiocap junto con otras organizaciones, comprometidas con la defensa de los derechos humanos y los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, hacen un urgente llamado:
- Exigimos a las autoridades locales competentes, principalmente de la Gobernación de Oruro y autoridades municipales de Poopó y la Defensoría del Pueblo de Oruro, asumir acciones oportunas que prevean nuevos hechos de violencia, y otorguen efectivas garantías y protección de derechos a las personas amenazadas.
- Las demandas de comunarios del Ayllu Acre Antequera, representados por sus líderes del Consejo de Justicia Indígena, son de conocimiento de autoridades nacionales e internacionales con competencia en la protección de derechos humanos. Concretamente, el caso Acre Antequera ha sido presentado en informes ante espacios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, el año pasado, un equipo técnico de la Misión en Bolivia del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha tenido conocimiento del caso, ha documentado las graves violaciones a DDHH, violaciones en las que se reconoce como víctimas a los señores Hernán Roque y Bertha Ayala, entre otros y como perpetradores de esos reiterados hechos de hostigamiento y violencia a líderes de sindicatos mineros de empresas privadas y cooperativas mineras.
- El conflicto en Acre Antequera tiene largos y complejos antecedentes, en los que aparece la responsabilidad de empresas mineras transnacionales, cooperativas mineras bolivianas y entidades del mismo Estado boliviano, que no han actuado convenientemente para dar solución a los conflictos, en el marco del respeto a los derechos fundamentales. Peor aún, las empresas mineras extranjeras comprometidas en este conflicto han iniciado procesos penales contra Hernán Roque y Bertha Ayala. Todo ello señala graves abusos a los derechos de estas víctimas, abusos en los que aparecen comprometidos, como cómplices de la violencia y abusos, otros líderes locales de organizaciones sindicales mineras y campesinas.
- Alertamos a la sociedad boliviana y a las autoridades nacionales sobre estos hechos, que son una muestra más del debilitamiento del Estado de Derecho, y la falta de justicia para comunidades y personas en contextos de intensas actividades extractivas. Es responsabilidad de todos no permitir que crezcan en impunidad las amenazas y violencia que se ensaña contra personas que defienden su derecho al agua y al medioambiente.
- Llamamos a la comunidad internacional y organismos internacionales de Derechos Humanos, instar al gobierno boliviano y autoridades locales, asumir con responsabilidad su rol de garantizar derechos a los defensores ambientales, en el marco de los derechos garantizados por la Constitución y los convenios internacionales, particularmente el Acuerdo de Escazú.
/ANA/