Trabas burocráticas desconocen el acceso a la información ambiental mientras que se internan a Bolivia toneladas de mercurio que además de provocar enormes daños ambientales, luego son contrabandeadas a los vecinos países.
La Paz, agosto de 2023 (ANA).- A más de diez días de conocerse desde Perú, que importadores de mercurio que operan en Bolivia tienen antecedentes con la minería ilegal en el vecino país y de haberse destapado los nexos con el denominado “chapo del mercurio”, Antenor Alexis Luque Chuquija, de nacionalidad peruana, la Aduana Nacional no se pronunció sobre el tráfico de la sustancia tóxica a países de la región, ni las acciones que realiza para evitar los delitos trasnacionales.
La historia de siempre: «tengo que consultar a mi jefe», «tiene que enviar una carta solicitando entrevista», «ahí tiene que insertar las preguntas», «no tenemos autorización para dar entrevistas», «le enviaremos las respuestas a su whatsapp”» …sin embargo, después no hay nada…y otros peros por el estilo.
Entre 2013 y 2014, luego de que sus actividades empresariales se vincularon a la minería ilegal de Madre de Dios y Puno, Antenor Alexis Luque Chuquija, Luis Felipe De la Fuente Rodríguez y Álvaro Javier Carrillo Álvarez Calderón constituyeron las compañías Paloan SRL y A & F Futuro SRL, en Bolivia, según Ojo Público, informe corroborado en Bolivia desde la Agencia de Noticias Ambientales.
De los registros aduaneros de Bolivia y México, se puede ver que las compañías importaron mercurio desde México, España y Japón, por lo menos, hasta 2021. Dicha información se comprobó en los registros de la aduana mexicana, que cuenta con información más actualizada que la de su par boliviano. Además, a medida que crecieron sus inversiones en Bolivia, se detuvieron las compras de azogue que llegaban a Perú.
Bolivia pasó en los últimos años a convertirse en el principal importador de mercurio a nivel mundial, después de la India, advirtió el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). El Relator Especial para Sustancias Tóxicas de Naciones Unidas, Marcos Orellana advirtió que Bolivia se convirtió en el centro del tráfico del mercurio de la región, con lo cual no solo estaría incumpliendo el Convenio de Minamata, sino también que estaría frustrando los esfuerzos internacionales por reducir hasta eliminar el uso del mercurio.
De acuerdo con los datos de importación irrestricta de mercurio de la Aduana Nacional, a los que accedió ANA en el periodo 2018 – 2022, la empresa A&F Futuro SRL importó un total de 41,7 toneladas de mercurio, de un total de 233.261. A la cabeza de la lista se encuentran Paloan SRL con un total acumulado entre 2018 y 2022 de 199.9 Tn, seguido de Juan Orihuela Mamani (suspendido) con un total acumulado en el mismo periodo de 71,2 Tn.
¿Y las autoridades?
ANA solicitó la posición de la Aduana a través de su oficina de comunicación, respecto a las autorizaciones irrestrictas que otorga a importadoras del mercurio, cuyos representantes cuentan con antecedentes en la justicia peruana por estar implicados en la minería ilegal, sin lograr respuesta.
Situación similar sucedió en el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando donde se quiso conseguir información sobre el contrabando del mercurio a otros países, luego que cantidades que superan las 200 toneladas al año ingresan de manera “legal” y con autorización a territorio boliviano.
Se trata de saber cuáles son los niveles de coordinación entre la Aduana boliviana y su par de Perú respecto al oscuro negocio del mercurio –usado en la minería aurífera- y sus irreversibles daños en la naturaleza, la biodiversidad, la salud y la vida de las personas, tanto de pueblos indígenas, como de la población en general, incluidos los cooperativistas mineros.
De la misma manera se quiso averiguar sobre cuáles son los pasos fronterizos por donde se trafica el mercurio a países vecinos para alentar la minería ilegal y con ello frustrar esfuerzos internacionales en el cumplimiento del Convenio de Minamata.
ANA insistirá en conseguir información para que las autoridades que son funcionarios públicos cumplan convenios vigentes para facilitar información referida al medioambiente y derechos, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú firmado en 2018 y ratificado por Bolivia.
¿Estado cómplice?
El abogado peruano Manuel Zapata, especialista en delitos ambientales, identificó el 2022 “una presunta complicidad de parte del Estado boliviano en el tráfico del mercurio hacia su país”. Observó entonces que Bolivia no corrige las debilidades institucionales de las entidades públicas encargadas de evitar el tráfico de sustancias controladas en las fronteras, en el marco de la ejecución del Convenio de Minamata.
Jaime Cuéllar, otro especialista en la lucha contra la minería ilegal, estimó que la minería ilegal en Bolivia logró desde años recientes, generar circuitos económicos ilegales y de nivel transnacional que influyen en toda Sudamérica, repercutiendo en la economía, en la sociedad y por supuesto, en el medio ambiente, generando tráfico de armas, contrabando, prostitución, explotación infantil y trata de personas, especialmente en los municipios paceños de Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte y Mapiri, según una investigación de la Unicef publicada en 2018, pero que se sabe que todas esas actividades ilegales prosiguen en la actualidad.
De acuerdo a datos publicados por el Centro de Documentación e Información de Bolivia en el país se registran al menos 1.816 cooperativas mineras de las cuales el 85 por ciento actúa sin ningún control ambiental de las autoridades públicas.
l investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, autor del libro “El Negocio del mercurio en Bolivia” advierte que el decreto supremo 4959 que plantea medidas para el seguimiento de la importación o exportación de mercurio en Bolivia, no fija restricciones ni condiciones específicas para el ingreso de este metal tóxico al país, menos aún aborda su problemática y principal importador ilegal de mercurio en todo el mundo y en el mayor proveedor ilegal de esta sustancia tóxica a los países vecinos.
Considerando que esta propuesta de norma elaborada por el propio Órgano Ejecutivo concertando entre sus ministerios de Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia y Economía fue rechazada, no en una, sino en tres ocasiones: el 31 de octubre de 2019 (gestión de Evo Morales), 30 de abril de 2020 (Gestión de Jeanine Áñez) y junio de 2021 (Gestión de Luis Arce), siendo el principal argumento de dicho rechazo el desacuerdo del sector minero.
En este sentido, considera necesario analizar con mayor profundidad la situación actual del mercurio en Bolivia y si con esta norma alcanza esta problemática o no, siendo además el país el mayor importador del mercurio a nivel mundial, con más de 200 toneladas al año.
Con la aplicación del DS 4959, según Campanini, ya no tendría que existir argumento burocrático para justificar la falta de control por parte del Estado a las importaciones de mercurio.
Sin embargo, observa que al momento, la Ley General de Aduanas restringe la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medioambiente, la salud y vida humana, animal o contra la preservación vegetal, la Ley 759 ratifica el Convenio de Minamata, mientras que el DS 24176 reglamenta actividades con sustancias peligrosas.
ANA
